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Edificio Acuarela en Cartagena debe ser demolido

La Procuraduría y el Ministerio de Cultura revelaron que la construcción tiene fallas estructurales de suma gravedad.

Con la orden entregada por la Procuraduría y el Ministerio de Cultura a la Alcaldía de Cartagena de demoler el edificio Aquarela, se cierra el capítulo de la historia de esta obra que ponía en riesgo la declaratoria de la ciudad como Patrimonio Histórico de la Humanidad por parte de la Unesco.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros concluyó que la torre no resistiría los cambios de diseño requeridos, lo que hace inexorable la demolición del edificio”, aseguró el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Florez, en rueda de prensa conjunta con la ministra de Cultura, Carmen Vásquez y representantes de la Sociedad de Ingenieros.

Carrillo se refirió al estudio de la SCI al asegurar que en la torre, levantada a 200 metros del Castillo de San Felipe de Barajas, en el barrio Torices, hay “graves fallas estructurales que ni siquiera conocíamos y que ha revelado la Sociedad Colombiana de Ingenieros”.

A la estructura le hace falta un 30% de rigidez global y más de un 90% de resistencia en una cantidad considerable de muros estructurales para cumplir con los requerimientos del reglamento NSR 10 (Norma Sismo Resistente, asegura la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Además, la mayoría de los muros no cumplen con la cuantía mínima de carga requerida por la NSR, así como “la cantidad de pilotes indicada en la planta de cimentación no es suficiente para soportar la solicitación de carga gravitacional de la estructura, considerando la capacidad admisible de pilotes indicada en el estudio de suelos”.

Con los resultados de este informe, coincidieron, termina la incertidumbre generada alrededor del proyecto, y entrega herramientas para evitar una catástrofe por un desplome estructural, similar a la registrada en el edificio Blas de Lezo el 27 de abril de 2017, que causó la muerte de 21 personas y heridas a otras 22.

Para la ministra Carmen Vásquez, el polémico proyecto “no solo violó la altura permitida (4 pisos de unos bloques y seis de otros), sino que es un monumento a la ilegalidad al planificar torres de 32 pisos”.

El estudio concluyó que el edificio Acuarela “afecta el valor único excepcional del patrimonio y que la estructura licenciada no cumple con los parámetros, toda vez que se encuentran diferencias en cargas sísmicas, resistencia al fuego y su comportamiento frente al mismo no es suficiente para solicitar la carga gravitacional”.

Para el procurador, este informe “termina con la incertidumbre en relación con la historia de Aquarela. Por razones culturales, de seguridad y de moralidad tenemos que poner fin a lo que ha sido un gran dolor de cabeza para Cartagena y los colombianos. Aquarela se está convirtiendo en un problema de seguridad para los ciudadanos, así de simple. El estudio técnico busca evitar una tragedia y así le fue notificado al alcalde de Cartagena”, declaró.

La SCI también determinó que los 619,5 metros cuadrados sobre los cuales se levantó el proyecto urbanístico fueron ocupados irregularmente.

En ese sentido, Vásquez planteó que los constructores no solo violaron la altura permitida (4 pisos de unos bloques y seis de otros), sino que es un monumento a la ilegalidad al planificar torres de 32 pisos.

“Reitero nuestro compromiso con la defensa del Patrimonio Cultural y agradecemos a la Sociedad Colombiana de Ingenieria por el estudio y los resultados tan contundentes que nos permiten proceder a la demolición del edificio Acuarela”, declaró.

En una carta que firman el procurador Carrillo y la ministra Vásquez dirigida al alcalde William Dau le solicitan la “adopción de manera “inmediata de las acciones necesarias para recuperar los 619,5 metros del espacio público ocupados por la torre I del proyecto urbanístico Aquarela VIS, que a su vez eviten una tragedia ante las deficiencias de rigidez y resistencia de la edificación”.

La ministra Vásquez sostuvo que los encargados de la obra tienen un plazo de dos meses para devolver el espacio público teniendo como “única opción técnica” la demolición de la obra.

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