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ARGENTINA: El Gobierno busca desactivar la amenaza de paro de la CGT y convoca a los gremios

Héctor Daer y Pablo Moyano, dos de los tres dirigentes que lideran la CGT Santiago Filipuzzi - LA NACION

ARGENTINA:

El ministro Guillermo Francos citó para mañana a la cúpula de la central obrera; será el primer encuentro oficial entre los sindicalistas y la gestión de Milei

En un intento de desactivar el segundo paro general contra la gestión de Javier Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, convocó para mañana a la tarde a la cúpula de la CGT a un encuentro en la Casa Rosada. Será el primer mano a mano oficial entre los funcionarios libertarios y los sindicalistas.

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El encuentro con Francos, del que también participará el flamante secretario de Trabajo, Julio Cordero, se dará un día antes de la convocatoria que hizo la CGT a sus gremios para definir una protesta para el 1° de mayo, que consistiría en un acto con movilización a la Plaza de Mayo. Además, antes de asistir a Balcarce 50, un grupo de gremialistas recibirá a miembros del bloque de senadores de Unión por la Patria en su afán de reunir consenso legislativo para rechazar la reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. De reestablecerse el tributo, casi un millón de trabajadores sufrirían quitas de sus salarios, según cálculos que hacen en la CGT.

“No se cuál es el interés de la convocatoria, pero es bueno que acepten dialogar de manera institucional”, valoró el llamado de Francos un jerárquico de la CGT consultado por LA NACION. Desde que comenzó la gestión de Milei, la CGT no había tenido interlocutores con el Gobierno. Hubo una excepción, con Armando Cavalieri, el eterno jefe mercantil, que avanzó por su cuenta en una negociación paralela con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para explorar cambios en el régimen de indemnización de su sector.

Francos y Cordero tuvieron un primer cara a cara informal con la CGT cuando la gestión de Milei daba sus primeros pasos y se cocinaba la letra chica del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, cuyo capítulo laboral, fue objetado en la Justicia y está a la espera de una resolución de la Corte Suprema. Por entonces, Cordero era asesor en la sombras del Gobierno y mantenía su cargo como abogado del Grupo Techint. En aquella cumbre secreta, que se desarrolló en la sede de la Uocra, nada de lo que se conversó se reflejó horas después en el decreto presidencial. El avance de Milei con la reforma laboral por decreto fue considerado una provocación para los gremios, que sintieron amenazados por primera vez en mucho tiempo su poder de representación y recaudación.

Ahora, el Gobierno pretende volver a la carga con una reforma laboral, aunque más light, sin avanzar contra los “aportes solidarios” ni contra las empresas como agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados, según informaron a LA NACION fuentes oficiales y sindicales. Tampoco se atentaría en el proyecto oficial contra el desfinanciamiento de las obras sociales, a las que se les mantiene el flujo de aportes a partir de lo que se recauda de los salarios de los trabajadores. Es decir, las cajas sindicales estarían ahora a salvo, a diferencia de lo que había proyectado Federico Sturzenegger, asesor presidencial, en el DNU.

Es posible que el oficialismo en Diputados le de impulso a un proyecto de Juntos por el Cambio y Hacemos Coalición Federal para hacer cambios en la legislación laboral hasta que la Corte Suprema o el Congreso defina la suerte del DNU de Milei.

Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, y Andrés Rodríguez, el virtual número tres, ya abrieron la puerta para avanzar en una reforma laboral. Lo manifestaron hace menos de un mes en una charla en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. “No tenemos ningún problema en consensuar la reforma laboral”, dijo Rodríguez aquella vez. Los gremios no objetarían modificaciones en lo relativo a las multas por contratación irregular, tampoco a un blanqueo ni a acortar los períodos de prueba.

La reunión de la CGT con Francos se concreta en un contexto de alta conflictividad, con los colectiveros de la UTA y los camioneros de Moyano en pie de guerra porque sus acuerdos salariales con los empresarios aún no fueron homologados por el Gobierno, y con el sector público en ebullición por los recortes que se dan casi a diario en diferentes dependencias.

 

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