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Hoyo negro en contratos para el inventario de bienes en Medellín

l cerro El Volador figura con dos matrículas inmobiliarias en el inventario de bienes. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

En el tema de tierras en el Municipio de Medellín están prendidas las alarmas.

TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/

El Colombiano

EL COLOMBIANO presenta hoy un nuevo informe —el tercero de la serie— y muestra cómo han pagado cerca de $39.000 millones para un trabajo que no se ha hecho a cabalidad. Hay más de 400 bienes extraviados en la manigua de los papeles.
El cerro El Volador aparece dos veces en el inventario de bienes del Municipio de Medellín, con matrículas diferentes. Y no es un caso único. Existen otras inconsistencias como múltiples terrenos y construcciones oficiales que no figuran en las bases de datos de Catastro.

Además de síntoma de un mal manejo de la información de tierras, el desorden se presta para posibles actos de corrupción, pues permitiría por ejemplo que bienes públicos desaparezcan sin dejar huella.

Lo paradójico es que en los últimos cuatro años, la Alcaldía de Medellín ha pagado alrededor de $39.000 millones para, supuestamente, poner “la casa en orden” con relación a los bienes inmuebles que le pertenecen. Pero el remedio parece haber sido peor que la enfermedad, no solo no ha logrado el orden esperado sino que esa platica parece que se ha perdido.

Hacia abril de este año, Nancy María Maya, que llegó en enero a la Unidad de Bienes Inmuebles como líder (e) del equipo de Identificación y Actualización de Inventario, puso el dedo en la llaga.

“¿Por qué por lo menos desde 2017 se han realizado contratos por más de 37 mil millones de pesos con el fin de levantar, actualizar y mantener una información que a la fecha, no se encuentra al día ni es confiable?”, preguntó Maya, según se puede leer en correos que recibieron otros líderes de la subsecretaría de Gestión de Bienes Inmuebles. Y explicaba Maya que incluso la información que manejan estos contratistas difiere de la información que sobre los bienes de propiedad del Municipio tienen otras dependencias como Catastro, Planeación, Infraestructura e incluso la Secretaría de Hacienda.

Estas preguntas las formulaba Maya porque le habían pedido su concepto para ver si suscribían un nuevo contrato por $4.500 millones con el Grupo TX, la misma firma que venía asesorando al equipo de Bienes Inmuebles desde 2017, a través de cinco contratos por casi $36.000 millones más otro por $3.000 millones con un consorcio ligado a la anterior firma, para hacer lo mismo.

El 25 de junio, Maya les advirtió a sus jefes el precario estado de la información que fue entregada por TX en cajas de cartón dentro de las instalaciones de La Alpujarra y les indicaba los problemas hallados en un barrido. Les señaló, por ejemplo, que 42 bienes fiscales (colegios, sedes de Juntas de Acción Comunal, jardines infantiles, canchas y placas deportivas así como locales en el llamado Bazar de los Puentes) están en el inventario del Municipio pero no tienen registro catastral.

También les hizo notar de otros 296 bienes fiscales que aunque se sabe que existen por inspecciones en terreno, no tienen matrícula inmobiliaria ni código catastral y otros 75 que figuran extrañamente con un área de cero metros cuadrados. En total, a pesar de que el contrato era para organizar, todavía contaban al menos 413 bienes extraviados en la manigua de los papeles.

A esas alturas también, el líder de proyecto de la Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles, Jairo Alberto Henao, había manifestado que “TX no hizo la tarea que tenía que hacer” y que por eso no le había dado nunca el visto bueno al respecto”. Así lo hizo saber en un correo electrónico del 13 de abril de este año, a los líderes de programa.

Ante el concepto negativo de Maya y las evidencias que tanto ella como Henao presentaron, lo que decidieron los jefes de ella para obtener su aprobación fue presentarle el presupuesto de otra compañía que se llamaba Realtix.

De vuelta, el martes 29 de junio, ella les envió un análisis con un detalle que viciaría también esta propuesta y hasta demostraría que se podría configurar un acto contra la libre competencia.

Realtix no solo se parecía en nombre al Grupo TX, sino que compartía su domicilio de las oficinas 402 y 403 de un edificio ubicado en la Avenida 19 con 114, en el norte de Bogotá.

