Reducir desigualdad, uno de los retos para cumplir los objetivos. Informe especial.
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Hace unos años se proyectó que para 2020 el 90 por ciento de las personas que vivirían con el VIH debían conocer su estado serológico; de ese grupo, el 90 por ciento debía estar recibiendo tratamiento antirretroviral (TAR), y de ese grupo, el 90 por ciento debía tener supresión viral.
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La estrategia en efecto ‘cascada’ era conocida como 90-90-90 y buscaba que, al final, al menos el 73 por ciento de las personas con el virus tuvieran carga viral suprimida -se refiere a quienes tienen menos de 200 copias de VIH por mililitro de sangre y pueden no transmitir el virus-. Este año, cuando se cumplieron cuatro décadas de la primera descripción clínica del VIH en el mundo, los porcentajes cambiaron con el fin de lograr el objetivo trazado: ahora los tres indicadores deberían estar en un 95 por ciento para 2030.
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¿Cómo está Colombia?
Según lo reportado por el Ministerio de Salud, basado en la herramienta Spectrum del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / Sida (Onusida), que usa datos del Sistema de Salud Pública (Sivigila), la Cuenta de Alto Costo, los estudios de prevalencia en poblaciones clave y los datos de mortalidad del Dane, se estima que para 2020 en el país había 177.871 personas con VIH. De ellas, 126.466 estaban diagnosticadas y notificadas en el sistema, es decir, el 71,1 por ciento.
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Sin embargo, cuando se analizan los datos desagregados, el porcentaje cambia según lo registrado en las entidades: el más reciente informe de Onusida señala que el 68 por ciento de un total de 180.000 sabe su diagnóstico -promedio cercano al reportado por Minsalud-, mientras que para la Cuenta de Alto Costo, el indicador para el mismo año es del 94,63 por ciento de un total de 123.490 casos.
Sobre el segundo indicador, Onusida registra que 114.991 personas que conocían su diagnóstico estaban en tratamiento en 2020, es decir, el 64 por ciento. La Cuenta de Alto Costo indica que para ese año, 104.422 estaban en TAR, es decir, el 89,35 por ciento.
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Respecto al último indicador, según Onusida, el 57 por ciento de las personas que estaban en tratamiento antirretroviral tenían carga viral suprimida. La Cuenta de Alto Costo lo registra así: 66,5 por ciento de personas con menos de 50 copias de VIH por mililitro de sangre, 73,4 por ciento de aquellos con menos de 200 copias por mililitro, y 77,1 por ciento de los que registraban menos de 1.000 copias por mililitro.
A nivel regional, en América Latina, tampoco se lograron las metas propuestas. Onusida reporta que el año pasado, en promedio, el 81 por ciento de las personas con VIH sabían de su diagnóstico; de ese grupo, solo el 65 por ciento estaba en tratamiento, y de ese grupo, el 60 por ciento tenía carga viral suprimida. En el mundo, se registraron 1,5 millones de nuevos casos y se estima que 37,7 millones de personas viven con el virus en el planeta —36 millones de adultos y 1,6 millones de menores hasta 14 años—.
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Ahora bien, la organización estima que el año pasado murieron en Colombia cerca de 3.000 personas por enfermedades relacionadas al Sida, una cifra menor a la reportada en 2010, cuando fallecieron 7.200 personas. En el mundo, en 2020, alrededor de 680.000 personas murieron por esta causa.
Otro dato que llama la atención es que, cada semana, en promedio, 5.000 mujeres entre 15 y 24 años contrajeron VIH. En Colombia, se estima que al menos 740 mujeres adquirieron el virus el año pasado.
El coletazo del covid
Las tres zonas del país que más concentraron casos prevalentes de VIH en 2020 fueron Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, según datos de la Cuenta de Alto Costo.
EL TIEMPO les preguntó a las secretarías de salud de Bogotá, Medellín y Cali sobre la situación actual en cada ciudad. Según los datos que reportaron -basados en el Sivigila-, en lo corrido del año se han reportado 3.374, 1.655 y 889 nuevos casos respectivamente.
