Entre los empleados de Ruta N se comenta que Valero, Bermúdez y Cristian David Cárdenas, quien funge como encargado de comunicaciones del Valle del Software, fueron enviados por la secretaria privada de la Alcaldía, Camila Villamizar, para que sean los ojos de la administración con el fin de que el director Castaño no se desvíe del libreto que le tracen desde el piso 12 de La Alpujarra.

Vale la pena recordar que Castaño es el tercer director que tiene Ruta N en el periodo de Quintero. El primero, Juan Andrés Vásquez, salió casi a la par con la renuncia de toda la junta directiva y existen versiones de que fue porque no soportó más que le impusieran a su equipo. Después llegó Javier Fernández, y desde abril pasado arribó Iván Castaño.

La relación del director actual con el alcalde Quintero viene del tiempo en que el primero fue director de Desarrollo de Industria TI y como subdirector de Digitalización Sectorial mientras que el segundo fungió como viceministro de Economía Digital, hacia 2017. Luego también habrían coincidido en el respaldo que les ha dado el expresidente Gaviria a Quintero, por un lado, y al senador Castaño, por el otro.

Justamente, el gestor de Transformación Digital de Ruta N, Carlos Andrés Londoño, viene de ese pasado en la capital de la República, donde este se desempeñó como asesor de Tecnologías de la Información del MinTic, entre 2019 y 2021, en el Departamento de Prosperidad Social, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio del Medio Ambiente, entre otros cargos.

También, Pablo Esteban Quiñones, secretario general de Ruta N, tuvo varios puestos en entidades nacionales con sede en Bogotá y cuenta con dos abogados de respaldo en su labor. No en vano algunos críticos sostienen que hoy día allí hay más abogados que personas dedicadas a la ciencia, la tecnología y la innovación.

Diana Zuluaga es directora de Operaciones y viene de un alto cargo en Quipux Innova, donde fue CEO el actual vicepresidente de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología de EPM e integrante de la junta de Ruta N, Darío Amar.

Los vínculos de personas de Ruta N serían solo una anécdota, pero se estarían reflejando en temas de contratación. De hecho, el año pasado IFM Noticias llamó la atención acerca de un convenio por $3.960 millones entre la Alcaldía, el Área Metropolitana y Ruta N. La suspicacia viene de la similitud entre el objeto del convenio con uno de los objetos societarios de Pro Medellín: “Promover y detonar procesos de reindustrialización en torno al desarrollo empresarial. Así mismo acompañar la formulación, implementación, y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos orientados al desarrollo del tejido empresarial a nivel local”, y la sospecha se acrecienta ahora que se sabe de la existencia de personas cercanas a Diego Romero en Ruta N.

Fuentes que se han comunicado con EL COLOMBIANO aseguran que ese convenio se convirtió en una especie de caja menor de la que se habrían pagado asesores para campañas políticas de aliados de la administración Quintero.