La protesta inició desde el pasado 25 de febrero y fue detonada por el anuncio del Gobierno Nacional de reactivar los operativos en contra de la minería ilegal.
El anuncio del Gobierno Nacional de revivir los operativos contra la minería ilegal en el Bajo Cauca, advirtiendo que de ser necesario destruiría maquinaria amarilla y dragas, tiene crispados los ánimos en esa subregión.
Desde el pasado sábado 25 de febrero, centenares de mineros del río Nechí iniciaron un cese de actividades por lo que consideran podría convertirse en un obstáculo en su proceso de formalización.
Bloqueando la navegación sobre ese importante corredor hídrico, que atraviesa los municipios de El Bagre, Zaragoza y Nechí, los mineros hicieron un llamado al Gobierno Nacional pidiendo garantías para ejercer su labor, asegurando que la mayoría de los que trabajan en esa zona no hacen parte de organizaciones criminales.
Francisco Javier Arrieta Franco, uno de los voceros de la Mesa Minera del Río Nechí, explica que la raíz del conflicto parte de un espacio de diálogo que los mineros de la zona instalaron con la empresa Mineros S.A. para formalizarse, con miras a ver cedidas áreas de un título minero de su propiedad que abarca un área de influencia de aproximadamente 40.000 hectáreas.
Según señala, el pedido central de los mineros consiste en encontrar una fórmula para que esa empresa les ceda la titularidad sobre algunas zonas de ese territorio que ya fueron explotadas por la compañía, pero que para los mineros de menor escala son fundamentales para ejercer su labor.
Aunque desde diciembre pasado esa organización minera ya venía avanzando en un espacio de diálogo con la empresa, Arrieta reseñó que el anuncio recientemente efectuado por el Gobierno Nacional de retomar los operativos con la minería ilegal, que ya se habían suspendido el año pasado, pone en riesgo esos acuerdos.
“En este momento estamos a la espera de dos cosas. La primera es que nos garanticen que van a respetar la negociación y que no van a haber operativos en el río Nechí contra la minería informal hasta cuando finalicen esas negociaciones, que podrían tardar entre 10 y 15 días. Yo no entendería cual es la urgencia de realizar quemas y destrucciones cuando en este momento hay intención de las partes en conflicto de proceder a un acuerdo”, expresó el vocero.
De acuerdo con los cálculos de esa mesa, en el cese de actividades participarían entre 700 y 1.000 mineros del territorio, que rechazan ser tratados como criminales.
“Me parece que es una falta de respeto, porque yo le puedo asegurar que no conozco un solo minero que sea criminal, que pertenezca a una banda criminal. Los que en este momento están queriendo ejercer nuestro derecho a la manifestación pacífica son personas que simplemente dependen de una actividad que es la estructura económica de toda una subregión”, acotó.
El anuncio al que alude Arrieta se produjo el pasado 18 de febrero, cuando el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, encabezaron un consejo de seguridad en Tarazá y El Bagre, en el que anunciaron el regreso de esos operativos.
Contrario a la visión de los mineros, para el Gobierno Nacional la actividad minera en el Bajo Cauca está en su mayoría asociada al accionar de varias organizaciones armadas,
“Los organismos de investigación tienen que actuar de manera concertada para afectar sensiblemente las finanzas de estas organizaciones ilegales”, expresó el ministro Velásquez, aludiendo a los grupos armados que tienen presencia allí y que tienen en las actividades mineras una de sus principales rentas.
Ademas de recodar la preocupación del Gobierno Nacional por la degradación ambiental del territorio a causa de esa actividad, el ministro planteó que reactivar los operativos contra la gran minería ilegal era una tarea urgente.
“Es necesario hacer los ajustes pertinentes a esos acuerdos, (…), es procedente diseñar ya la reactivación contra la gran minería de parte de la Fuerza Pública”, dijo.
A través de un comunicado de prensa publicado el pasado 24 de febrero, a pocas horas de iniciar el paro, la empresa Mineros S.A. hizo por su parte un llamado al diálogo y a la calma.
En su carta, la empresa señaló estar dispuesta a continuar apoyando los procesos de formalización en su área de influencia, pero también pidió que se garantice el orden público.
“Las vías de hecho no son el camino que necesita la región para progresar y, por tal motivo, rechazamos cualquier acto de violencia y amenaza. De manera respetuosa invitamos al Gobierno Nacional, Departamental y Local, además de las autoridades competentes, a acompañar las comunidades de las cuales hacemos parte, para permitir el libre derecho al trabajo, la movilidad y la seguridad de nuestros empleados y habitantes de la región”, expresó la empresa.
Según expresó Arrieta Franco por su parte, los mineros no levantarán su protesta hasta no tener garantías de que su proceso de formalización no se vería en riesgo por los nuevos operativos anunciados.