Sobre esto, informan que, por la pandemia, hubo una leve reducción de casos. La razón, según señalan, se debería a la falta de realización de pruebas por las restricciones y cuarentenas, algo en lo que coinciden los expertos en salud. “Por los confinamientos, la utilización de servicios exclusivos para covid y el temor de ir a un hospital, las personas no accedieron a hacerse pruebas de VIH, lo que hizo caer la notificación de casos. No es que ahora se diga que hay una subida de casos, sino que las personas están volviendo a acceder al diagnóstico”, explica Ricardo Luque, coordinador de Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de Salud.
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“En este momento hablar de menos casos de VIH puede ser malo porque quiere decir que no se hicieron las pruebas diagnósticas necesarias. Lo que se vio fue una reducción en el número de pruebas y una interrupción en el acceso al tratamiento, lo que generaría consecuencias que no se verán de forma inmediata, sino a mediano o largo plazo”, advierte Alejandra Corao, directora de Onusida para América Latina.
Sobre esto, el Ministerio de Salud señala que,”la baja en la notificación de algunos departamentos no significa que la epidemia allí se esté controlando o similar. Por el contrario, la dificultad en captar los casos puede revelar debilidades en la gestión de salud pública o barreras de acceso a los servicios. En tales circunstancias, muchas personas pueden acudir a los servicios de salud con diagnósticos tardíos o con Sida”.
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En la semana del 15 al 21 de noviembre -la última registrada en el calendario epidemiológico del Sivigila-, Bogotá reportó 179 casos, Medellín, 45, y Cali 35. Las entidades de salud aseguran que, con la reactivación, ha habido un aumento en la curva de reportes de casos porque las personas han regresado a los servicios de salud.
Más que promedios
El informe de Onusida pone sobre la mesa un tema que va más allá de los porcentajes pactados para el 2030: las realidades detrás de las cifras. En Colombia, por ejemplo, aunque la prevalencia general del VIH en promedio es del 0,4 por ciento, en poblaciones clave como las personas en cárceles es del 0,7 por ciento; en los trabajadores sexuales es del 1,2 por ciento; en los hombres gay y hombres que tienen sexo con hombres es del 17 por ciento, y en las personas trans es del 21,4 por ciento.
“Lo que pedimos ahora es que ese 95-95-95 sea para poblaciones específicas. Es decir, que se tengan datos desagregados que reflejen las realidades por población en un tiempo y espacio específico”, dice Alejandra Corao.
Pero sobre este punto aparece otro problema: la discriminación y los estigmas. Para nadie es un secreto que la realidad en las ciudades capitales es distinta a la de municipios en regiones y aún hay señalamientos directos y tácitos en los servicios de salud. “Hay personas que sienten que los procesos son violentos porque les cuestionan por su intimidad y los cuestionan por hacerse las pruebas, sobre todo en población gay y trans”, explica Miguel Ángel López, activista y cofundador de la corporación ‘Más que tres letras’. “Hay un problema grande con la universalidad de las pruebas gratuitas porque no todos pueden acceder a ellas. Ahora, se han preguntado, ¿cuánto VIH hay en la Colombia rural? Puede que haya pruebas, pero la gente no se siente segura”, dice.
Esa realidad se profundiza en zonas donde decir que se tiene VIH puede ser una sentencia de muerte o donde ni siquiera los servicios de salud están disponibles. EL TIEMPO conoció los casos de una persona de una zona rural que tenía que pedirle a su médico que le cambiara de envase los medicamentos para su tratamiento porque había recibido amenazas y de otra que no iba al centro médico del pueblo porque era atendido por un vecino que guardaba poca confidencialidad.
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Esto supone un reto de salud pública para las administraciones locales y el Gobierno Nacional. Desde las Naciones Unidas sugieren crear estrategias que reduzcan las brechas de desigualdad, se le permita el acceso a tratamientos y pruebas a las personas en condición de vulnerabilidad, y se oriente a los profesionales de la salud a abordar la epidemia. “Falta información de calidad y educación puntual basada en la experiencia de vida. Las estrategias tienen que ser realizadas desde pares. Hay campañas de salud sexual que tienen algo de prejuicios”, advierte Pablo Suárez, usuario de PrEP y activista.
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DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ*
Periodista de Reportajes Multimedia
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