Durante el segundo debate a un proyecto de ley para reducir el salario de estos funcionarios, se aprobó modificar la Constitución, para que puedan tener otros trabajos.
Una eventual modificación a la Constitución, que permitiría a los congresistas tener otros trabajos e ingresos mientras realizan sus labores legislativas, prendió la polémica en la esfera política colombiana.
En medio del segundo debate para discutir un proyecto de ley impulsado por el congresista Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, que pretende disminuir el salario de estos funcionarios, la mayoría de los participantes votó a favor de modificar el artículo 180 de la Constitución Política, que prohíbe a los legisladores “desempeñar cargo o empleo público o privado”.
Las quejas por esta decisión partieron del propio partido verde. La senadora Angélica Lozano Correa trinó con cierta ironía: “63 sí – 31 no. Reformado el artículo 180 #1 de la constitución… por medio de un proyecto de ley. Se elimina la prima del salario mensual de congresistas PERO se permitirá desempeñar otra actividad que genere otro ingreso. Un ‘poquito’ inconstitucional” (sic).
Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la misma colectividad, catalogó la citada modificación como “un orangután”.
“Senador @carlosmeiselv: no hay derecho a que usted se aproveche del anhelo ciudadano de rebajar el salario de los congresistas, para meter el ORANGUTÁN que nos permitiría realizar otras actividades económicas, algo que la Carta del 91 PROHIBIÓ expresamente por la corrupción que genera. ¡No sea irresponsable! Qué vergüenza y qué peligro”, publicó.
El aludido, Carlos Meisel, del Centro Democrático, le contestó: “Vamos al debate público. No aquí en twitter @CathyJuvinao donde uds me llevan amplia ventaja. Yo no sé cómo se mueve esto, uds si. Póngame hora y lugar y lo discutimos. Si quiere en vivo en la red de su preferencia”.
Para Meisel, lo lamentable de lo aprobado hasta ahora, en el segundo debate, es que la aplicación de la ley no sea inmediata a partir de su promulgación, sino desde 2026.
“Si esto se trata de solidaridad con el país, como creo que lo es, y de ser coherente con la crisis que afronta la ciudadanía, esto hay que hacerlo desde que entre en sanción la ley; porque sino, el mensaje que queda en la opinión pública es que nosotros le estamos bajando el sueldo a los que vengan, y no a nosotros”, recalcó.
Senador @carlosmeiselv: no hay derecho a que usted se aproveche del anhelo ciudadano de rebajar el salario de los congresistas, para meter el ORAGUTÁN que nos permitiría realizar otras actividades económicas, algo que la Carta del 91 PROHIBIÓ expresamente por la corrupción que…
— Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) August 23, 2023
En la actualidad, el salario de los congresistas en Colombia ronda los $43 millones. El proyecto de ley pretende eliminar una prima adicional de $15 millones, pero facilitando que puedan tener otros empleos.
Esta situación abriría la puerta para situaciones de incompatibilidad y posible tráfico de influencias, en los casos en los que estos funcionarios estén involucrados en empresas que contratan con el Estado o que se vean beneficiadas por leyes que apunten a su actividad económica.
Esteban Cardona, abogado y militante del partido Dignidad y Compromiso, opinó que es “vergonzoso lo del Congreso: detrás de la supuesta rebaja del salario, se elimina la prohibición de desempeñar otro cargo, bien sea en sector público o privado. Es decir, ahora sí las empresas pueden meter directamente en su nómina a los congresistas para que les legislen a medida”.
Aprobada reducción del sueldo de los Congresistas.
Lástima que no es inmediata como lo propusimos. pic.twitter.com/vOrvip7ubm— Carlos Meisel (@carlosmeiselv) August 23, 2023
Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, votó en favor del proyecto, pero resaltó que tiene dudas sobre su constitucionalidad.
“Creo que aquí hay un problema jurídico profundo y este proyecto no va a pasar el examen de constitucionalidad. Se cometieron errores por el afán y por el absurdo de no discutir a fondo y no ser claros con la ciudadanía. (…). Hay una afectación a derechos adquiridos, porque no estamos hablando solo de la reducción al salario de los congresistas, sino que tiene implicaciones en muchos funcionarios públicos que tienen derechos laborales adquiridos”, señaló.