POR MIGUEL OSORIO MONTOYA
Se dispondrán $935.000 millones. Empezó el censo en la zona. Pobladores están preocupados.
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El corredor de la 80 no será el mismo a la vuelta de los próximos cinco años: un tren ligero se abrirá paso en medio y 17 estaciones se construirán a su vera. Casas, edificios y negocios tendrán que ceder su espacio para el futuro metro. La meta será que el tren, en su paso veloz, no atropelle los derechos de los pobladores de los 13,5 kilómetros de ciudad que abarcará.
Para que eso no pase, la administración municipal pondrá en marcha, por primera vez, la política pública de protección a moradores que se aprobó en 2019 para reducir las consecuencias de la construcción de obras públicas.
Y es que la compra de predios para la construcción del tren no es un asunto menor. Dentro del presupuesto total de la obra, que es de $3,5 billones, $935.000 millones serán destinados a ello. Es decir, casi un billón, poco menos de la tercera parte de la inversión total se utilizará para predios.
Sergio López, director del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín (DAP) y gerente del Metro de la 80, expresó que esta gestión predial es, sin duda, uno de los mayores retos del futuro sistema masivo.
Por ello, informó, se hizo ya una prueba piloto para la implementación de la política pública de moradores: “Con el Isvimed hicimos una prueba para anticiparnos a lo que puede venir. Con ello nos dimos cuenta de que esta política es absolutamente necesaria y de que la gestión social del metro tiene que hacerse basada en ella”.
En ese mismo sentido, este mes comenzó un censo que servirá, a futuro, para la negociación del casi billón de pesos que se hará con los pobladores y comerciantes. López reveló que en este momento no tienen una idea clara de cuántos negocios hay en los 13,5 kilómetros de la obra; tampoco saben el detalle del comercio ni cuántas personas viven sobre el corredor de la 80. “El censo contará con los protocolos de alistamiento legal de la política pública. Va a ser un insumo necesario para conocer los procesos de oferta y de compra”, precisó López.
El gerente puntualizó que el censo no tendrá solo en cuenta los locales comerciales y viviendas que a futuro deberán negociarse, sino que abarcará todo el territorio “sin importar si habrá afectación”. Esto quiere decir, en palabras sencillas, que la caracterización se hará a todos los pobladores, estén o no en el área inmediata que tendrá que ser intervenida.
En palabras de López, el censo va a ser un insumo general para conocer la población que habita el corredor. Por el momento, el ejercicio se está haciendo en la fase 1 del proyecto, es decir, en la zona de El Volador. La información consolidada de esta zona, dijo el director de Planeación, podría estar lista en tres meses. La entidad encargada de la labor es Isvimed. Sin embargo, una vez avance en el proceso, la responsabilidad caerá en manos de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
Para ello, el metro de la 80 firmará un contrato con la EDU de $135.000 millones este año para el comienzo de la gestión social y la caracterización. Antes de que termine 2021, además, se firmará otro convenio con EPM por $35.000 millones para el traslado de redes. “La decisión de hacer la gestión predial con la EDU tiene mucho que ver con lo hecho para los intercambios de la 80. Allá hicieron traslados de restaurantes y todos los equipos que estos necesitan. Es algo similar a lo largo del corredor y lo aprendido será muy relevante”, explicó López.
Dudas e incertidumbre
Según el gerente del Metro de la 80, la negociación se hará antes de que comiencen las obras. Esto garantiza que los procesos se hagan con holgura y “de manera más justa”. Pese a ello, los comerciantes y pobladores de la zona son celosos con lo que pueda ocurrir. Creen poco en las instituciones y se sienten a la deriva.
Carolina Gutiérrez es la directora ejecutiva de Asocom 80, la asociación que reúne a 250 comerciantes del corredor. Según sus cuentas, a lo largo de la 80 hay más de 2.000 negocios. “Quedó un mal precedente de los intercambios de San Juan y la calle Colombia. La EDU inició las obras y presionó a los comerciantes a que negociaran o se fueran. Para nosotros, no se tuvo en cuenta el valor sentimental de las propiedades”, opinó Gutiérrez.
A comienzos de mayo, el gerente de la EDU, Wilder Echavarría, le dijo a EL COLOMBIANO que, efectivamente, las obras del intercambio de Colombia iniciaron antes de que se negociaran los predios. Expresó que esa fue una decisión de la administración anterior que fue corregida para el de San Juan con la 80. “Fue un error comenzar la obra en simultáneo con las negociaciones. Eso trajo problemas y retrasos. En San Juan, por el contrario, no dimos inicio a los trabajos hasta que no tuvimos un buen porcentaje de predios en nuestro poder. Así debe seguirse haciendo”, le había dicho Echavarría a este diario.
El gerente añadió que, pese a las dificultades, “la mayoría había quedado satisfecha con las negociaciones”. Pero, pese a las explicaciones, lo ocurrido en Colombia generó una zozobra que aún sienten los comerciantes.
