Es impresentable, e indignante, que algún funcionario saque ventaja de las leyes excepcionales de contratación para llenar sus bolsillos y no responder al reto inmenso de la crisis del coronavirus.
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Los abusos en la contratación pública, en la actual emergencia sanitaria, deben ser castigados con especial severidad. La Contraloría General de la República ha examinado en tiempo real cerca de 8.000 documentos contractuales y ha descubierto sobreprecios en paquetes de mercado y elementos de protección para el personal médico. Una vergüenza, pero sobre todo un crimen contra otros compatriotas en medio de las adversidades de la pandemia.
Aunque se trata de conductas condenables en cualquier momento, las circunstancias actuales de necesidad y debilidad de millones de ciudadanos, debido a los desajustes económicos provocados por la cuarentena de la covid-19, es de especial rechazo que se presenten malversaciones y robos de dineros públicos en las administraciones departamentales y municipales.
El presidente Iván Duque empleó una expresión fuerte pero inevitable respecto de quienes, sin dimensionar la urgencia y criticidad de las demandas sociales del momento, malgasten los recursos públicos: “ratas de alcantarilla”.
Es absolutamente condenable que cualquier funcionario, aprovechando las excepciones de los marcos de contratación, intente inflar, recargar, los precios de elementos indispensables para la sobrevivencia de capas de la población que dependen de la acertada y eficaz inversión de los presupuestos locales.
En Córdoba, en Cundinamarca, en Arauca, en Norte de Santander, en Valle, en Meta, y en Antioquia, se detectan sobrecostos en el pago de alimentos y suministros de seguridad médica, por parte de gobiernos municipales y departamentales, a proveedores que, de igual manera, parecen no obrar de buena fe ni ajustados a precios razonables de mercado.
Coincidimos con el Presidente en el llamado a que los entes de control pongan la lupa en cada rubro, en cada pago, en cada contrato tramitado en esta etapa de emergencia no solo nacional sino planetaria. La corrupción es un mal reprochable y extendido, pero es mucho más criminal que haya quienes sean capaces de robar el erario en medio de tanta escasez y hambre.
Como lo advierten algunos analistas y medios, la pandemia constituye también, y sobre todo, una medición de los liderazgos sanos, constructivos y transformadores. Es un termómetro de las calidades de gobiernos que se deben, hoy más que nunca, a las franjas más vulnerables de la población. Personas que están izando banderas rojas en las puertas de sus casas debido a la hambruna y el desespero.
Sobresale, por su sensatez y pertinencia, el llamado de la Vicepresidencia para que de ser necesario se creen equipos de investigadores destinados a revisar en detalle la contratación pública y sus objetos en este tiempo de crisis. La agilidad, la rapidez requerida para la compra de bienes y alimentos indispensables no puede abrir paso al robo de recursos.
Hay que llamar, como creemos que lo hace de manera unánime la sociedad colombiana, a la transparencia y a la adecuada administración del erario en semejante coyuntura: inédita, compleja y de larga duración. Una crisis que está poniendo a prueba los resortes públicos y privados que sostienen nuestra institucionalidad y cohesión nacional.
Ante la corrupción y los corruptos, en horas tan decisivas y demandantes, deben sobrar controles y denuncias, rigurosos, para impedir que sean más hondos los daños e incertidumbres de la pandemia.
