Varias familias de Marialabaja, que pertenecen a un colectivo de víctimas del conflicto armado, denuncian que se quedaron sin tierras para sembrar. Conozca las razones.
Preocupados. Así están los miembros de 10 familias que pertenecen al colectivo de víctimas del conflicto armado de Marialabaja, quienes señalan que desde hace dos años arrendaron unas tierras para sembrar diferentes productos y con esto obtener ingresos. Sin embargo, hace una semana les dijeron que estas tierras tenían otros dueños, por lo que ahora quedaron “en el aire”.
“Nosotros somos víctimas del conflicto armado y ahora nos vulneran nuevamente nuestros derechos. Cuando hicimos los contratos de arriendo con el que era el dueño de las tierras, nos mostró las escrituras y título de posesión a su nombre, por eso accedimos a hacer los contratos”, explica Eljath Mendoza, líder del colectivo.
Y añadió: “A nosotros sí nos habían dicho que esas tierras tenían un lío jurídico que estaba en curso, pero al ver todos los documentos en orden, no dudamos en arrendarlas. Además, nosotros como víctimas aún no hemos recibido la indemnización del Estado, por eso con recursos propios decidimos comenzar a sembrar en estas siembras”.
Los hechos
El líder le contó a El Universal que en todo este tiempo venían trabajando en el predio sin inconvenientes. “Incluso, renovábamos los contratos semestralmente, cada vez que íbamos a comenzar una nueva cosecha”, comentó. Pero todo cambió de la noche a la mañana.
“Nosotros llegamos a recoger la cosecha, porque ya hay algunas siembras que están para recolectar y vender, pero nos encontramos con que no nos dejaban entrar porque el fallo salió a favor de la otra familia que alega ser dueña de las tierras”, explicó. Y agregó: “Nos dicen que no podemos recoger nuestro trabajo. Eso no puede ser así, trabajamos mucho por hacer estas siembras. Que no nos arrienden más, pero que nos dejen hacer la recolecta. Es lo único que nos interesa ahora”.
Las familias tienen siembras de maíz, frijol, arroz palanqueado y yuca.
Este medio intentó comunicarse con las autoridades municipales para ver si conocen esta situación, pero no se obtuvo respuesta.
“No solo somos las 10 familias las que sufrimos, también son todas esas otras que se beneficiaban con un trabajo o por adquirir nuestros productos. Vendíamos aquí en Marialabaja, Barranquilla y Cartagena”, finalizó el líder.