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Antioquia alista ruta para alejar a los niños de la guerra

ILUSTRACIÓN ELENA OSPINA

POR OLGA PATRICIA RENDÓN M

Con el anuncio de una inversión superior a los $1.700 millones para el departamento de Antioquia, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, presentó la estrategia “Súmate por mí”, que busca prevenir el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes.

TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/

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Así lo destacó Gutiérrez durante una reunión realizada ayer en Medellín, en la que participó la Gobernación de Antioquia y los alcaldes de los municipios más afectados por el accionar de los grupos armados organizados y de las bandas delincuenciales que utilizan a los menores de edad en sus negocios criminales.

La propuesta, según explicó la consejera a EL COLOMBIANO, es que las familias en esos territorios puedan acceder a toda las oportunidades que brinda la institucionalidad: subsidios, educación, salud, deporte y, si se presentan casos en los que algunos niños deban salir de su lugares de residencia por amenazas de grupos armados o por alto riesgo de reclutamiento, ellos y su familia puedan contar con todo el respaldo para hacerlo de forma segura.

“Como sociedad y como Estado no podemos permitir que los criminales sigan destruyendo los sueños de nuestros niños y niñas, utilizándolos para sus fines delictivos. A nuestra estrategia ya se sumaron Nariño, Putumayo, Chocó, y ahora se suma Antioquia, y no descansaremos en nuestro recorrido por el país para lograr el compromiso de todos los mandatarios locales en esta cruzada contra el reclutamiento”, dijo Gutiérrez.

El caso Antioquia
En el caso de Antioquia, la alta funcionaria recordó que esta estrategia busca impactar positivamente a 1.700 menores de edad, a 550 familias y a 200 líderes y organizaciones sociales del departamento.

En la primera etapa, a través de la asistencia de Unicef y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “Súmate por mí” estará presente en 12 municipios: Anorí, Apartadó, Cáceres, Carepa, Dabeiba, El Bagre, Ituango, Tarazá, Turbo, Valdivia, Remedios y Zaragoza. Adicionalmente, con la asistencia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) llegará a Caucasia.

Además, desde la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, conformada por 22 entidades públicas, también se han priorizado otros 14 municipios: Bello, Chigorodó, Frontino, Maceo, Medellín, Murindó, Mutatá, Nechí, Olaya, Puerto Berrío, San Roque, Urrao, Yarumal y Yondó.

“Es un trabajo que desde el Gobierno Nacional no podemos hacer solos. Son los alcaldes municipales los que conocen su entorno, los que conocen sus comunidades, los que saben realmente lo que está ocurriendo”, destacó la Consejera.

Por esta razón, puntualizó Gutiérrez, “la estrategia ‘Súmate por mí’ trabaja en el fortalecimiento institucional en las regiones con presencia de grupos armados organizados y busca que todos los municipios priorizados cuenten con equipos de acción inmediata, con rutas de prevención del reclutamiento en funcionamiento y con planes de prevención del reclutamiento en el que se articule la oferta municipal, departamental y nacional”.

Por eso el secretario de Gobierno del departamento, Luis Fernando Suárez, manifestó la disposición que desde la Gobernación hay para “trabajar Unidos por la defensa de los derechos de la infancia de Antioquia. Todos debemos cerrar filas para prevenir el uso y reclutamiento por actores armados”.

El papel de las alcaldías
Los alcaldes deberán designar un enlace entre la administración local y el equipo territorial coordinador; socializar el proyecto en todas las instancias de articulación del municipio y regionales, incluidos los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); facilitar los procesos de fortalecimiento de capacidades a los funcionarios de las instituciones; y conformar los equipos de acción inmediata y las rutas de prevención del reclutamiento, entre otros.

Al respecto, Juan Camilo Piedrahíta, alcalde de Anorí, celebró que su municipio haya sido priorizado para la implementación de esta iniciativa, “porque esa gestión social es muy importante para mitigar el impacto del conflicto y seguir dando garantías de derecho, que es lo que necesitamos en estos municipios que estamos saliendo del conflicto armado y que queremos transitar hacia otra realidad. Sin esos recursos no podríamos llevar a cabo esta iniciativa”.

Y es que pese a la desmovilización del frente 36 de las Farc, que por décadas habitaron las montaña de Anorí, el riesgo para los niños, niñas y adolescentes no ha desaparecido completamente.

“Siguen existiendo grupos armados como las disidencias y el Eln, que si bien no tienen tanto poder como el que ostentó las Farc en su momento, siguen buscando a los niños para engrosar sus filas”, dijo Piedrahíta.

Al respecto, Gutiérrez enfatizó en que actualmente se dan dos formas de vinculación de los niños a dinámicas del conflicto armado, una es la vinculación del niño o adolescente al grupo armado como uno de sus miembros, y la otra es la utilización en su entorno habitual, como campanero (que avisa de la presencia de la Fuerza Pública o de otro grupo) y para el microtráfico.

De momento, hasta el 19 de noviembre los alcaldes tendrán tiempo para microfocalizar el territorio, y para el 25 de noviembre se dará la microfocalización poblacional. La idea es que en enero próximo el proyecto ya esté andando .

CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARÉNTESIS
ASÍ SE PRIORIZARON LOS MUNICIPIOS
Para esta estrategia fueron priorizados 200 territorios (197 municipios y tres corregimientos) en 26 departamentos que, según el índice de priorización de la Consejería, tuvo en cuenta lo datos entregados en el último informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de diciembre de 2019 según el cual un total de 672 menores se vieron afectados en incidentes entre julio de 2016 y junio de 2019. Así mismo, de las 158 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo emitidas entre agosto de 2018 y abril de 2020, de las cuales 106 informaban del riesgo de reclutamiento de menores de edad.

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