CRISTIAN ÁLVAREZ BALBÍN
Se firmó por $203 millones y tuvo 7 prórrogas. Alcaldía lo defiende y la empresa aún no responde.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
En el municipio de Bello celebraron un contrato de aseo en colegios con la empresa Servicios Integrales S.I. SAS, pactado inicialmente por un valor de $203.724.010, pero que tras siete prórrogas terminó costando 17 veces más, exactamente, $3.401.531.690.
El tiempo de ejecución del contrato pasó de 37 días a 317 días. Una rareza que necesita ampliar las explicaciones.
Pese a lo llamativo del asunto, desde la Secretaría de Educación dicen que el contrato estuvo apegado a la normativa. Todavía no se conoce la versión de la empresa, pero esto encontramos.
El objetivo del contrato 056 de 2021 era garantizar el aseo de 66 colegios, con un personal de 68 aseadores que brindarían este servicio a partir del 25 de enero y durante 37 días. Cabe resaltar que entre marzo y julio del año pasado las aulas no estuvieron copadas, pues Bello apenas autorizó el retorno a los salones de sus 56.000 estudiantes y 2.000 funcionarios educativos el 6 de julio.
Pese a esto, el 18 de febrero se hizo la primera prórroga por 18 días y la primera adición por casi $99 millones. Otra adición, hecha el 11 de marzo por más de $843 millones, fue justificada por la Aministración con el incremento de 69 a 147 aseadores. También se avaló una nueva prórroga por 72 días.
Alegando incremento de casos Covid en Bello, el 21 de mayo se otorgó una nueva prórroga de 60 días y una adición de más de $703 millones de pesos. El 28 de julio hubo otra adición por $351 millones y de 30 días. El 28 de agosto sucedió la quinta prórroga y adición por el mismo valor y días que la anterior.
Según los documentos oficiales, pese a que los casos de covid en Bello estaban disminuyendo, la alerta amarilla que regía en el municipio y el inicio de la vacunación de menores fueron otras justificaciones para nuevas adiciones. El 9 de septiembre se adicionaron $726 millones y dos meses más.
Finalmente, el 29 de noviembre se autorizó la última prórroga por 10 días y la última adición por $121 millones, llegando a más de $3.401 millones y 317 días. Es decir casi 17 veces su valor y 8 veces más su duración inicial.
Bajo el ojo de la Contraloría
Servicios integrales S.I. SAS se fundó en mayo de 1990 con el nombre inicial de Servicios Integrales Limitada Servicial Ltda.
En su acta de certificado de existencia y representación legal, se define como una empresa pequeña ubicada en una torre de apartamentos en Laureles, mientras que en su certificado de proponentes aparece como mediana empresa.
Según sus propios datos, a la empresa le han otorgado más de 40 millonarios contratos estatales en municipios como Carepa (con 15), Chigorodó (con 9) y Apartadó (con 21). Allí, en 2015 le adjudicaron cuatro contratos por más de $4.000 millones y, en 2018, cinco que sumaban poco más de $3.000 millones.
La Contraloría les puso el ojo a dos de estos contratos; uno en Carepa y otro en Apartadó, el 30 de marzo de 2017, en una notificación por aviso de apertura de un proceso de responsabilidad fiscal a dicha alcaldía, pues en la revisión de un contrato de $1.662 millones con esta empresa se evidenció que se canceló la totalidad del mismo cuando el servicio se prestó apenas por 334 de los 365 días pactados, lo que habría derivado en un presunto detrimento de $120 millones.
¿Qué dice la alcaldía?
Según Nubia Valencia Montoya, secretaria educación de Bello, el contrato era necesario ejecutarlo, pues Bello no tiene capacidad propia instalada para esta tarea. Además, señaló que el aseo de las sedes de educación está comprometido en los indicadores del Plan de Desarrollo.
Valencia también señaló que con este contrato se garantizó no solo el aseo de sedes escolares, sino también la mitigación del covid, garantizando todos los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas.
“Además, vale la pena decir que las prórrogas al contrato 056 son fruto de un estudio juicioso y están habilitadas por el Comité de Contratación del municipio, que en su juicio —luego de revisar la justificación y la normatividad vigente— las encontró ajustadas a las mismas”, explicó.
La secretaria también indicó que el Gobierno Nacional (en el marco de la emergencia sanitaria) expidió el Decreto 0537 del 12 de abril del 2020 que permite que todos los contratos celebrados por entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la pandemia podrán adicionarse sin limitación al valor mientras se mantenga la emergencia sanitaria.
“El municipio no tiene la capacidad de contratar todo de una vez. El dinero sale de distintas fuentes, como recursos propios o de dineros para servicios técnicos. Por eso en la medida que van llegando los dineros los vamos sumando al contrato, máxime en el marco de esta emergencia”, argumentó.
Finalmente, sobre las menciones de la empresa en los informes de Contraloría, la Oficina Jurídica del municipio informó que estaban enterados de estos al momento de la contratación. Sin embargo, señaló que la representante legal, Claudia Jiménez, no tiene antecedentes fiscales, lo que quiere decir que el hallazgo que la menciona no quedó en firme, por lo que hasta ahora no tiene ninguna inhabilidad.
La oficina también indicó que aún si el hallazgo fue imputado a Servicios Integrales Ltda, esta no sería la misma razón social que contrata con el municipio en 2021, ya que la contratación es con Servicios Integrales SAS. Además, manifestaron que toda contratación hecha por la alcaldía con personas naturales o jurídica debe tener la expedición del antecedente penal, disciplinario, fiscal y de medidas correctivas, hecho que Jiménez cumplió.
EL COLOMBIANO trató de comunicarse con la representante legal de la empresa. Sin embargo, no hubo respuesta a las llamadas.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARA SABER MÁS
SOBRE LA EMPRESA Y OTRO HALLAZGO
Según la información reportada, su principal actividad es la limpieza general de interior de edificios, y como secundarias le aparecen la construcción de carreteras y vias ferroviarias, actividades de provisión de talento humano, y el comercio al por mayor de materiales y herramientas de construcción. En el informe al Hospital de Carepa, la Contraloría de Antioquia mencionó el contrato CPS 048 por valor de $42 millones entre el hospital y la empresa, como uno de los contratos que evidenció que las carpetas físicas no tenían propuestas técnicas o de servicios, no tenían evaluación ni selección del oferente por el Comité de Contratación, ni oficio de adjudicación.
