Ante el Concejo radicó un proyecto cuyo estudio fue aplazado porque tiene serias deficiencias en su formulación.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
Después de tres años sin mover un solo ladrillo, la Alcaldía de Medellín radicó ante el Concejo un proyecto de acuerdo con el que pretende comprometer vigencias futuras para construir la cárcel metropolitana, tal como ordenó la Corte Suprema en 2019.
Lo que presentó la Alcaldía para al Concejo es una cárcel con capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad distribuidas en seis pabellones, en un lote de 30 hectáreas ubicado en San Cristóbal que tiene tres dueños: la Alcaldía de Medellín (55%), la Policía (35%) y un privado (10%).
Según lo explicó el secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo, después de definir los diseños entre 2023 y 2024 y empezar la construcción en 2024, la pondrían a funcionar en 2026. El proyecto está pensado para ejecutarse con una alianza público-privada, en la que el privado tendrá a cargo el diseño, la construcción, mantenimiento de infraestructura y todo lo que implique la operación, alimentación de detenidos y talleres de formación. La Alcaldía, por su parte, administrará el lugar, el personal de guardia y brindará servicios básicos a los sindicados.
Para llevar a cabo todo esto le piden al Concejo que apruebe $56.200 millones anuales durante 12 años, es decir, $675.000.
Y hasta ahí llegan las claridades que entregó la Alcaldía. Lo que sigue es terreno confuso, preguntas y grietas que nadie en la Alcaldía ha salido a resolver.
En el repertorio de interrogantes figura el del lote. La concejala del Centro Democrático Leticia Orrego advirtió que después de revisar el proyecto no aparece por ninguna parte cuánto valió el predio y cuál es el estudio técnico que respalda su viabilidad para albergar la cárcel, información básica con la que tienen que discutir el proyecto en el Concejo y que el Distrito no les ha entregado todavía.
Orrego señaló que la alcaldía de Daniel Quintero no ofrece ninguna garantía para la aprobación de dichas vigencias, luego de tres años de negligencia con la obligación de la Corte que a última hora quisieron corregir con un proyecto lleno de irregularidades.
Es pertinente recordar que la sentencia de la Corte les daba un plazo de 40 meses a la Alcaldía y a los municipios del área metropolitana para construir la cárcel y acabar con el hacinamiento que padece el Valle de Aburrá y que mantiene en deplorables condiciones a cientos de detenidos en las 27 estaciones de policía existentes.
Pero aunque ese plazo expiraba en abril próximo, la Sentencia de Unificación SU122/22 de la Corte Constitucional le otorgó el año pasado seis años más de plazo para que esta cárcel esté operando.
Por ello la concejala Orrego insistió en que este proyecto debe discutirse el próximo año para que se ejecute con plenas garantías durante el siguiente cuatrienio.
Quien también tiene una postura negativa frente a esta discusión es la concejala Claudia Ramírez, quien tras el primer debate de este proyecto, el pasado 27 de febrero, advirtió falencias financieras.
La corporada señala que la Alcaldía quiere jugar con la narrativa de una urgencia que no tuvo durante los tres años anteriores, para lograr la aprobación de un proyecto que no tiene ninguna claridad sobre el modelo financiero.
A Ramírez le parece insólito que la agencia APP proyectara un valor del dólar de $3.842, muy inferior al promedio de $4.370 de valor promedio en los últimos 12 meses y de $4.670 en los recientes seis meses. Semejante desajuste indica, a juicio de Ramírez, que las proyecciones que hicieron para el proyecto fueron hechas en 2021 o máximo a comienzos de 2022, dejando por fuera un reguero de variables como el aumento de los costos de materiales y las tasas de interés.
Para la concejala el proyecto que presentó la Alcaldía con una proyección y estructuración financiera tan desactualizadas es ofensivo para el Concejo y para la ciudadanía.
Lo que va a ocurrir, en consecuencia –señala– es que seguramente este proyecto presentado a 15 años termine concediéndose a 30 o más años, “o lo que es peor, terminará demandando nuevas vigencias futuras para hacerle frente a posibles sobrecostos”.
El distrito no solo quedaría endeudado sino que ni siquiera garantizaría una verdadera solución para la crisis carcelaria, de derechos humanos y de seguridad. El defensor de la población privada de la libertad, Jorge Carmona, señaló que la capacidad proyectada es ampliamente inferior para solventar los problemas de hacinamiento.
Actualmente hay 2.044 personas privadas de su libertad en 27 estaciones de policía, mientras que la capacidad carcelaria es de 643 personas, es decir, hay un hacinamiento de más del 800%.
Las cuentas que hace la Alcaldía es que en 2026, cuando empiece a operar la cárcel metropolitana, el Distrito quede con una capacidad para 2.382 detenidos, apoyándose en las 27 estaciones y el centro transitorio de Aures. Sin embargo, para Carmona es evidente el desfase de la capacidad de la cárcel teniendo en cuenta el aumento de la población para 2026. Los cálculos indican que para cuando ésta entre en operación, el Distrito seguiría con un 40% de desfase de capacidad frente a la demanda de cupos carcelarios. Es decir, se habrán invertido millonarios recursos sin cumplirle a la Corte y a la ciudadanía.
El segundo debate estaba agendado para ayer, pero ante la serie de cuestionamientos planteados por los concejales, la Mesa Directiva del Concejo aceptó que se suspenda, por ahora, la discusión del proyecto, hasta que la Alcaldía resuelva los vacíos.