El Fondo para las Víctimas encontró un predio repleto de maquinaria con una licencia irregular.
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Tal como en la película Los reyes del mundo, en la sus protagonistas finalmente llegan a la finca que la abuela le heredó a Rá y la encuentran invadida por mineros ilegales con maquinaria pesada despedazando la tierra, así tal cual encontró en una visita de inspección el Fondo para la Reparación de las Víctimas dos predios bajo su administración en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.
Los funcionarios de la entidad encontraron que, sorpresivamente, en una de las fincas llamada Mandinga se tramitó una licencia ambiental que nunca se le consultó, a pesar de ser el administrador del bien. Allí encontraron un enorme andamiaje de minería con maquinaria, con excavaciones profundas, que según la entidad ha causado un daño físico y ambiental enormes, un deterioro del predio y un gran impacto socioambiental que no solo afecta el inmueble sino a toda una comunidad.
En la otra finca llamada Marlengo, también encontró ocupación ilegal de alrededor 1.000 casas y ranchos para casi 5.000 personas, según datos de la Alcaldía de Cáceres, lo que ha generado una amplia problemática social.
El Fondo tenía programada esta inspección desde hacía varias semanas, pero tuvo que postergar el procedimiento por el paro minero. Una vez pudo reactivar el trámite, le exigió a Corantioquia participar de la inspección, así como a la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Minas, la Alcaldía de Cáceres, la Personería y la Procuraduría.
Durante su visita, el Fondo logró reunir a todas las autoridades implicadas y, al no contar con las competencias legales para poder frenar estas actividades, solicitó la intervención del Ministerio de Minas, de la Procuraduría Delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz, Secretaría de Ambiente de Antioquia, Policía y del Ejército para poder avanzar en la recuperación de los dos predios.
Pero, particularmente, le exigió a Corantioquia explicar cómo fue posible que otorgara una licencia ambiental para minería en un predio sin informar a la entidad que administraba la finca.
El Fondo para la Reparación de las Víctimas le solicitó a todas las autoridades competentes entregar todos los informes sobre lo ocurrido en cada uno de los predios y participar en una mesa conjunta de seguimiento para que, como Estado, puedan “encontrar soluciones integrales en favor de las víctimas, pero también de las comunidades afectadas de Cáceres”.
