80 reclusos han sido remitidos a Medellín con graves cuadros de desnutrición. No tienen ni agua a pesar de las altas temperaturas.
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El hambre, la sed y el hacinamiento tienen al borde de la locura y la muerte a más de 1.300 reclusos de la cárcel El Pesebre de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio. Según lo denunció Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad, 80 personas han tenido que ser trasladadas de urgencia a Medellín en medio de graves cuadros de desnutrición.
Pero, además, hay un brote de tuberculosis que tiene en delicada situación a más de 50 reclusos, algo que se ha agravado por el hacinamiento que padece el centro penitenciario en donde mantienen recluidos hasta siete personas por celdas que ni siquiera tienen espacio para albergar a cuatro en condiciones medianamente dignas.
Las familias, a través del defensor Carmona, le suplican al gobernador Andrés Julián Rendón que declare la crisis carcelaria para poder atender con celeridad la situación. Señalan que no tienen ni siquiera agua potable disponible, en medio de las altas temperaturas de la región que pueden superar los 40° C, lo que es una clara vulneración de los derechos humanos.
La situación en la cárcel de Puerto Triunfo se suma a la crisis que viven actualmente en la mayoría de los centros penitenciarios del departamento. Este jueves el defensor del Pueblo confirmó que la situación en la cárcel de Pedregal con las malas condiciones que padece su población carcelaria es insostenible. “En febrero de este año, con base en nuestras visitas defensoriales, remitimos a la Corte Constitucional un informe sobre los hallazgos en el establecimiento carcelario de Pedregal, entre ellos, la ausencia de la interventoría y supervisión en la ejecución del contrato de alimentos, en el que se evidencia cómo la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios no había adelantado acciones efectivas de control para garantizar la prestación del servicio”, manifestó el defensor Carlos Camargo.
Desde el 19 de marzo la Secretaría de Salud de Antioquia canceló el rancho del pabellón de alta seguridad, el único lugar que preparaba alimentos para cerca de 3.500 personas privadas de la libertad.
Y a todo esto se suman los problemas de seguridad. En Bellavista, el pasado fin de semana, un enfrentamiento dejó una persona muerta y tres más heridas. Según manifestó Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad, en Bellavista reina un caos y es una bomba de tiempo por cuenta del hacinamiento, las condiciones inhumanas y la pésima alimentación.
También ocurrió una situación similar en El Pedregal, donde una batalla campal dejó dos personas heridas de gravedad. Antioquia tiene un hacinamiento carcelario que supera el 50%.
La respuesta del gobernador Rendón a la crisis fue anunciar que en su gobierno se construirán tres cárceles en el departamento, con el fin de aportar a la labor de la fuerza pública y hacer frente a problemas como el hacinamiento en algunos centros de reclusión, aunque no entregó detalles de en qué regiones estarán dichos centros penitenciarios. El departamento ya vio fracasar la promesa de otra megacárcel para descongestionar la situación carcelaria, luego de que el proyecto de cárcel en Yarumal de Luis Pérez Gutiérrez resultara en un monumental elefante blanco.
Desde el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, han reiterado a las autoridades del departamento que el gobierno Petro no tiene como prioridad construir más cárceles sino cambiar el modelo de justicia y apostarle a la justicia restaurativa que, más que cemento, necesita de la voluntad política y también de la participación del sector privado para poder hacer realidad las estrategias de resocialización que pretende el Gobierno.