Actualmente hay 6 en funcionamiento en Soledad, Malambo, Sabanalarga, Suan y Galapa. Gobernación insta al cumplimiento de los lineamientos vigentes.
TOMADA DE:https://www.elheraldo.co/
Mayor seguridad en la cadena de suministro de carne, mayor capacidad de inspección y control, reducción de costos de transporte y desincentivo para actividades ilícitas son algunas de los aspectos positivos que tendría la medida de reactivación de los mataderos municipales que fue anunciada recientemente por el Gobierno nacional.
Así lo destacó la Gobernación del Atlántico, que también expuso que este proceso debe generar un trabajo articulado entre las autoridades competentes y las alcaldías municipales, con el fin de cumplir con los lineamientos que se encuentran vigentes en esta materia.
De acuerdo con la administración departamental, es necesario que se mantenga una continua vigilancia y contar con políticas y regulaciones eficaces, así como fortalecer la coordinación para combatir el abigeato de manera eficiente.
Asimismo, la administración departamental expresó sus inquietudes ante la poca información relacionada con la apropiación de funciones como la revisión de requisitos habilitantes y seguimiento a estos espacios para el cumplimiento de normas en salubridad para garantizar que son libres de contaminación y aptos para el consumo humano.
Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) expuso que en la historia del departamento han existido alrededor de 20 mataderos, de los cuales 14 están inactivos.
Indicó que los mataderos que aún funcionan son: uno en Soledad, dos en Malambo, uno Sabanalarga, uno en Suan y uno en Galapa.
Además, expuso que los que cerraron corresponde a los mataderos de Baranoa, Luruaco, Palmar de Varela, Manatí, Polonuevo, Piojó, Ponedera, Repelón, Sabanagrande, Santa Lucía, Santo Tomás, Tubará y Usiacurí.
La autoridad ambiental puso de presente que las administraciones municipales y distritales, en el marco de su competencia y autonomía, tienen la potestad de ordenar su territorio y reglamentar los usos del suelo. “Por lo tanto, es el ente territorial el que puede determinar las condiciones del territorio”.