Habitantes de la zona rechazan la calificación de su actividad como “minería ilegal”. Piden ser formalizados.
En el Informe Nacional sobre Minería Ilegal en Colombia, publicado el pasado 13 de diciembre del 2024 por la Procuraduría General de la Nación, el departamento de Bolívar figuró como una de las zonas del país con mayor presencia de esta actividad.
En concreto, el informe se refiere a 17 municipios: Altos del Rosario, Arenal del Sur, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Hatillo de Loba, Montecristo, Morales, Norosí, Regidor, Río Viejo, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Tiquisio.
De acuerdo con el documento, la minería se concentra en estas poblaciones por el paso de las dos cuencas hidrográficas más importantes del país: los ríos Cauca y Magdalena, así como por la presencia de la Serranía de San Lucas.
Sin embargo, para la comunidad, la problemática de va más allá de calificar la actividad como “ilegal”, pues en su criterio hay serios rezagos en materia de formalización, especialmente para los pequeños y medianos mineros.
“Mucha gente vive de esta actividad y le han dicho al Estado para formalizarse y trabajar de manera legal. Piden su título minero pero no logran obtenerlo porque se topan con obstáculos”, explicó Roberto Fuentes del Toro, secretario técnico de la Mesa Campesina de Diálogo Social del Sur de Bolívar.
Entre esas dificultades están los trámites que hay que realizar para poder obtener una licencia ambiental, las condiciones de accesibilidad para poder radicar los documentos ante las autoridades y la falta de diálogo con las entidades competentes.
“Los campesinos siempre han buscado la manera de formalizarse pero luego se estrellan con la realidad”, añadió Fuentes.
Estigmatización contra mineros informales
Según el líder social, el porcentaje de mineros formalizados en el sur de Bolívar es muy pequeño debido a las dificultades mencionadas, pero además, asegura que hay una estigmatización contra los trabajadores que aún no han logrado conseguir su título.
Si bien es cierto que en la zona hay grupos al margen de la ley que desarrollan la actividad, asegura que estos no deben confundirse con quienes ejercen la minería informal para sostener a su núcleo familiar.
“Una cosa son los grupos armados y otra es la comunidad. No se pueden mezclar porque la comunidad tiene derecho a formalizarse y estos grupos no. En ocasiones hacen operativos de control ‘contra la minería ilegal’ y quienes salen afectados no son los grupos armados sino el pequeño o mediano minero y su familia que depende de él”, denunció Fuentes.
Los esfuerzos por la formalización
Más que pensar en operativos, lo que proponen desde la Mesa Campesina de Diálogo del Sur de Bolívar, es acelerar la formalización de los mineros de la zona, que están comprometidos con realizar esta actividad dentro de la legalidad y protegiendo el medio ambiente.
“El Gobierno Nacional tiene que buscar un mecanismo idóneo para poder acabar con este flagelo, entender la realidad de los territorios y formalizar al pequeño y mediano minero”, aseguró Fuentes.
De igual forma, instó a la realización de mesas de trabajo en las que participen todas las entidades competentes en este asunto, no solo el Ministerio de Minas o el Ministerio de Ambiente, sino también la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar que es un actor clave para el trámite de la licencia ambiental.
De ahí -añade el líder social- pueden salir caracterizaciones para formalizar a los mineros que lo necesiten o la creación de cooperativas de trabajo que permitan facilitar este proceso.
“Esta es la solución integral que proponemos. Esta problemática no se resuelve con operativos porque las afectaciones van a continuar, lo que hace falta es formalizar”, concluyó.