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Encierro obligado agrava violencia contra los servidores públicos

POR NELSON MATTA COLORADO |

Interceder en actos de indisciplina social para contener la pandemia de covid-19 se está convirtiendo en un riesgo para los servidores públicos del Valle del Aburrá. Y no solo es un riesgo de contagiarse, sino de sufrir una paliza.

Los policías, en particular, han padecido toda suerte de golpes e improperios en los últimos meses, varios de los cuales han sido grabados y subidos a redes sociales, añadiendo en algunos casos un linchamiento a la reputación por parte de gente anónima.

TOMADO DE: elcolombiano.comAntioquia - Medellín | El Colombiano, noticias.

El pasado fin de semana, en vía pública del barrio Villatina de Medellín, las patrullas sorprendieron a unos vecinos emparrandados, borrachos y con música a todo volumen, sin tapabocas ni distancia social. Como dicta la norma, los uniformados procedieron a terminar el jolgorio.

Los parranderos montaron resistencia y la situación se calentó. Hubo palazos, piedras, botellas y ladrillos de por medio, en una reyerta a la cual se sumaron otros residentes de la cuadra, mientras unos más grababan desde los balcones.

Los irresponsables causaron lesiones a tres policías y daños a una camioneta y tres motos oficiales. Evitando hacer disparos, los funcionarios retrocedieron, hasta que llegó el Escuadrón Móvil Antidisturbios y los ánimos se calmaron. Seis adultos y un adolescente fueron capturados.

Según cifras de la Policía Metropolitana, en lo corrido de 2020 (hasta julio 10) se presentaron 253 casos de violencia contra servidor público en el Valle de Aburrá, 172 de ellos solo en Medellín.

En el consolidado del Aburrá, 159 de los agredidos fueron policías, uno más era militar y 93 funcionarios civiles, entre agentes de tránsito, empleados de Espacio Público y de otras dependencias.

Por esta conducta han sido arrestadas 261 personas (170 en Medellín), 7 % más que en el mismo periodo del año pasado, cuando no había cuarentena (245 detenciones). Esto implica que, en promedio, hay un capturado cada 17 horas.

Si hablamos de los agresores, 166 fueron empleados particulares, 32 trabajadores independientes, 26 estudiantes, 25 desempleados, 6 amas de casa, 4 comerciantes y 2 empleados del Ejército. Y en cuanto al género, 210 fueron hombres y 51 mujeres.

El punto de quiebre

Los casos sucesivos plantean la pregunta de si la comunidad les está perdiendo el respecto a las autoridades.

Carlos Builes, analista político, consideró que “hay un desgaste entre las instituciones y la ciudadanía. En esta pandemia se ha visto que los gobernantes están tomando decisiones muy pobres, basadas en restringir la movilidad y las congregaciones sociales. A la Policía, particularmente, la están involucrando en situaciones de la esfera privada, en las que no debería intervenir”.

Y añadió que esas medidas, sumadas al desespero ciudadano por la cuarentena, están ahondando el problema.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, comentó que muchas de estas asonadas suceden los fines de semana y con personas ebrias o drogadas de por medio. “Los sábados recibimos entre 27.000 y 30.000 llamadas para atender fiestas ilegales y con alto volumen, casos de riñas y violencia intrafamiliar, y en algunas situaciones se presentan las agresiones contra nosotros”, dijo.

En Medellín, según esa institución, los sectores en los que más se documentan los episodios de agresión a servidor público, son: barrio El Rincón y sus sectores aledaños La Capilla, Los Joaquinillos y El Ñeque (comuna 16); los barrios El Salado (comuna 13), Castilla (comuna 5) y Aures (comunas 7); y los corregimientos San Antonio de Prado, Altavista y San Cristóbal. En Bello, la comuna de Niquía y el sector El Tapón.

Quienes cometen estas conductas se exponen a una condena de cuatro a ocho años, según el artículo 429 del Código Penal; a esto se suman agravantes, si la acción incluye daño en bien ajeno y violación a medidas sanitarias como la cuarentena. También hay multas conexas, aunque Camacho admite que “generalmente nadie las paga”.

Daniel Aguilar, doctor en Sociología de la U. de Kansas, opinó que el encierro obligatorio empeoró problemas estructurales que venían de tiempo atrás, como la falta de credibilidad en las instituciones causada por la corrupción el abandono estatal, por lo que ciudadanía “está llegando a un punto de quiebre”.

“Se requiere una depuración y reestructuración de las instituciones, un proceso a largo plazo. Despedir ‘manzanas podridas’, como usualmente hacen, no sirve para mejorar las entidades”, acotó.

Para calmar los ánimos, dijo el general, “la alcaldía trabaja el tema de la convivencia con sus gestores sociales, y nosotros lanzamos una estrategia en marzo, que se llama ‘Patrulla en la Casa’, con la que llevamos brigadas de salud y recreación a los barrios”.

Otra acción, ya en el ámbito operativo, es que la Policía optó por enviar grupos grandes de uniformados, con apoyo de patrullas de reacción inmediata, cuando hay que atender un caso de indisciplina social.

“Invitamos a la comunidad a ser tolerantes, si un policía llega es porque un ciudadano lo llamó, y muchas veces esa persona no atreve a decirles a los otros que son malos vecinos”, instó el oficial.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

Leonardo Buitrago, subsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad de Medellín, enfatizó en que uno de los principales factores detrás de los ataques contra servidores públicos es el alcohol en exceso. “Como alcaldía, rechazamos todas las agresiones contra funcionarios que se han presentado últimamente. Invitamos a la ciudadanía a que no consuma bebidas embriagantes en exceso, al desinhibir el sistema nervioso central nos empezamos a relajar en temas tan complejos como la transmisión del coronavirus, y cuando las autoridades llegan a ejercer el control, los agredimos. Respetemos a nuestra Fuerza Pública”.

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