El general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, había anunciado sanciones.
El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, anunció el 1 de julio que iba a tomar duras sanciones contra los uniformados investigados por casos de abuso sexual que involucran a menores.
Este viernes, a través de un comunicado, se confirmó que «fueron retirados de la institución 31 militares: 12 suboficiales y 19 soldados», y aunque no se especifíca el motivo, EL TIEMPO consultó con fuentes del Ejército que señalaron que son personas investigadas por hechos sexuales con menores de edad.
Esta medida administrativa fue tomada conforme a las normas legales que regulan la administración del personal, por decisión del comandante del Ejército Nacional», se lee en el comunicado.
En el comunicado también se indica que el Comando del Ejército continuará «las labores de revisión y evaluación jurídica de la situación de otros integrantes de la institución, con el objetivo de tomar las decisiones administrativas correspondientes».
Esta mañana el general Zapateiro dijo que está comprometido con que estos casos no queden en la impunidad, e insistió en que estas no son acciones propias de los hombres que le sirven a la Patria.
Precisamente, el comandante del Ejército dio a conocer el número de investigaciones adelantadas desde 2016 por abuso sexual de menores, por parte de integrantes de la institución.
Son 118 integrantes del Ejército los investigados y, de ellos, 45 ya habían sido retirados del servicio activo. Los demás están inmersos en las investigaciones disciplinarias.
Todos estos procesos están en manos de la Fiscalía y los organismos competentes», aseguró el general Zapateiro, quien mostró su indignación por estos hechos, que salieron a la luz pública por la violación de una niña de 11 años a manos de 7 militares en zona rural de Pueblo Rico, Risaralda, el pasado 21 de junio.
La Fiscalía les imputó cargos a los uniformados, soldados regulares que estaban prestando el servicio militar, y que fueron retirados de la institución.
Los 7 hombres aceptaron los cargos y fueron enviados a la cárcel militar de Bello, Antioquia, mientras se decide su condena, que podría llegar a los 30 años de prisión.
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