JUAN DIEGO ORTIZ JIMÉNEZ
Después de una dilatada negociación, EPM y el Consorcio CCC Ituango informaron este jueves que lograron un preacuerdo para continuar por ocho meses la construcción del megaproyecto de generación, sumado a tres meses adicionales para realizar un empalme con la firma que asuma después de una licitación.
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Según conoció EL COLOMBIANO, los términos de los otrosíes se terminaron de redactar en la noche del miércoles, mientras que este jueves los órganos de gobierno de las partes dieron una última revisión a las condiciones.
La decisión estuvo antecedida de la aprobación hace una semana por parte la junta directiva de las vigencias futuras ordinarias para 2022, asignadas en forma directa a las obras principales de Hidroituango, con lo que EPM había quedado habilitada para firmar la prórroga del contrato actual del proyecto.
Esta decisión garantiza la continuidad de las actividades de construcción del proyecto que debe encender sus dos primeras unidades de energía antes del 30 de noviembre de 2022, so pena de millonarias multas. Al cierre de octubre, la ejecución física del proyecto alcanzaba el 85,6%.
Según explicaron las partes antes de que se viera humo blanco, el nuevo término del contrato corresponde al tiempo mínimo para encender dos unidades.
La prórroga estuvo antecedida por tensiones, acusaciones del alcalde Daniel Quintero contra las firmas del consorcio y demandas de estas últimas al mandatario, conflicto que se reavivó después del fallo en primera instancia de la Contraloría que determinó culpa grave de 26 personas naturales y jurídicas por el presunto detrimento patrimonial de $4,3 billones.
El fallo de segunda instancia es esperado por todos los que tienen que ver con el megaproyecto porque, si quedaba en firme antes de terminar el año, el proceso se va a cobro coactivo y todos los implicados saldrían en el boletín de responsables fiscales, lo que significa que para seguir contratando con empresas del Estado, como lo es EPM, los 26 implicados tendrían que pagar los $4,3 billones.
El equipo jurídico de la Contraloría revisa cuál es el paso a seguir con una recusación radicada el miércoles por el exgobernador Sergio Fajardo Valderrama contra el contralor Carlos Felipe Córdoba, aunque abogados consultados anticiparon que los términos se suspenderían de nuevo mientras este recurso se resuelve, lo que vuelve a dejar en vilo la definición de la segunda instancia.
