ARGENTINA:
Se trata de Víctor Hugo Balderrama, que está alojado en una unidad penitenciaria de Florencio Varela; lo acusan de distribuir archivos con Material de Abuso Sexual Infantil (MASI); rescataron a 70 víctimas.
TOMADA DE: https://www.lanacion.com.ar/
Hace dos años y medio, Víctor Hugo Balderrama, un albañil de 38 años, fue condenado a 50 años de prisión por “abuso sexual calificado por tratarse de un sometimiento gravemente ultrajante hacia la víctima y producción y distribución de imágenes de menores dedicado a actividades sexuales explícitas”, entre otros delitos. Ahora allanaron su celda de la cárcel de Florencio Varela, donde cumple la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de La Matanza, y quedó al descubierto que estaba detrás de una organización dedicada a la pedofilia.
Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. “A pesar de la grave condena que le impusieron los jueces Franco Fiumara, Nicolás Grappasonno y Gerardo Gayol, Balderrama seguía con la distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). No se puede entender que, después de haber sido juzgado y condenado por un delito tan atroz, haya tenido a su disposición dispositivos electrónicos y teléfonos celulares en una cárcel”, explicó un detective del caso.
La investigación que permitió la identificación de Balderrama y de otros cinco presos alojados en las unidades 24 y 42 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Florencio Varela, como partícipes de una red de pedofilia estuvo a cargo del fiscal de Berazategui Daniel Ichazo. Fue parte de la denominada Operación Protección de la Infancia IV, donde fueron rescatadas 70 víctimas de trata y abuso sexual, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado de prensa.
Balderrama está alojado en una celda de la Unidad 24 del SPB. Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la investigación, las imágenes con situaciones de abuso de menores eran distribuidas “intramuros” y fuera de la cárcel.
“El principal distribuidor de este material era Balderrama. Intercambiaba archivos en una red a nivel interno del penal y fuera de la cárcel. Las filmaciones y fotografías llegaban a personas radicadas en la Argentina y en países limítrofes. Esto recién empieza, tenemos que analizar el contenido de todos los dispositivos secuestrados”, explicó una fuente judicial.
Hubo una situación que alertó a los detectives policiales y judiciales. “Los sospechosos tenían instalada en sus teléfonos celulares una aplicación que simulaba ser una calculadora, pero en realidad era un programa que oculta carpetas con archivos MASI. Para poder ingresar se necesitaba un código. El material lo tenían distribuido en subcarpetas con el nombre de las víctimas, algunas de las cuales ya fueron identificados en la causa donde, en su momento, fue condenado Balderrama”, afirmó una fuente con acceso al expediente.
Ayer se hicieron 114 allanamientos por parte de personal de la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de la Ciudad y la policía bonaerense. La Operación Protección de la Infancia IV fue supervisada por el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, y Eleonora Weingast, a cargo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General conducida por Francisco Pont Verges.
Según se explicó, en el operativo estuvo la directora operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación, Verónica Toller; Fernando Vedoya, integrante del equipo técnico del citado comité y de la plataforma TikTok.
En otro de los procedimientos, hecho en Quilmes, investigación también a cargo del fiscal Ichazo, se descubrió que una víctima de diez años era abusada por su tío. “El sospechoso producía los videos con contenido de violencia sexual y los distribuía a otras personas que están siendo identificadas a partir del peritaje que se hizo on line durante el allanamiento. Todo de terror”, sostuvo una fuente judicial.
Según informó el Ministerio Público Fiscal bonaerense, en los 114 allanamientos participaron funcionarios de los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.
“Es la cuarta misión organizada de acciones para combatir la pornografía y abuso sexual infantil”, se explicó en comunicado de prensa difundido por la Procuración General bonaerense”. Hubo procedimientos en toda la provincia de Buenos Aires, con 21 sospechosos detenidos y 529 dispositivos de almacenamiento y 261 teléfonos celulares incautados.
En otro de los allanamientos, en el marco de una investigación a cargo de la Ayudantía Fiscal N°2 de La Matanza, se allanó la casa de un enfermero pediátrico imputado de distribuir material con archivos de situaciones de abuso sexual infantil.
“Se trata de un enfermero pediátrico de un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires. En su momento fue investigado por abuso sexual, pero la causa fue archivada”, explicaron fuentes judiciales.
Los investigadores descubrieron en el domicilio de este sospechoso una serie de dibujos que habrían sido hechos por una niña y que podrían ser signos o mensajes de que fue abusada sexualmente.
“Los dibujos son de la niña que vivía allí con su padre. La menor está siendo buscada por la Policía de la Ciudad, estaría en Jujuy”, sostuvo a LA NACION una fuente judicial.
La Ayudantía Fiscal N°2 de La Matanza, que anteriormente tenía el nombre de Ayudantía Fiscal de Delitos conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, estuvo a cargo de la investigación que llevó a prisión a Balderrama, dijeron fuentes del caso.
“Personalidad psicopática”
Ni siquiera la cárcel pudo detener la pulsión pedófila de Balderrama, un hombre que, según se determinó en la causa por la que fue condenado a 50 años de prisión por hechos análogos a los que ahora se investigan, tenía “una personalidad psicopática”. Según surge de la sentencia de los jueces Fiumara, Grappasonno y Gayol, a la que tuvo acceso LA NACION, Balderrama “fue enfático en sostener que conocía los hechos que se le imputaban y que los admitía absolutamente a todos”.
“La reiteración delictiva [de Balderrama], en una repitencia colosal, demuestra su mayor culpabilidad. También el haber utilizado a su propia familia para la comisión ilícita no solo constituye extremo de mayor culpabilidad del autor, sino que demuestra la ausencia de todo tipo de valor en su constitución moral”, afirmaron los jueces en el fallo dictado el 11 de mayor de 2022.