Juan Felipe Zuleta Valencia
Más de 200 camas de obstetricia desaparecieron de los hospitales de la ciudad en la última década. Las mujeres gestantes del régimen subsidiado son las que están en mayor riesgo. Las tarifas, el punto clave.
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Es inexplicable que en Medellín la ciudadanía no esté volcada a hablar sobre el cierre progresivo de servicios materno infantiles, algo que los profesionales de la salud califican, sin titubeos, como una eventual emergencia sanitaria.
Decir que en Medellín no hay camas donde nacer no es exageración. La Clínica del Rosario anunció que desde el 30 de junio cerrará su servicio de maternidad. Lo que se suma a la saturación de los servicios de parto de hospitales como el San Vicente, el deterioro en la prestación de la red pública de Metrosalud en las unidades de Belén y Manrique y el anuncio de la Clínica de las Américas Auna que comunicó la semana pasada que solo cuentan con una sala de partos, por lo cual señalan que no están en capacidad de asumir una demanda adicional a la que se viene prestando.
Llegar a este punto crítico de deterioro en la oferta de servicios materno infantiles ha tomado poco más de una década. Las cifras del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud indican que Antioquia tenía en 2012 una cifra aceptable de 1.049 camas de obstetricia que desaparecieron progresivamente desde entonces. Los cálculos actuales señalan que apenas superan las 800. No hay cifras exactas desde 2020 de cuántas de las 2.600 camas para todos los servicios materno infantiles (cuidados básicos, intensivos, intermedios, entre otras) siguen activas. Lo que sí se sabe es que desde 2013 el desmonte de estas camas es sostenido. Y ya en ese entonces eran insuficientes. Solo un dato para ilustrar: en Medellín nacen más de 27.000 bebés al año.
Detrás de esto hay causas estructurales. En 2016 la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia adelantaron un estudio para determinar los factores relacionados con el cierre de estos servicios en instituciones referentes como la Clínica de Las Vegas, la IPS Universitaria y otras cinco.
Encontraron, entre otras cosas, que el costo promedio en varias de estas IPS para el servicio de parto era de $1.088.710. Sin embargo, solo recibían en promedio $1.028.049 por parte del asegurador al que estaba afiliada la materna. La cesárea tenía un costo promedio de $1.410.819 y solo recibían en reembolso $1.257.467. Mejor dicho, trabajaban a pérdida.
Según el Sindicato Nacional de Ginecología y Obstetricia –Sogos–, la lógica de la rentabilidad, en la cual se reducen los incentivos para que los prestadores de salud conserven los servicios materno infantiles y se vean obligados a operar a pérdida, ha creado en el país, y particularmente en la capital antioqueña, un círculo vicioso. Entonces, los servicios colapsan, se satura la red entre las IPS que siguen operando y el resultado termina siendo la afectación en la atención a las maternas, complicaciones, quejas de las gestantes, largas esperas, falta de cupos y una sobrecarga laboral del personal de salud.
La médica ginecobstetra Luz Elena González dice que esta crisis supone una peligrosa barrera para garantizar el parto humanizado, que recordó que no es opcional sino obligatorio (Ley 2244 de 2022). La especialista señala que en los servicios de parto se debe garantizar la existencia de todos los insumos, recursos y tecnología necesarios para ofrecer una atención digna. “La ley se hizo necesaria porque en el país la violencia obstétrica se había convertido en algo sistemático, arraigado. Las mujeres gestantes tienen derecho a no recibir ningún trato denigrante, a ser atendidas e ingresadas sin ninguna barrera administrativa, a tener acompañamiento de alguien de confianza en el proceso si así lo desea, a tomar decisiones sobre el parto basada en información clara”, explicó la médica.
Sin embargo, la especialista coincide con las declaraciones del Sindicato de profesionales que señala que el parto humanizado en Medellín está en riesgo y que, aunque sea una verdad incómoda, con el cierre de servicios materno infantiles están proliferando procedimientos cuestionados como la administración intravenosa de pitocin para inducir el parto; el uso de instrumentación como ventosas y fórceps para acelerar el procedimiento, algo que puede causar lesiones, por lo cual solo es recomendable en casos de extrema necesidad; y las altas prematuras a maternas y bebés, lo cual puede acarrear, en ciertos casos, complicaciones.
¿Qué hacer?
Desde hace cinco años varios hospitales del país le entregaron al Ministerio una propuesta para establecer un manual tarifario que garantizara la sostenibilidad de estos servicios, ajustado a los procesos y procedimientos. Sin embargo, no prosperó, por lo que los gremios piden revisar de nuevo su viabilidad. El otro gran problema que advierte Sogos es la enorme cartera morosa de las EPS para cumplir con los pagos a las IPS por estos servicios. En aras de la política de poner en cintura a las EPS que ha declarado la Supersalud y el gobierno Petro, este debería ser un caso prioritario de atención del Estado para intentar estabilizar la red de estos servicios en Medellín.
Pero el gran problema es que en los espacios de decisión nadie está hablando del asunto. Ni el Concejo ni mucho menos la Alcaldía, es como si la ciudad hubiera decidido cerrar los ojos y desentenderse del hecho de que en Medellín hasta nacer está difícil.