La nueva firma apareció en escena justo por los tiempos en que llegó a la Contraloría de Medellín una denuncia anónima que señalaba las presuntas irregularidades en los contratos previos del Grupo TX y existía la posibilidad de que la inhabilitaran para contratar de nuevo con la Alcaldía.

EL COLOMBIANO constató que, adicionalmente, para la fecha, dos socios coincidían en las dos empresas —Juan Carlos Álvaro López y Luz Helena Cadena Urrego— lo mismo que el revisor fiscal. Lo de que fuera una nueva firma parecía en el fondo un mal chiste. Más bien era una especie de empresa gemela.

Teniendo en cuenta que se habían invertido miles de millones de pesos sin obtener buenos resultados, Nancy Maya recomendó no contratar con ellas sino que el objeto del contrato lo cumpliera la Subsecretaría de Catastro de Medellín y que se le trasladara a esa dependencia el dinero que se le fuera a pagar a un tercero, lo cual parecía ser lo más lógico desde el principio. ¿Quién mejor que una entidad del propio Municipio para organizar sus tierras? Entre otras cosas, Catastro cobraba $342 millones mensuales, frente a $404 millones de Grupo TX y $595 millones de Realtix.

Como si eso fuera poco, Catastro Medellín no solo es una de las pocas entidades públicas en el país habilitadas como operadores catastrales, sino que además brinda ese servicio en otros municipios. ¿Cómo se explica que la Alcaldía de Medellín le entregara a un privado una actividad que podía desarrollar con entidades propias que pueden ser mucho más expertas?

De hecho, justo un mes antes, la Alcaldía promovía con bombos y platillos en su portal y otros medios masivos que Medellín podría ofrecer servicios catastrales a todo el país, lo cual era “una gran oportunidad de compartir sus experiencias, su desarrollo profesional y su avance técnico en la implementación a nivel nacional y a nivel local de todos los procesos que se han aprendido durante todos estos años”.

En septiembre de 2020, la dirección de Bienes Inmuebles había suscrito otro contrato por $3.000 millones con el Consorcio Realtx —formado por Grupo TX y Realtix—.

Oídos sordos
Maya, al ver que sus alertas de irregularidades no eran atendidas, renunció a finales de junio pasado al encargo que tenía y pidió que la devolvieran a las funciones de su plaza como profesional de carrera administrativa, por considerar que no existían condiciones para un buen desempeño. En su carta de dimisión señaló: “La posición que he asumido frente al manejo técnico, administrativo y contractual que se presenta en la Unidad de Bienes Inmuebles, está en contravía del manejo que realizan y las decisiones de los directivos de la Secretaría (…) por lo cual considero que el empleo debe estar ocupado por una persona que cumpla con el perfil específico que se amolde al estilo gerencial y administrativo de los directivos actuales y no a los preceptos institucionales en el manual de funciones y de la interpretación generalmente aceptada en normativa pública”.

Lo cierto es que finalmente la Unidad de Bienes Inmuebles no contrató con Catastro, como sugería la funcionaria y, en cambio, según constató este diario, el 29 de septiembre pasado, lo hizo con el Grupo TX SAS, por $1.600 millones, con el agravante de que el contrato no cubre ocho meses hasta finalizar el año 2021, como se pensaba inicialmente, sino apenas 105 días. Y tiene una inconsistencia, al consignar las fechas de inicio y terminación, entre el 29 de septiembre y el 31 de diciembre, solo dan 95 días, diez menos de los que dice el documento. Por si fuera poco, una de las tareas por las que les pagan es ordenar y sistematizar la información que ellos mismos dejaron arrumada en cajas de cartón.

El objeto parece calcado de los que ejecutó previamente El Grupo TX: prestación de servicios especializados para el apoyo a la gestión y al mejoramiento del funcionamiento y operación del proceso de Administración de Bienes Inmuebles. Es el mismo que les ha permitido a sus dueños obtener alrededor de $39.000 millones del erario municipal de Medellín, si sumamos los $36.000 millones de Grupo TX y los $3.000 millones del Consorcio Realtx.

