EL SALVADOR:
El abogado constitucionalista afirmó que, con la ratificación de la reforma al artículo 248, las legislaturas tienen vía libre para modificar la Constitución de la República en cualquier momento.
La Asamblea Legislativa ratificó el 29 de enero de 2025 una reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, lo que permite que una misma legislatura apruebe y ratifique reformas constitucionales sin necesidad de intervención de un segundo período.
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Con esta modificación, se elimina un mecanismo que garantizaba un balance entre estabilidad y desarrollo, al permitir que la ciudadanía se pronunciara sobre los cambios a la Constitución a través del voto en elecciones legislativas.
En una charla con LA PRENSA GRÁFICA, el abogado constitucionalista Enrique Anaya explica que esta reforma transforma el proceso de cambios constitucionales y otorga amplios poderes a la mayoría legislativa de turno. Según el especialista, el mecanismo de dos legislaturas tenía el propósito de evitar que un solo grupo político pudiera modificar la Constitución sin control.
Con el nuevo procedimiento, cualquier reforma podría aprobarse y ratificarse en cuestión de horas.
El proceso de ratificación fue realizado en 37 minutos y con dispensa de trámite, sin un debate previo.
Abogados constitucionalistas advierten que la modificación abre la posibilidad de realizar cambios sin consulta ciudadana ni deliberación prolongada.
Además, alertan sobre el riesgo de que reformas futuras incluyan modificaciones a la estructura del sistema político, los derechos fundamentales y las garantías judiciales.
¿Por qué es importante entender qué es una Constitución antes de hablar sobre su reforma?
Es fundamental porque la Constitución no es simplemente un documento o un libro con normas legales; es el conjunto de reglas que estructuran el Estado. Para que una Constitución sea auténtica, debe contener tres elementos esenciales: derechos fundamentales, separación de poderes y Estado de derecho. Sin estos elementos, no estamos ante una verdadera Constitución, sino ante un documento sin garantías reales para la ciudadanía. Cuando hablamos de reformarla, nos referimos a cambiar estas reglas fundamentales, algo que no puede hacerse de manera arbitraria. No pueden ser un instrumento para favorecer a un gobierno en particular.
“No se trata de modificar un reglamento cualquiera, sino de tocar la base sobre la cual funciona el sistema democrático. Por eso, las reformas deben realizarse sólo cuando son ineludibles y deben mantener un equilibrio entre estabilidad y cambio”.
Enrique Anaya, abogado constitucionalista
¿Cuáles son los principales cambios que introduce esta reforma al Art. 248?
El cambio principal es que ahora una sola legislatura podrá aprobar y ratificar reformas constitucionales.
Antes, el procedimiento requería que una legislatura aprobara la reforma y la siguiente la ratificara, asegurando que hubiera un período intermedio en el que la ciudadanía pudiera pronunciarse a través de elecciones legislativas.
Este mecanismo de dos legislaturas no era un mero trámite burocrático, sino una forma de evitar que el gobierno de turno cambiara la Constitución a su antojo. Con la reforma, una mayoría coyuntural podrá modificar cualquier aspecto de la Constitución sin un verdadero control democrático. Aunque en el texto solo se agregó una frase, el impacto es profundo, ya que cambia por completo la estructura del sistema de reformas constitucionales en El Salvador.
¿Cómo debería haberse hecho esta reforma según lo establecido?
La jurisprudencia constitucional había determinado que una reforma a la Constitución debe pasar por siete fases: iniciativa, discusión sobre la iniciativa, aprobación del acuerdo de reforma, fase informativa y debate público, discusión sobre la ratificación, ratificación y publicación. Estas fases garantizaban un proceso transparente, con participación ciudadana y un período de reflexión suficiente para evaluar el impacto de los cambios.
El mecanismo de dos legislaturas tenía un propósito: permitir que entre la aprobación y la ratificación se realizaran elecciones legislativas para que los votantes pudieran pronunciarse sobre la reforma al elegir diputados. En otras palabras, funcionaba como un referéndum implícito. Si la población estaba de acuerdo con la reforma, elegía diputados que la ratificaran; si no, votaría por quienes la rechazaran.
