Una organización de derechos humanos denunció que los grupos armados ilegales con injerencia en el municipio estarían hasta revisando los celulares a los pobladores. Las autoridades incrementaron acciones de seguridad.
Una difícil situación de orden público viven los habitantes de Amalfi, Nordeste antioqueño, quienes ya han denunciado que se encuentran en medio del temor por los estragos que están causando los grupos armados ilegales, los cuales también han generado un impresionante aumento en el número de asesinatos.
Desde el Proceso Social de Garantías de Antioquia emitieron en los últimos días un comunicado en el que refieren los problemas de orden público y los hechos de violencia que, según informaron, se vienen presentando de forma sistemática desde el pasado 25 de febrero.
Entre las denuncias que hicieron desde la organización de derechos humanos están la implementación de toques de queda impuestos por los grupos criminales, lo que estaría impidiendo que los ciudadanos se movilice por el territorio con libertad desde las 10:00 p.m. Asimismo, indicaron que la población civil está en alto riesgo por enfrentamientos armados que se registran, incluso, cerca del casco urbano.
Denunciaron además que el pasado 26 de febrero circuló en redes sociales un video en el que los grupos ilegales anunciaban una limpieza social. Posteriormente, un joven desapareció y su cuerpo fue encontrado el 5 de marzo. Este medio reseñó el pasado 27 de febrero, cómo el asesinato de dos hombres en Amalfi, señalados de pertenecer a la banda El Mesa, reavivó la preocupación por el recrudecimiento en las confrontaciones que vienen sosteniendo varios grupos armados que buscan dominar el Nordeste antioqueño.
Al respecto, la secretaria de Gobierno de Amalfi, Luisa María Estrada, sostuvo que la gran preocupación que tienen en la administración es el incremento desmesurado en el número de homicidios. Desde el primero de enero hasta la fecha, van siete reportados, lo que representa un incremento del 600% respecto al mismo periodo de 2022 (0 casos) y 2023 (1 caso).
La funcionaria indicó que las autoridades competentes aún no tienen una causa exacta por la que se estaría dando este incremento de asesinatos, pero que entre las hipótesis se han manejado hechos relacionados con microtráfico y disputas territoriales. Las autoridades están al frente de las investigaciones para determinar las razones.
Por su lado, desde el Proceso Social de Garantías de Antioquia agregaron que se presentan fachadas de bienes civiles pintadas con las siglas AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), amenazas, desapariciones de personas que luego aparecen asesinadas y hasta controles de los grupos armados ilegales, como, presuntamente, pedirles los celulares a algunos habitantes para revisarles sus comunicaciones.
Sobre este último tema, la secretaria Estrada sostuvo que tienen denuncias ciudadanas, pero que no hay ninguna formal al respecto, por lo cual también están investigando si estos actores armados ilegales están violando la privacidad con la revisión de las comunicaciones.
Mientras que las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos piden que se refuercen las acciones articuladas entre las autoridades e instituciones del orden nacional, departamental y local, la secretaria de Gobierno aseguró que la Policía y el Ejército han reforzado las operaciones y los controles en el casco urbano y las zonas rurales.
En articulación con la Gobernación de Antioquia la alcaldía de ese municipio implementó otras acciones de seguridad, como son reducir los horarios de funcionamiento en los establecimientos comerciales donde se vende y consume licor, de modo que pueden funcionar hasta la medianoche de lunes a jueves y hasta 2:00 a.m. los viernes y sábados.
Además, también se decretó la prohibición del consumo de licor y sustancias psicoactivas en lugares públicos y en zonas cercanas a lugares educativos, culturales y deportivos; y se avanza en controles nocturnos en las zonas de ingreso y salida del municipio.
Por su lado, los defensores de derechos piden que estos operativos se hagan con el principio de proteger a la población civil y que se investigue si habría uniformados de la fuerza pública que estén actuando en connivencia con los actores armados ilegales, situación sobre la que no se han dado informaciones oficiales.
Denunciamos los hechos de violencia presentados en Amalfi que ponen en riesgo a la población civil, especialmente a defensorxs de DDHH y procesos comunitarios. Exigimos a @GobiernoAnt @GobAntioquia garantizar la vida e integridad de la población civil. pic.twitter.com/sTMLlnafG5
— PSG-GarantiasDDHH (@GarantiasPSG) March 11, 2024