Vale la pena recordar que el subsecretario de Gestión de Bienes, Fredy Alfonso Agudelo, de quien depende este contrato, es el mismo apodado ‘el Flaco’, quien ha sido mencionado en un escándalo reciente. Agudelo aparecía como el anfitrión en el apartamento en el que reunieron a un grupo de contratistas de la Secretaría de Inclusión Social para pedirles que un porcentaje del contrato lo donaran a la fundación ‘El futuro se parece a nosotros’ para asegurar la continuidad del proyecto político del alcalde Daniel Quintero. Al menos esa fue la denuncia que interpuso la funcionaria Pilar Rodríguez, con pruebas en mano, ante la Personería y la Procuraduría.

Este diario contactó a Nancy Maya y la funcionaria se limitó a decir que los motivos de su renuncia como líder del equipo de Bienes Inmuebles quedaron consignados en la carta que le dirigió a la Secretaría de Gestión Humana de la Alcaldía.

En esa misiva, entre otras cosas, aduce que “como servidora pública estoy en la obligación de que los recursos públicos a mi cargo sean utilizados de manera planeada, pulcra y con probidad y luego de constatar que los organismos de control con sus dictámenes dieron calificaciones satisfactorias sin tener en cuenta la proporcionalidad del dinero que se viene gastando y las competencias en la estructura administrativa municipal, y de que la Secretaría de Evaluación y Control y los directivos de la dependencia, siguieran viendo como una actuación normal la destinación ilimitada de recursos para un fin que no se concreta a pesar del dinero gastado y el tiempo transcurrido; entendí que la equivocada quizá era yo”.

También, quisimos conocer la opinión sobre el tema por parte del Grupo TX; llamamos al número de Medellín registrado en internet y contestaron como Realtix, pero la recepcionista dio a entender que las dos empresas estaban relacionadas, suministró el teléfono de la administradora en Grupo TX en la capital de la República y confirmó que Bárbara Bibiana Sánchez es la gerente general de Realtix. Sánchez también aparece en contratos como representante de Realtx.

A la secretaria de Suministros y Servicios de la Alcaldía de Medellín, Karen Bibiana Delgado, se le pidió una conversación directa para contrastar el contenido de este artículo, pero ella admitió solo que le enviáramos un cuestionario y al responder por escrito (lo cual impide controvertir sus argumentos) pidió que no se le editara. Ante la imposibilidad de poner todo el contenido en este artículo, lo publicamos en nuestra versión web.

A la pregunta de por qué contrató a una firma externa si Catastro podía cumplir con el apoyo a la gestión del inventario de bienes inmuebles, la funcionaria respondió que en su momento elevaron consultas con la Subsecretaría de Catastro y que esta dijo no poder desarrollar la labor solicitada. Sin embargo, es claro que Catastro incluso había hecho una propuesta para prestar ese servicio, con menor costo, y EL COLOMBIANO tiene la prueba.

Al preguntarle por qué en documentos anexos al contrato se dice que a la convocatoria solo se presentó TX si en realidad hubo tres propuestas, Delgado aseguró que un estudio previo indicaba que no había más oferta en el mercado. No obstante, las tres propuestas presentadas en su momento (ver facsímiles) demuestran lo contrario

CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARA SABER MÁS
ASÍ FUNCIONA EL INVENTARIO MUNICIPAL
La Unidad de Administración de Bienes Inmuebles se encarga de un inventario aproximado de 61.000 bienes inmuebles, entre fiscales y de uso público.

Los bienes fiscales (14.099) sirven generalmente como sedes de trabajo o, siendo del Municipio, tienen algunas restricciones de acceso, por ejemplo el Edificio Vásquez, el Centro Administrativo La Alpujarra, la sede del Concejo, colegios y centros de salud. Se diferencian de los bienes públicos (46.975), como canchas, calles, puentes y parques, por ejemplo, donde no hay limitaciones de acceso.

Catastro se ocupa tanto de los bienes del Municipio como de los que hay en poder de personas particulares, tengan o no vida legal mediante títulos o escrituras. Son alrededor de un millón de registros y con base en ellos se cobra el impuesto predial.

Infográfico

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