¿Se cumplió este proceso en la reciente reforma aprobada?
No. Desde el inicio, el proceso estuvo viciado. La reforma fue aprobada en abril de 2024, después de que ya se conocieran los resultados de las elecciones legislativas, lo que significaba que la voluntad popular no pudo incidir en el proceso. Además, la ratificación en enero de 2025 se hizo en apenas 37 minutos, con dispensa de trámite y sin debate real.
Históricamente, en El Salvador cambiar una Constitución lleva años de discusión. Por ejemplo, las reformas constitucionales derivadas de los Acuerdos de Paz de 1991 y 1992 requirieron intensos debates entre el gobierno, la exguerrilla y los partidos políticos. En cambio, ahora, con este nuevo mecanismo, las reformas se pueden hacer en minutos.
¿Qué implicaciones tiene esta reforma para el futuro del país?
Las consecuencias son graves, tanto en el ámbito político como en el jurídico. En lo político, significa que una mayoría legislativa coyuntural tendrá el poder absoluto para modificar la Constitución sin necesidad de consenso. En este momento, esa mayoría es hegemónica y puede hacer cambios a su conveniencia.
En lo jurídico, significa que cualquier artículo constitucional puede ser cambiado sin un verdadero control. Aunque existen límites teóricos, en la práctica pueden reformar cualquier cosa, incluyendo derechos fundamentales. Un ejemplo claro es el estado de excepción que llevamos casi tres años viviendo, donde el plazo máximo de detención sin cargos pasó de 72 horas a 15 días. Con esta nueva capacidad de reforma, podrían simplemente modificar la Constitución para que la detención sin cargos sea de 15 días de manera permanente.
¿Esto también podría afectar la separación de poderes?
Por supuesto. Ya en la práctica, El Salvador vive en un régimen autoritario donde los poderes del Estado están subordinados al Ejecutivo. Sin embargo, aún existe una estructura constitucional que, al menos en el papel, mantiene la separación de poderes. Con este nuevo mecanismo, podrían eliminar por completo esa separación y hacer cambios como los que se han visto en Nicaragua o Venezuela, donde el presidente tiene control total sobre el Legislativo, el Judicial y los órganos electorales.
Sin una Asamblea Constituyente, ¿qué tan legítima es esta reforma?
Aunque El Salvador no exige una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, la intervención de dos legislaturas aseguraba que los cambios fueran más legítimos. Ahora, una legislatura ordinaria tiene el poder de hacer cambios como si fuera constituyente, sin haber sido elegida para ese propósito. En 1982, la población votó específicamente para elegir una Asamblea Constituyente; en 2024, no fue así. Eso hace que esta reforma sea ilegítima.
¿Qué precedentes establece esta reforma para futuras modificaciones a la Constitución?
El problema es que ahora cualquier cambio puede hacerse de manera rápida y sin discusión. Esto puede llevar a reformas improvisadas, guiadas por los intereses del gobernante de turno. En otras dictaduras personalistas, se han hecho cambios constitucionales absurdos. Por ejemplo, en México, recientemente se prohibió constitucionalmente el vapeo solo porque no le gustaba al presidente López Obrador. En El Salvador, podríamos ver reformas basadas en los caprichos del presidente o en las necesidades políticas del momento.
Con este nuevo mecanismo, ¿qué tipo de reformas podríamos ver en el futuro?
Podrían cambiar cualquier cosa. Desde eliminar restricciones a la reelección presidencial hasta modificar los procesos electorales para facilitar la continuidad del poder del oficialismo. También podrían restringir derechos humanos, ampliar la detención sin cargos, legalizar la cadena perpetua o permitir la expulsión de ciudadanos salvadoreños considerados “traidores a la patria”.
En conclusión, ¿qué significa esta reforma para la democracia en El Salvador?
Significa que la Constitución ha dejado de ser un límite para el poder. Ahora, el gobierno puede cambiar las reglas del juego a su antojo. Si antes existían restricciones formales, hoy desaparecen. Estamos en un punto donde el gobernante de turno puede modificar la Constitución según sus necesidades, sin contrapesos ni debate real.