El presidente de la Junta Directiva de Camacol Atlántico, Jorge Segebre, habló en 6AM W sobre la preocupación por posibles delitos de fraude procesal y negligencia de notarías para entrega de los predios.
Una gran polémica tiene encendidas las alarmas en Puerto Colombia por cuenta de unos trámites que la administración actual y el gremio de la construcción, denuncian como irregulares.
Dos terrenos que, originalmente, fueron entregados al municipio por Cementos Argos para destinarlos al uso público, años después y durante la administración del entonces alcalde Steimer Mantilla Rolong, terminaron siendo cedidos a particulares.
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El primero corresponde a un lote de 33.637 metros cuadrados. Según la información conocida, Argos entregó este terreno al municipio en 2011 para uso público.
Sin embargo, en 2017 apareció un acto administrativo mediante el cual el predio habría sido cedido gratuitamente a un hombre identificado como Alfredo Manuel Montoya Hoyos.
Este caso fue detectado por la Alcaldía de Puerto Colombia en 2023, en cabeza en ese momento de Wilman Vargas Altahona, quien presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por presuntas anomalías en la documentación utilizada para registrar el predio a nombre de dicho particular.
El municipio encontró que el terreno figuraba a nombre de Montoya Hoyos desde febrero de 2022 y que la resolución que supuestamente sustentaba esa transferencia, el cual contaba, presuntamente, con la firma de Steimer Montilla, no reposaba en los archivos oficiales de la Alcaldía.
El segundo terreno es de 5.082 metros cuadrados y está ubicado sobre la Vía al Mar. Este terreno quedó establecido desde 2011 como una cesión obligatoria para el municipio y destinada como zona verde.
Sin embargo, el 9 de noviembre de 2017, también durante la administración de Mantilla, se expidió la Resolución 049, mediante la cual el municipio habría cedido de forma gratuita el predio a Francisco Javier Pizarro Guerra.
La administración actual, liderada por Plinio Cedeño, pidió que se cancelara el registro que aparecía a nombre de Pizarro Guerra, pero la Superintendencia de Notariado y Registro determinó que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no podía cancelar esa inscripción y que para modificar la situación jurídica del predio se requería una decisión judicial.
Por lo anterior, este segundo caso aún continúa en disputa y está pendiente de una decisión de fondo de la justicia.
Camacol también denuncia
En conversación con 6AM W, el presidente de la Junta Directiva de Camacol Atlántico, Jorge Segebre, dijo que los hechos son un “atropello contra la comunidad y contra el compromiso que se ha venido haciendo en materia de urbanismo”.
“Estamos hablando de un lote de 120 000 millones de pesos”, explicó. “Camacol levanta la mano y dice: ‘por favor, devolverle a la gente lo que le corresponde por ley’, no es más […] Ya las investigaciones la Fiscalía las hará y los culpables tendrán que condenarlo, pero nosotros no permitimos que se pierdan los espacios públicos”, puntualizó.
Pronunciamiento de la Alcaldía
El alcalde Plinio Cedeño aseguró que su administración está defendiendo los terrenos y que ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía.
Cedeño insiste en que se trata de bienes de uso público que no podían ser transferidos a particulares y afirma que el municipio está agotando todas las vías legales para recuperarlos.
¿Qué responde el implicado?
Por otro lado, el exalcalde de Puerto Colombia, Steimer Mantilla, niega haber firmado esas resoluciones de adjudicación.
Señala que son actos fraudulentos que deben salir del ordenamiento jurídico, es decir, exige que los mismos sean revocados. Para ello ha promovido la correspondiente denuncia penal, solicitado que se realicen los cotejos grafológicos de su firma, y llevara la actuación hasta las últimas consecuencias.
Añade que: “no tiene ningún sentido el hecho de que si las adjudicaciones fueron hechas en el año 2017, solo se hiciera el trámite en instrumentos públicos varios años después”.
Y agrega: “El sentido común indica que ante una cesión de un predio de alto valor, el titular debería haber procedido de inmediato al trámite en registro, sin embargo, estos trámites se habrían realizado varios años después, lo que pondría en tela de juicio la veracidad y autenticidad de dichos actos administrativos”.
