La acción fue interpuesta ante la Fiscalía por el concejal Carlos Ríos, que argumentó que el mandatario incurrió en engaños durante la discusión por la venta de las acciones de EPM en UNE.
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El alcalde de Medellín Daniel Quintero fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por incurrir presuntamente en el delito de pánico económico, en medio del álgido cruce de señalamientos que se produjo durante el debate por la venta de las acciones de EPM en UNE, realizado recientemente en el Concejo de Medellín.
El recurso fue interpuesto por el concejal Carlos Andrés Ríos Puerta, integrante de la bancada del Centro Democrático, que aseveró que el mandatario local divulgó información falsa a través de sus redes sociales, que habría incidido negativamente sobre EPM y UNE.
“Denunciamos al alcalde por sus afirmaciones falaces, irresponsables y mentirosas con respecto a la enajenación de las acciones de EPM en UNE”, dijo el cabildante, detallando que su acción se formalizó el pasado martes 25 de octubre y quedó fundamentada en varios puntos.
En primer lugar, detalló, luego de recopilar varios de los trinos que publicó el alcalde durante aquella discusión, encontró que Quintero aseguró que el distrito habría sufrido un supuesto detrimento patrimonial luego de que el Concejo se rehusara a darle luz verde para vender las acciones, asegurando incluso que los recursos que se buscaban recaudar con la transacción habrían sido “regalados”.
“Estas son informaciones totalmente falaces, que generan desconfianza en clientes, usuarios, inversionistas o accionistas; al hacerles creer situaciones negativas de mercado que no se han presentado en la realidad”, dijo el concejal a través de un video, añadiendo que, con esa acción, Quintero incluso habría pasado por encima de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En segundo lugar, Ríos advirtió que el alcalde, además de arremeter contra otras empresas del sector privado (que luego salieron a desmentirlo), también amenazó con nacionalizar a UNE, pese a no tener la competencia para hacerlo.
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Así mismo, el corporado sostuvo que el mandatario incurrió en falacias cuando comparó las inversiones que debía realizar EPM en UNE con pérdidas y señaló que también habría mentido cuando sostuvo que las transferencias de EPM para el Distrito se reducirían el próximo año, pese a que en el presupuesto presentado por la misma Alcaldía recientemente ante el Concejo muestra que las mismas se mantendrán.
“El delito de pánico económico es predicable de la conducta de Quintero en la medida de que, independientemente que la investigación penal demuestre que se produjo un resultado financiero adverso en contra de las compañías involucradas en la alianza de EPM y UNE, esta conducta punible es de peligro abstracto, por lo cual solo se requiere para su penalización que la información falsa o inexacta pueda impactar sobre la confianza de los clientes (…) lo cual estimamos se encuentra debidamente corroborado”, agregó Ríos Puerta.
La denuncia interpuesta por el concejal se produce tres semanas después de que el Concejo de Medellín hundiera por quinta vez consecutiva un proyecto de acuerdo radicado por la Alcaldía con el que se buscaba darle a EPM permiso para vender su participación accionaria en UNE.
En aquella discusión, mientras el alcalde Quintero acusó a los opositores del proyecto de ocasionar supuestos daños económicos a EPM y hasta “regalarle” 3 billones de pesos a Millicom (el socio privado de EPM en UNE), varios de los concejales detractores de la iniciativa rechazaron los hostigamientos del mandatario y argumentaron no tener las suficientes garantías sobre cómo serían invertidos esos recursos.
Durante los meses en que fue discutida, la iniciativa se hundió tres veces en la comisión primera del Concejo y otras dos veces en la plenaria.
De acuerdo con el artículo 302 del Código Penal (Ley 599 de 2000), el delito de pánico económico aparece como una conducta en la que incurre todo aquel que “divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas” de una empresa, pudiendo incurrir en penas de prisión de entre 32 y hasta 144 meses, así como multas de hasta 750 salarios mínimos mensuales.