Es una medida de excepción constitucional que se adoptaría contra la perturbación de la tranquilidad ciudadana. Hay expectativa frente a lo que ahora decida el organismo judicial.
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El Consejo de Estado admitió una acción de tutela, la cual sus magistrados ya estudian para determinar si se declara el Estado de Conmoción Interior para Cartagena, o si interviene el orden público en todo el Distrito, ante la abrumadora oleada de homicidios en la ciudad, en total 174 asesinatos durante los primeros seis meses de este año
El recurso judicial fue presentado por los veedores locales Alcides Arrieta Meza (abogado) y Erick Urueta Benavides, quienes pretenden que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, declare el mencionado estado de excepción en Cartagena o que el Gobierno Nacional intervenga directamente el orden público en este territorio, con la finalidad de proteger la vida, honra y bienes de los habitantes de esta ciudad y sus corregimientos.
El pasado 6 de julio, el alto tribunal tomo la decisión de evaluar la sustentación aportada por los dos veedores, y por consiguiente, es probable que ese estrado judicial se esté pronunciando o fallando pronto
Los veedores consideran que el orden público y la convivencia ciudadana están afectados gravemente en la capital de Bolívar, por la embestida criminal en el primer semestre del año, que se traduce en 114 muertos en sicariatos, otros 57 decesos en riñas o por violencia interpersonal, y los restantes 3 asesinatos ocurrieron en circunstancias aún por establecer, casos provenientes todos de diversas formas de delincuencia.
Por lo anterior, los veedores sostienen en la tutela que se requiere cuanto antes, de medidas excepcionales y extraordinarias, para enfrentar el crimen.
Añaden Alcides Arrieta y Erick Urueta que se debe evitar a toda costa, que la ciudad finalmente caiga en manos del crimen organizado y de las múltiples formas de delincuencia, con el riesgo de “entrar en escenarios impredecibles de no retorno, lo cual requiere que se activen urgente y planeadamente, políticas públicas de intervención socioeconómica, que ataquen las causas estructurales que generan el delito”.
Los demandados son el presidente de la República, Iván Duque Márquez; la Nación, los ministerios del Interior y de Defensa, y la Policía Nacional. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, además vincula al proceso al presidente electo Gustavo Petro Urrego, al Distrito de Cartagena de Indias y al Departamento de Bolívar, para que intervengan si así lo consideran, dentro del término de dos (2) días, una vez enterados de este fallo.