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Contratos en Turbo, Itagüí y la Gobernación, en la mira de los entes de control

La contratación en una urgencia manifiesta tiene menos requisitos legales, de ahí que aumenten los controles. FOTO CAMILO SUÁREZ

POR VANESA RESTREPO

Las investigaciones de los organismos de control relacionadas con los contratos para atender la emergencia originada por el coronavirus también llegaron a Urabá y el Valle de Aburrá.

TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/

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Tanto la Procuraduría como la Contraloría tienen en curso varias indagaciones y han abierto investigaciones, en su mayoría por presuntos sobrecostos en la compra de alimentos, y por favorecimientos en la asignación de esos contratos.

El procurador Fernando Carrillo le dijo a EL COLOMBIANO que esa entidad adelanta 10 indagaciones en Antioquia, todas relacionadas con contratos suscritos durante la emergencia, y que están en etapa de recolección de pruebas y evaluación.

“Sobrecostos en la adquisición de elementos para afrontar la pandemia del coronavirus es lo que más hemos encontrado. Ahí podemos hablar de la escogencia de empresas que, o no tienen nada que ver en su experiencia con suministro de elementos, o subieron los precios de manera descarada para venderlos a las administraciones públicas”, dijo el funcionario y agregó que también se han identificado presuntos pagos de favores políticos con contratos a dedo y sobrecostos.

“Los recursos para los más necesitados son sagrados y es una infamia que se quieran aprovechar de ellos cuando se necesitan para evitar el hambre, para dotar de elementos de protección al personal médico o para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia”, sentenció Carrillo.

A la fecha, Transparencia por la emergencia, alianza en la que participan Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, ha abierto 27 procesos de investigación en Antioquia, que se suman a los 45 presuntos hallazgos detectados por la Contraloría de Antioquia. Hay que aclarar que, por lo menos hasta ahora, en el departamento no hay funcionarios suspendidos o capturados, como sí ha ocurrido en otras regiones.

Entre las investigaciones más adelantadas se encuentra el proceso de responsabilidad fiscal por $942 millones contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle; su secretaria de Educación, Alexandra Agudelo; la asesora Jurídica de ese despacho, María Patricia Ariza; y la Corporación Colombia Avanza, por presunto sobrecosto en un contrato para suministro de alimentos a los estudiantes durante la emergencia por covid-19.

La Alcaldía suspendió el pago a contratistas hasta que se determine si hubo sobrecostos. El alcalde Quintero dijo a la prensa, el pasado 25 de mayo cuando se conoció la decisión de la Contraloría, que “si encontramos sobrecostos apelaremos a la cláusula de equilibrio económico para evitar que contratistas se aprovechen de la situación”.

Las dudas en Turbo
Los entes de control tienen los ojos puestos en tres contratos suscritos por la Alcaldía de Turbo en el Urabá.

Elsa Yazmín González Vega, contralora de Antioquia, explicó que el equipo de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, auditó un contrato por $400 millones y encontró un presunto detrimento patrimonial por $32 millones.

El contrato es el número 112 firmado el pasado 6 de abril con Proveedora La Avenida SAS, para el suministro de kit de víveres para la población vulnerable. Ese mismo día se firmó un otrosí en el que aumentaban los precios de productos como arroz, aceite, azúcar, lentejas, huevos, sal, fríjol y panela y que se justificó en el documento por “el alza de precios en algunos artículos debido a la crisis generada por el covid-19”.

Andrés Felipe Maturana, alcalde de Turbo, explicó que el contrato contempló dos entregas, una de ellas en marzo y la otra en abril. “En la primera entrega había unos precios y para la segunda en abril los precios habían subido y por eso hicimos el otrosí”, dijo.

Aquí surgen dos inquietudes: por qué la primera entrega se hizo antes de la firma del contrato y la respuesta está en el acta de finalización del mismo: “el contrato fue celebrado mediante urgencia manifiesta y se solicitó el suministro desde el día 25 de marzo. El plazo se establece a partir de la fecha en que se inicia el suministro”. Es decir, que por tratarse de una situación de emergencia, la alcaldía solicitó primero los productos y luego firmó el contrato.

La segunda inquietud está relacionada con el otrosí. El alcalde Maturana manifestó que luego de una visita de la Contraloría “nos dijeron que eso no se podía hacer, pero pensábamos que sí porque era un contrato de suministros. Entonces se desmontó el otrosí y el contrato se liquidó por el valor firmado. El contratista aceptó aunque haya sido a pérdida”.

Agregó que en sus cuentas la diferencia no es de $32 millones sino de $17 millones y dijo que no había sido requerido por los entes de control.

EL COLOMBIANO intentó comunicarse con la empresa en cuestión, pero no obtuvo respuesta.

El segundo contrato fue firmado por $88 millones para la atención de adultos mayores en condición de abandono. Maturana explicó que después de un primer pago de poco más de $12 millones, se halló que el contratista estaba incumpliendo: “Ahí consultamos con la Contraloría y nos dijeron que era mejor liquidarlo y eso hicimos”.

