EL SALVADOR:
Por Claudia Espinoza
Agricultores y defensores del medio ambiente señalaron que la construcción del megapenal ocasionará además graves problemas a los recursos hídricos en la zona.
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Los 20,000 reos del nuevo penal en San Vicente representan el 72 % de la población que tiene el municipio de Tecoluca, donde se ubicará dicha estructura y que tiene una población estimada de 27,970 habitantes en este 2022.
Además, la zona donde estará ubicado, conocida como El Perical, está rodeada de mantos acuíferos y tierra fértil, según manifestaron agricultores que se vieron obligados a vender sus tierras y defensores ambientales que ven como una amenaza la obra.
Los especialistas advirtieron que la construcción, que abarca 230 manzanas, ya representa varios peligros sin estar terminada, pues hasta la fecha se desconoce cómo se llevó a cabo la licitación, ejecución, planos de construcción, entre otros aspectos que ayudarían a aclarar las dudas que se tienen de este proyecto.
En marzo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) comenzó a gestionar la compra de terrenos de agricultores que sembraban naranjales, milpas, frijolares y caña de azúcar. Ya en abril habían cerrado el trato de las 236 manzanas que compraron. Luego siguieron las mediciones del terreno y la construcción del penal que será considerado el más grande del país.
Estos procesos no han sido informados por el MOP y según declaraciones de agricultores que se vieron obligados a vender, tampoco escucharon sus argumentos del porqué no debían construir el penal en esa zona de tierra fértil. La única opción que les dieron fue vender.
Israel Velásquez, agricultor con más de 20 años de sembrar naranjales en El Perical, tuvo que vender las 21 manzanas de terreno al MOP porque le dijeron que debían hacerlo. Y a pesar de que él argumentó que generaba trabajo y producción nacional, no fue escuchado.
«Acá en la zona no había trabajo y estábamos con nuestros proyectos de sembrar cítricos. De hecho esta era la primera finca en El Salvador de planta certificada como planta sana. El proyecto era sembrar acá y allá abajo (donde vendieron sus terrenos), pero nos visitaron y nos dijeron que se tenía que hacer la cárcel allí y que no había otra salida», detalló.
Dijo que lamentaba la situación, pues el Gobierno primero hubiera investigado los proyectos que se realizaban en la zona, ya que en el país hay escasez de producción de cítricos y esto aumenta su precio.
«¿Cuánto vale una naranja aquí en el país? No estamos abastecidos de esta fruta porque no se les apoya a los agricultores. Si realmente el Gobierno se diera cuenta de los proyectos que tenemos aquí, quizás no hubiera hecho ese penal porque es de los mejores del país, pero no investigaron», aseveró.
Además dijo que hubo afectaciones para los lugareños porque él mantenía en sus proyectos a 30 trabajadores permanentes y que paulatinamente aumentaba a 100 personas. Lamentó que él generaba empleos para la comunidad, aparte de no contaminar el área, pero que hoy ese panorama cambiará.
AFECTACIÓN AL PATRIMONIO
Pero los cultivos no serán lo único afectados. Un defensor cultural dijo que la zona es conocida por sus montículos arqueológicos, los cuales se echarán a perder con esta construcción.
Este defensor, que prefirió el anonimato por seguridad, aclaró que en la zona hay piezas arqueológicas y que deben ser respetadas. Dijo que ya ha rescatado varias y no quiere que se sigan perdiendo.
«Es lamentable las piezas arqueológicas que van destruyendo. Antes paraban un proyecto por una pieza quebrada, hoy está callado todo mundo», aclaró.
Sobre el tema de la contaminación, quienes están viendo los primeros estragos son los habitantes que viven abajo de la construcción, quienes ya comenzaron a denunciar que el riachuelo que pasa por las comunidades Angulo, El Milagro e Ismendia, pasa sucio y que no pueden bañarse, lavar ropa ni llevar a los animales a tomar agua porque ya no está limpia.
César Medina, defensor ambiental de Tecoluca, confirmó esta situación y aseguró que el penal ocasionará una gran contaminación en la zona ya que la cantidad de presos que albergará ese centro penitenciario es casi igual a la población del municipio y no tiene idea de cómo controlarán las aguas residuales, ni la basura que generará en grandes proporciones dicha estructura.
El ambientalista Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), dijo que un tema muy importante es la infiltración de agua y que se debería estudiar el diseño del centro penal para ver cuánto va a impermeabilizar el suelo, pues «ocasionaría desastres como lo que ocurre en San Salvador. Además, habría un impacto en el acceso al agua de las comunidades ahí en Tecoluca».
Otra de las organizaciones que se han pronunciado al respecto es el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA). Ricardo Navarro, su presidente, indicó que es una tendencia del Gobierno ejecutar obras sin transparentar ninguna información de construcción.
Dijo que esto ya ocurrió con otros millonarios proyectos y en otras urbanizaciones donde se han brindado permisos ambientales sin hacer la adecuada investigación. Aseguró que esa zona de Tecoluca tiene mantos acuíferos que serán afectados y que necesitaban un estudio más exhaustivo.
