Las autoridades emitieron una Alerta Temprana 019 sobre riesgos de hostigamientos a líderes y víctimas del conflicto.
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Desde la Secretaría del Interior y la Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto de la Gobernación se vienen ejerciendo un trabajo que salvaguarde a los líderes sociales que se ven en condición de amenazas.
Recientemente, las autoridades lideraron un comité de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas -Ciprat-, en el que se evidenció que 26 municipios del Magdalena tienen riesgo de hostigamiento hacia estas personas.
Ante esta situación, las autoridades priorizaron un enfoque de protección y garantía de derechos hacia las mujeres que hacen parte de ambas poblaciones. La reunión fue liderada por la secretaria del Interior, Anabel Zúñiga, quien convocó a la Policía y al Ejército Nacional; a la Procuraduría; a la Unidad Nacional de Protección -UNP-; a la Unidad Nacional de Víctimas; y a la Defensoría del Pueblo, la cual, emitió la alerta reciente sobre el riesgo de hostigamientos a víctimas y líderes las localidades del departamento.
Al respecto, la titular de la cartera del Interior Departamental informó que se reunió con las Alcaldías, a través de sus secretarías de Gobierno, al igual que las Personerías municipales y otras entidades que tienen que ver con este tipo de alertas, para atenderlas.
“Nos enfocamos en una marcada línea de género, es decir, hicimos especial invitación a hacer seguimiento a los riesgos que de manera diferencial tienen que enfrentar las mujeres y los liderazgos femeninos del Departamento”, añadió Anabel Zúñiga.
La funcionaria también indicó que, desde la Gobernación se ha venido trabajando no solamente en esta instancia sino en otras como consejos de seguridad, comités de seguimiento electoral, comités de orden público, entre otros.
En ese sentido, recordó que, en cada espacio se han enfocado en que “los municipios entiendan la responsabilidad que tienen en materia de protección de derechos, de acompañamiento a nivel de acceso y ruta a líderes y lideresas y, sobre todo, a poder asumir de forma corresponsable las garantías de vida y de participación de las poblaciones, en este caso de los y las líderes y víctimas”.