En un audio que revela El Colombiano se escucha a un funcionario ufanarse de los tours que dio a brasileños y a un mexicano.
POR JAVIER ALEXANDER MACÍAS |
Como si se tratara de una empresa de turismo y no de seguridad, algunos vehículos de la Unidad Nacional de Protección, UNP, estarían siendo utilizados para realizar paseos y/o recorridos turísticos en localidades cercanas a la ciudad de Bogotá.
Así lo deja en evidencia un audio conocido en exclusiva por EL COLOMBIANO, en el que el funcionario de planta de la UNP identificado como Francisco Torres Luna, le dice a su interlocutor que llevará a un ciudadano mexicano a conocer varias partes de la capital por $200.000, luego de que su esposa, quien trabaja en Uber, le enviara el contacto.
“Yo lo llevo a Guadalupe en carro para que se tome fotos y ojalá esté haciendo un día que se vea Bogotá bien bacano; de ahí me lo llevaré a La Calera y bajar un momentico hasta Choachí que no tiene peaje, y me lo puedo llevar hasta Cajicá o hasta Zipaquirá para que el pague el peaje (…)”, se escucha en el audio.
Luego, el interlocutor le pregunta, al parecer, por el combustible, a lo que la voz que señalan es la de Francisco, responde: “No, marica, el combustible es de la Unidad porque es con el carro de la entidad”. Y se oye la frase en medio de risas.
Dentro de la conversación entre el funcionario de la UNP y la otra voz al lado del teléfono, también se evidencia que no es la primera vez que se da un tour a ciudadanos extranjeros. “La vez pasada yo llevé a unos brasileros y me dieron 250 mil, en cambio este man me da 200 y yo bien pelado que ando”, asevera.
“No, esa no es mi voz”
Con la denuncia en poder de EL COLOMBIANO, este diario consultó al funcionario Torres Luna para que diera su versión sobre los señalamientos de usar vehículos de la entidad para realizar tours por Bogotá. En la conversación se le puso el audio y se le preguntó:
— Este es el audio. ¿Esa es su voz, don Francisco?
—Umm no, ese no es el audio que el señor puso cuando estábamos en medio de la junta, esa voz se parece mucho al audio que te digo que habla de los extraditables, respondió.
—¿Definitivamente ese no es usted?, le preguntamos.
—No, y no fue el audio como lo escuchamos en la reunión presencial, pero no era mi voz que, inclusive, para todos dijeron que presentara la respectiva denuncia ante la Fiscalía (…) Hasta el momento no me han notificado.
Acto seguido, Torres manifestó que su esposa no trabaja en Uber y que no puede ser él la persona denunciada porque no puede conducir vehículos de la UNP ni ningún otro carro porque desde el 2019 “tuve una situación personal, caí en un retén de la Policía y ahora no puedo manejar”.
La situación a la que se refiere Francisco Torres Luna es a un comparendo por conducir en estado de embriaguez ocurrido el 16 de mayo de 2019 en la calle 17 con la carrera 132, en Bogotá, lo que llevó a la suspensión de su licencia de conducción.
El comparendo es por un valor $9’937.400, que –según la página del Simit, donde se consultan las infracciones de tránsito– no ha cancelado, razón por la cual al valor de la infracción se le sumaron los intereses y, a la fecha, el costo de la infracción asciende a $13’189.250 (ver facsímil).
Además, otro de los señalamientos contra Francisco Torres es que tiene cinco familiares trabajando en la UNP, hecho que desmintió, aunque aceptó que en la entidad trabaja su hija Angie Alexandra Torres Buitrago en calidad de prestación de servicios.
Otra situación en la UNP
A la denuncia de supuesta corrupción que salpica al funcionario Torres Luna se sumó una más, y son las supuestas irregularidades que se presentan en el contrato celebrado entre la UNP y la empresa JC y Vector Rental car.
El objetivo del contrato 1346 de 2022 quedó estipulado de la siguiente forma: “Arrendamiento de vehículos convencionales para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad”.
En el documento conocido por este diario se reseña que en Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada, JC Vector Rental entregaría 162 camionetas blindadas para la protección de personas en riesgo; sin embargo, distintos sindicatos de la UNP reseñan que, 30 días después de celebración del contrato, la empresa no ha respondido y no ha entregado más del 50 % de los vehículos.
“No entendemos cómo es que una empresa que lleva 42 días y no cumple con lo pactado en el contrato no le han cancelado”, expresó Giovanni Gallo, de Analtraseg.
Ante este nuevo cúmulo de denuncias, EL COLOMBIANO buscó la versión del director de la UNP, Augusto Rodríguez, y no obtuvo respuesta. Frente al contrato con la empresa JC Vector, que entre 2014 y 2022 tuvo contratos con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, se llamó a las oficinas, pero tampoco pudimos comunicarnos.
Entre tanto, la Procuraduría anunció sendas investigaciones contra funcionarios de esta entidad que trabaja para la seguridad, pero su función se ha desdibujado por la corrupción que la aqueja desde administraciones anteriores
