Se trata del contrato del Proyecto de construcción y equipamiento del establecimiento de reclusión del orden nacional -ERON de Mediana Seguridad Etapa I, Sábanas de San Ángel, en el municipio del mismo nombre.
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La Contraloría General de la República alertó al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y al Jefe de Control Interno de la misma entidad sobre la posible pérdida de $291.497 millones destinados para la construcción y equipamiento del Establecimiento de Reclusión Sábanas de San Ángel, en el Magdalena.
Con este proyecto, se busca implementar 1.974 nuevos cupos para población privada de libertad. La suma mencionada corresponde a dos contratos: uno de obra por $275.401 millones y otro de interventoría por $16.096 millones.
El comunicado del órgano de control detalló que, el contrato de obra se suscribió sin contar previamente con los estudios y diseños necesarios de factibilidad de la acometida y expansión de la red externa eléctrica para el proyecto. Además, no hubo un estudio previo que permitiera la estructuración de las comunicaciones, su funcionalidad y operación.
Inicialmente se pactó la suspensión del contrato de obra por el término de 45 días, ante la ola invernal y algunas situaciones de seguridad, no obstante, dicha situación se prolongó.
Y el pasado 20 de diciembre de 2022, se suspendió la obra, sin que a la fecha de presentación del informe de la Contraloría que origina la presente alerta, se haya logrado el reinicio de la construcción.
Para la Contraloría, la prolongada suspensión de la obra (más de 5 meses) genera alta posibilidad de que se requiera la inversión de mayores recursos a los inicialmente presupuestados, para su terminación y puesta al servicio, por cuenta del deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados en la obra, así como de las obras ejecutadas hasta el momento.
Se considera que hay una alta posibilidad de que la USPEC se vea inmersa en situaciones de carácter judicial, por cuenta de las acciones que puedan iniciar el contratista y la interventoría, ante la extensa suspensión del contrato y los daños derivados.
Entre los riesgos detectados por la CGR, se encuentran:
1. Debilidades en la etapa de planeación por cuenta de los aspectos relacionados con los estudios y diseños faltantes.
2. Posible incumplimiento del plazo establecido en el contrato de obra para la ejecución, terminación, entrega a entera satisfacción y puesta al servicio del establecimiento penitenciario y carcelario.
3. No implementación de los nuevos 1.974 cupos para la población privada de la libertad, ante la falta de acciones efectivas, soluciones y/o alternativas para la continuidad y desarrollo del proyecto.
4. Posible inversión de mayores recursos a los estimados inicialmente para la ejecución del proyecto, la terminación de la obra y puesta al servicio, por cuenta del deterioro de los equipos y la misma obra, dado los más de 5 meses de suspensión del contrato.
5. Incumplimiento a lo establecido en el Documento CONPES 3871 del 3 de noviembre de 2016, en lo que atañe a la creación de nuevos cupos y fortalecimiento de la infraestructura carcelaria, en aras de generar condiciones dignas a la población privada de la libertad y la consecuente descongestión carcelaria.
6. Posibles situaciones litigiosas para la USPEC, ante las presuntas afectaciones causadas al contratista e interventor, por cuenta de la suspensión del contrato, situaciones que han sido puestas en conocimiento de la Unidad por aquellos.