Jacobo Betancur Peláez
Al tiempo que la institución hace recortes en sus servicios y acumula deudas con sus médicos, avanza en trabajos para un jardín vertical que fue adjudicado en agosto del año pasado.
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A pesar de la profunda crisis financiera y los múltiples retrasos que persisten en el pago de los salarios a su personal médico y proveedores, el Hospital General de Medellín destinó una millonaria partida de recursos para la construcción de un jardín vertical que adornará su fachada.
En una intervención parecida a la que se adelantó en el edificio de la Alcaldía en la Alpujarra, la gerencia de esa entidad de salud dejó firmado a pocos meses del cambio de gobierno la cuantiosa intervención, que ha sido duramente criticada por los sindicatos del hospital por considerarla un derroche de recursos en tiempos de escasez.
Según quedó consignado en una resolución de adjudicación emitida el pasado 31 de agosto de 2023 y firmada por el gerente Mario Fernando Córdoba, el hospital adjudicó el contrato por un valor de $1.865 millones.
Dicho contrato, que además fue realizada bajo la modalidad de convocatoria privada, fue entregado a la empresa AR Constructor S.A.S. y según aparece en el pliego de condiciones no comprendía un plazo mayor a 4 meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2023. No obstante, tal como lo constató este diario, los trabajos se mantenían inconclusos ayer.
Para varios de los sindicatos que agremian a los profesionales del hospital, la obra contrasta con las graves necesidades y deudas que arrastra esa institución.
Y es que según el diagnóstico que destapó el pasado 5 de enero la administración distrital, el Hospital acumulaba una deuda de por lo menos $9.400 millones para el pago de sus empleados.
En materia de pagos a proveedores, la institución también estaba colgada en por lo menos $24.000 millones, que según denunciaron médicos se habían traducido en la falta de insumos y materiales para su labor diaria.
Este mes también trascendió que el hospital, pese a ser el centro de más alto nivel público no solo de Antioquia sino de Chocó y Córdoba, había decidido reducir su capacidad en varios servicios.
El principal recorte se dio en las unidades de cuidados intermedios, en donde se clausuraron 10 de las 30 camas que había disponibles. En su unidad de cuidados intensivos neonatales, uno de los servicios por excelencia, fueron cerradas además 7 de 16 camas.
“En este momento nos faltan medicamentos. Los almacenes están casi vacíos, nos faltan implementos de trabajo. No podemos seguir permitiendo que un hospital que es referente no tengamos como prestarles un excelente servicio a los pacientes. Tenemos servicios cerrados porque el mismo gerente ha dicho que supuestamente lo que es ginecobstetricia y pediatría no dan rendimientos, no es rentable para la institución en este momento”, expresó Martha Nerida Pulgarín Posada, presidenta de Sintrahgm.
En igual sentido, desde otros sindicatos como Asohgm, su líder Juan Camilo Toro cuestionó la realización de esta obra, que si bien buscaría embellecer la fachada, a todas luces sería innecesaria si se tiene en cuenta que la prestación misma del servicio se ha visto afectada por los múltiples recortes de personal y gastos.
Para conocer sus razones ante la firma de este contrato, EL COLOMBIANO consultó con la gerencia del Hospital General, desde donde se remitió un pronunciamiento escrito en el que se defendió la intervención, argumentado que la misma estaba incluida en el plan de desarrollo de la entidad y comprendía recursos que se habían separado desde 2022.
“Los recursos con los cuales se está ejecutando el contrato se encuentran inmersos en un convenio interadministrativo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), cuyo objeto es la administración de fondos especiales para este tipo de proyectos, mismo que fue suscrito desde la vigencia 2022 y trasladados en ese mismo año”, expresó la gerencia.
“Por tal motivo para ese momento la entidad no se encontraba atravesando la situación que es conocida en la actualidad, por tanto, se continuó con el proyecto comprometiendo los recursos con el certificado de reserva emitido por el IDEA y jurídicamente no es dable desfinanciar un contrato cuando esté ya se encuentra suscrito pues se incurren en faltas disciplinarias”, se argumentó desde la institución, desde donde se volvió a insistir en que la crisis financiera del hospital sería culpa de las aseguradoras y no de los manejos administrativos y procesos de contratación que vienen cuestionándose durante los últimos cuatro años y que investigan los órganos de control.