GUATEMALA:
Analistas dividen opiniones por toma de posesión de la IX magistratura de la CC en horas de la madrugada. Foto La Hora: José Orozco
La IX magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) asumió funciones en horas de la madrugada de este 14 de abril, en medio de un escenario de persecución tras acciones del Ministerio Público (MP) contra la magistrada Astrid Lemus, lo que obligó a una toma de posesión acelerada y bajo tensión.
La situación, que fue comunicada por el magistrado suplente de la CC, Luis Fernando Bermejo, en sus redes, ha generado opiniones encontradas entre analistas, quienes coinciden en que el arranque de la corte no solo es atípico, sino que proyecta señales importantes sobre su futura actuación.
El analista de seguridad, Mario Mérida, cuestionó la forma en que se dio el inicio de funciones, señalando que “es lamentable que un grupo de profesionales integrantes de una institución de la que se espera la mejor toma de decisiones” actúe en un contexto de este tipo.
A su juicio, el momento en el que se concretó la juramentación también deja dudas sobre el fondo de la decisión.
Mérida advirtió que el acto “es más cuestionable, toda vez que el acto buscaba evitar las acciones del organismo responsable de la persecución penal”, en referencia a las diligencias impulsadas por el MP contra Lemus.
En ese sentido, resaltó que la actuación de la corte podría tener efectos más allá del caso inmediato.
“Hay que apuntar que el acto compromete la solidez reputacional de la llamada ‘Corte celestial’ y la credibilidad de sus próximas intervenciones”, afirmó.
Anticipó también que el tribunal deberá resolver temas clave como el caso del rector de la Universidad de San Carlos, la designación del próximo fiscal general y el relevo en la Contraloría General de Cuentas.
En contraste, el abogado constitucionalista, Ovidio Orellana, considera que la decisión respondió al contexto inmediato.
“Me parece que tomaron esa decisión, debido a la incertidumbre que generó la información de una eventual captura de una magistrada antes de que ella tomara posesión», declaró.
Añadió que, para él, no existía ningún impedimento legal para hacerlo a la hora que se conoció que lo hicieron, puesto que «el periodo de ellos comenzó hoy a las cero horas”.
«UN MENSAJE DE AUTOPROTECCIÓN»
Por su parte, el abogado constitucionalista y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina, opinó de una manera distinta.
Según él, la actuación inicial de los magistrados refleja una lógica de «unión» entre magistrados, un punto de vista que coincide con lo dicho por el abogado Orellana, quien detalló que la premura también respondió a un escenario de incertidumbre más que a una irregularidad de fondo.
“Es claro que hay una especie de concepto de equipo que se forma con la nueva corte. Forman un nuevo equipo y, de entrada, pues se están cubriendo”, explicó.Declaró que, más que un acto irregular de fondo, lo ocurrido responde a una reacción ante lo que considera presiones externas.
“No es algo de fondo, sino de forma a todo este hostigamiento que yo considero bastante superficial respecto a su integración”, añadió.
Fernández Molina incluso descartó, con la información que dijo tener, la existencia de un delito flagrante en contra de Lemus. “Por más que rebusco, no encuentro sustento a esa acusación”, afirmó, al tiempo que interpreta las acciones del MP como parte de “un plan de hostigamiento” para impedir su toma de posesión, lo cual finalmente no ocurrió.
Ambos analistas, aunque desde puntos de vista distintos, coinciden en que el inicio de la nueva CC envía señales políticas e institucionales.
Mérida advierte un posible deterioro en la credibilidad del tribunal, mientras que Fernández Molina ve una reacción de autoprotección frente a presiones externas.
ACCIONES DEL MP Y EXPECTATIVA DEL EJECUTIVO
El MP buscó la captura de Lemus en el marco de una investigación relacionada con el proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).
Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el juez a cargo, sin que hasta ahora se conozcan públicamente los delitos específicos que sustentaban la petición.
Por otro lado, tras la juramentación, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo envió un mensaje a la nueva magistratura, destacando la “alta responsabilidad” de los magistrados en la defensa del orden constitucional.
El Ejecutivo expresó que el país observa este momento “con expectativa y sentido de urgencia”, en un contexto donde la CC deberá pronunciarse sobre decisiones clave para el equilibrio institucional.