Luz Stella Marín, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Laureles, indicó que hay una desconfianza generalizada por lo ocurrido con los intercambios. Además, hizo un llamado para que las secretarías de la alcaldía se articulen y resuelvan, en conjunto, todas las dificultades que se vienen con la construcción del metro. Según la líder, el solo anuncio de la obra generó especulación con los predios y trajo diferentes usos a las casonas del sector: “Algunas casas las han adaptado para convertirlas en hostales o negocios similares. Eso comenzó a pasar cuando anunciaron el metro. Nos preocupa lo que pueda pasar con la propiedad en una futura negociación”.
Jorge Pineda está al frente del restaurante Albenzul desde 1982. Pese a que su negocio no será tocado directamente por el paso del tren, pues está en la Villa de Aburrá, se quejó de que no ha recibido buena información sobre el proyecto: “Citaron a una reunión informativa a las 6:30 del martes, cuando jugaba Colombia. La convocatoria la anunciaron el mismo día. Queremos saber el cronograma de las obras para saber cómo nos vamos a afectar. Sabemos que los ingresos bajarán y queremos saber, por ejemplo, si podemos negociar una merma en el impuesto de industria y comercio que nos permita sobrevivir”.
A esa queja se suma Gutiérrez, la líder de los comerciantes. “Solo hemos tenido dos reuniones y fueron por iniciativa nuestra. El Estado debería ser el que llame a los ciudadanos y no al revés”, expresó. El gerente López ha dicho que la socialización es uno de los pilares del proyecto y por ello se instalaron mesas de diálogo con las comunidades y los transportadores, por ejemplo.
La importancia de la política
La ciudad cuenta con una política pública de protección a moradores desde diciembre de 2019, cuando fue aprobada por el Concejo. Sin embargo, en este momento está pendiente de su reglamentación. En ese proceso han venido trabajando María Cecilia Múnera y María Clara Echeverría, profesoras eméritas de la Universidad Nacional sede Medellín. El pasado 29 de diciembre entregaron un diagnóstico sobre la socialización de la política, que estuvo a su cargo, e hicieron varias recomendaciones a Planeación para su ejecución.
Para la profesora Echeverría, la política es “una de las más innovadoras de América Latina”. En síntesis, es una ruta detallada de cómo atender a los pobladores para que no sientan los efectos negativos de una obra pública. “Se contemplan, además, los reasentamientos y la prevención de desastres. Su esencia es que el morador tenga la menor afectación. No se trata solo de hacer compensaciones económicas, sino mantener el tejido social, cultural y educativo. Por ejemplo, que se tenga en cuenta la cercanía con el lugar de estudio o trabajo o el valor afectivo de las viviendas”, explicó la docente Múnera.
Para las profesoras, el metro de la 80 será el primer gran reto de la política. En conjunto, opinaron que “el antes” será vital. Es decir, se deberán tener muy claras las características de todas las poblaciones. “El reconocimiento de los derechos es muy importante. Será clave ese antes. Otro de los retos será respetar los liderazgos de la comunidad. Lo ideal es que la gente esté unida y que de esta manera entren a negociar en colectivo, bajo un proyecto común y armónico. El después es importante también para que se garantice la sostenibilidad de las poblaciones”, ponderó la académica Echeverría.
Las docentes concluyeron que para el metro no pueden cometerse errores de obras pasadas como el tranvía de Ayacucho, en donde hubo problemas entre constructores y moradores.
Para ello, dijo el director de Planeación y gerente del metro de la 80, Sergio López, se dialogará con holgura y utilizando la política: “Tenemos los recursos, un equipo muy competente y una política pública adecuada para hacer negociaciones justas. En el plan de acción vamos a contemplar hechos de reconocimiento como la ubicación o qué cerca queda la casa del colegio. Eso garantizará que se haga de manera justa”
$935.000 millones es el presupuesto para la compra de bienes en el corredor de la Avenida 80.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARÉNTESIS
¿Y SÍ SE HACE EL METRO ELEVADO?
Juan Felipe Velásquez, gerente de la empresa BYD en Colombia, propuso que el metro de la 80 se hiciera con tecnología elevada. La compañía que dirige es china y es especialista en el desarrollo de sistemas de transporte elevados: “La ejecución de un metro en esa tecnología ahorra tiempo de ejecución. En un mes se puede construir un kilómetro. Además, se podría ahorrar hasta un 44 % del presupuesto con respecto de uno a nivel”. Velásquez añadió que un sistema elevado reduciría la necesidad de comprar predios, así como también se reduciría la reubicación de redes. “El otro gran beneficio es que, al no tener interacción con otros vehículos, la accidentalidad se reduce a cero”, concluyó. Al respecto, Sergio López, director del metro de la 80, dijo que esa es una discusión que se cerró y que lo más conveniente es un sistema a nivel.