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Córdoba dejó de percibir 46 mil millones por contrabando

NIDIA SERRANO M.

El gobernador Orlando Benítez pidió una policía aduanera para frenar el contrabando en las costas del departamento.

TOMADA DE:eluniversal.com.co

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El departamento de Córdoba dejó de percibir, en el último año, la suma de 46 mil millones de pesos, debido al contrabando que ingresó a esa sección del país, especialmente por el de cigarrillos.

Así lo indicó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien ha ocupado los primeros lugares en la lucha contra ese fenómeno, al lado de su colega de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.

Se mostró preocupado con esa situación, teniendo en cuenta que están en ley 550 y que esa suma representa un alto porcentaje de la deuda que deben pagar para ponerse al día con sus acreencias.

«El plan anticontrabando de nuestra agenda de gobierno ha permitido el fortalecimiento de la fiscalización y el monitoreo de nuestros ingresos. Hemos alcanzado resultados importantes como la aprehensión junto a la Policía, Fiscalía y la Dian», explicó Benítez.

El mandatario pidió mayor apoyo operacional para frenar el contrabando que triangula por Panamá, ingresa por la Guajira a Colombia y por el Golfo de Morrosquillo a Córdoba, a Sucre y a las demás regiones de Colombia.

Pidió que se implemente un grupo integrado por la Policía Fiscal y Aduanera para que actué de manera exclusiva en el Golfo de Morroquillo, que es el área identificada como la de mayor tránsito para el contrabando, teniendo en cuenta que esa zona depende de la Policía Aduanera de Antioquia.

Esa solicitud fue presentada oficialmente en un evento en el que participaron delegados de la Presidencia, la Dirección Ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

Agregó que es necesario vigilar los 127 kilómetros de playa del litoral cordobés, pues es una de las principales puertas de ingreso de mercancía ilegal procedente del exterior, pero que también lo es la necesidad de elaborar una propuesta para el pago de información por resultados; incremento de la vigilancia y control anticontrabando y el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional.

 

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