La contralora González reconoció que se generó entonces un beneficio fiscal de $75 millones en favor del municipio, pero anunció que se hizo un traslado a la Procuraduría para que se investigue si hay irregularidades disciplinarias.

El último contrato llegó por una queja ciudadana en la que se denuncia un posible tráfico de influencias y favorecimiento. Se trata del contrato No. 114, firmado el 7 de abril entre la alcaldía y la empresa Fenomenal Soluciones Logísticas Zomac por $200 millones con el objeto de prestar servicios de logística para la atención de la emergencia.

El representante legal de la empresa es Rubén Darío Mestra Nañez, primo del secretario de Hacienda, Cristian Mestra Jaramillo. Aunque en la queja se indicaba que son hermanos, el funcionario comprobó con registros civiles que el parentesco es de cuarto grado de consanguinidad.

En los registros de Cámara de Comercio consta que la empresa tiene un capital de $40 millones y que la actividad principal de su objeto social es catering para eventos y comercio al por menor de computadores, equipos periféricos y programas de informática, aunque aclara que podrá ejecutar contratos de actividades logísticas

El alcalde Maturana rechazó los señalamientos sobre presuntos favorecimientos y dijo que el contratista se eligió con base en cotizaciones, como corresponde a un contrato de emergencia.

El secretario de Hacienda, entre tanto, aclaró que dentro de sus labores no está la de contratación y dijo que si la empresa fue seleccionada es porque cumplía con los requisitos de ley. “En Turbo no hay delegación para contratar ni para nombrar, todo está en cabeza del alcalde. Por tanto la norma que aplica en este caso es el literal b, numeral 2 del artículo 8 de la ley 80 del 93” (que prohibe la contratación hasta segundo grado de consanguinidad).

Al preguntarle si su pariente participó en la campaña a la alcaldía de Maturana, el Secretario de Hacienda remitió a la Secretaría Jurídica para aclarar las dudas que hicieran falta sobre el contrato. En Facebook aparece un video publicado el 23 de agosto de 2019, donde Rubén Mestra porta una capa logo de la campaña de Maturana e invita a los ciudadanos a motilarse gratis con las letras FE (iniciales del alcalde) en una sede de campaña.

En los números telefónicos del contratista, consignados en los documentos del proceso, no hubo respuesta.

¿Favorecidos en Itagüí?
A la Contraloría también llegó una queja por presuntos favorecimiento en un contrato de prestación de servicios suscrito el 19 de marzo entre Juan Felipe Acosta, gerente del Instituto de deportes y Jeison Nieves Herrera, con el objeto de “liderar acciones como entrenador de la disciplina de fútbol sala-salón”. El valor convenido es de $31,2 millones que se entregarían en nueve pagos mensuales de $3,4 millones.

La veeduría de ese municipio denunció que Nieves es sobrino de la Primera Dama del municipio y que además el fútbol sala es un deporte de contacto cuya práctica quedó restringida durante la cuarentena. “Además, al parecer, el señor Nieves no posee título alguno que lo acredite como profesional en deportes, lo que hace aún más evidente la imposibilidad de ejecutar este contrato”, dice la denuncia a la que tuvo acceso este diario.

Óscar Muñoz, secretario Jurídico de Itagüí, explicó que el municipio se propuso ser sede de los Juegos Departamentales y que se contrató a varios profesionales para lograr ese objetivo. “Él lleva 10 años trabajando con equipos de fútbol sala de la ciudad. La contratación se hace, más que por su capacidad como entrenador, por su capacidad de planeación de cómo los deportistas de fútsal logren a 2023 ser los mejores”.

Muñoz dijo que el contrato se celebró un día antes de que se decretara la cuarentena y que desde entonces el contratista ha estado trabajando en planeación y metodología.

Nieves explicó que ha sido contratista de Itagüí por ocho años, que es graduado como profesional en deportes por el Politécnico Jaime Isaza y que desde hace tres años es parte del cuerpo técnico del club Leones Futsal. Confirmó su parentesco con la Primera Dama pero dijo que esa relación no le genera inhabilidad .

CONTEXTO DE LA NOTICIA

INFORME

LUPA A DOS CONTRATOS DE LA GOBERNACIÓN

· La Procuraduría tiene en indagación preliminar dos contratos firmados por la Gobernación de Antioquia. Uno por $2.642 para vigilancia epidemiológica con Metrosalud y otro por $272 para un plan de medios por el covid-19 con Teleantioquia.

· Juan Esteban Arboleda, director de Asuntos Legales de la Secretaría de Salud, dijo que los cuestionamientos se plantean sobre la idoneidad de los contratistas.

· “Metrosalud se eligió porque es idóneo y porque además maneja la vigilancia en Medellín, pero en Bogotá no lo conocen. Apenas se han ejecutado $350 millones. Y con Teleantioquia se hizo porque necesitábamos contratar 100 emisoras locales para hacer pedagogía sobre el covid-19 y era más barato hacerlo con ellos que ya las conocen y tienen los estudios de mercado, que salir a buscar una por una”.

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