POR VANESA RESTREPO |
El paisaje cafetero enmarcado por el río Cauca, que caracteriza al Suroeste de Antioquia, se convirtió en el escenario de la más reciente disputa entre grupos delincuenciales que quieren controlar la venta de droga y hacerse a otras rentas ilegales como la extorsión.
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La problemática de seguridad en esa región es tan crítica que el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, reconoció que esa es su mayor preocupación por estos días. “Hay un incremento de homicidios muy grande, en una región que es clave estratégica y económicamente”, dijo.
Las cifras le dan la razón. En el primer semestre de 2020 el Suroeste fue la única región en la que aumentaron los homicidios. Y eso no es poco, si se tiene en cuenta que en Antioquia hay conflictos activos como la disputa por minería ilegal y venta de drogas en el Bajo Cauca, Nordeste y Norte.
Según la Policía Antioquia, entre el 1 de enero y el 6 de julio, en esa zona hubo 157 homicidios, 45,4 % más que en el mismo período de 2019. Más del 70 % de esos crímenes ocurrieron en zona rural y con armas de fuego.
Jorge Ignacio Castaño, secretario de Gobierno de Antioquia, reconoció que con ese indicador ya en muchos municipios “perdimos el año. Eso quiere decir que en algunos ya se superaron las cifras consolidadas de 2019”, dijo.
Castaño se refiere a casos como el de Ciudad Bolívar, que el año pasado sumó 30 muertes violentas y en lo que va de 2020 lleva 37, y Urrao, que tuvo 19 homicidios en 2019 y este 2020, en apenas seis meses, ya lleva 23.
Un conflicto en escalada
El coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía Antioquia, empezó a ver indicios de una lucha armada en el Suroeste en los primeros días de diciembre de 2019. Los agentes de la zona, habituados a decomisar machetes y pistolas, se encontraron con revólveres y algunos fusiles. Ya van más de 120 decomisados.
Con la llegada del 2020 la situación se complicó más. Urrao fue uno de los primeros territorios en sentir la llegada de los delincuentes: durante enero hubo ocho homicidios, 300 % más de lo que habían tenido en el mismo mes de 2019.
Entre las víctimas estaba Alfonso Rodríguez Montoya, un guía turístico de 46 años que fue acribillado frente a un grupo de turistas con el que acababa de hacer un recorrido por el Páramo del Sol. El hecho conmocionó a los locales y obligó a la Fuerza Pública a hacer despliegues adicionales de vigilancia.
En febrero hubo alzas en homicidios en Ciudad Bolívar (8 casos), Salgar (4) y Andes (4). En marzo y abril, a pesar de que todo el país estuvo en una cuarentena estricta las cifras no cedieron y para mayo y junio hubo aumentos en el indicador de muertes violentas (ver gráfico).
“Lo curioso es que todos los indicadores delictivos están a la baja, excepto el homicidio: tenemos menos hurtos, menos lesiones personales, etc”, dijo el coronel Cabra.
En junio las alarmas saltaron. El viernes 12, el Gaula capturó a tres personas señaladas de extorsionar a comerciantes. Y tres días después, el lunes festivo 15 de junio, hombres armados llegaron hasta una finca de la vereda San Bernardo de los Farallones, en Ciudad Bolívar, y acribillaron a tres hombres y una mujer.
EL COLOMBIANO estuvo en la zona y recibió el testimonio de un joven que fue intimidado por hombres armados que le habían exigido participar de la masacre a cambio de $500.000. El muchacho se negó y acudió a las autoridades, pero los ilegales siguieron sus movimientos.
El coronel Cabra confirmó que las investigaciones continúan y que están perfilados los responsables, pero que hasta ahora no se han logrado las capturas.
Causas y consecuencias
Para el gobernador (e) Suárez, el asunto pasa por una disputa estructural de bandas que nacieron en la región y hoy reciben apoyo de “la Terraza”, una de las estructuras criminales más antiguas de Medellín:
“Son estructuras criminales confederadas del Valle de Aburrá que quieren controlar la venta de estupefacientes”.
Su rival es el Clan del Golfo, que, según los reportes de inteligencia, estuvo expandiéndose por el cañón del río Cauca, luego de tener enfrentamientos en las regiones de Bajo Cauca y Occidente, y que busca una salida directa a Chocó vía Ciudad Bolívar, y al Eje Cafetero a través de la Troncal del Café.
El coronel Cabra indicó que la modalidad que usan los delincuentes es la entrega de droga a domicilio, especialmente en las grandes haciendas cafeteras.
Jimmy*, un recolector que ha estado en la cosecha cafetera de los dos últimos años, aseguró que en algunas fincas el pago incluye dosis de droga, pero que cada vez es menos común: “La Policía está llegando a las fincas, entonces ya los mayordomos prefieren no pagar con bazuco, sino con plata, y ya cada cuál verá dónde compra. Quién sabe cómo funcionará este año con las prohibiciones de salir por el coronavirus”.
Mauricio Márquez, alcalde de Ciudad Bolívar, señaló que él y sus colegas de la región están en alerta porque en las próximas semanas se espera la llegada de más de 40.000 recolectores de café.
Acciones conjuntas
La Secretaría de Gobierno de Antioquia ya tiene listo el Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Antioquia (Pisc), en el que se contemplan estrategias para combatir el crimen en todas las regiones, especialmente en aquellas con conflictos activos como en el Suroeste.
“Nuestra tarea es articular los esfuerzos de toda la fuerza pública y los organismos de justicia”, dijo el secretario Castaño.
Una de las principales metas de ese plan es tener un sistema de vigilancia departamental, en el que se conecten las cámaras de seguridad de los municipios por fuera del Aburrá.
“El reto ahí es poner a conversar todas esas tecnologías porque hay municipios que tienen cámaras de última generación pero otros no. Estamos en conversaciones con el Gobierno Nacional”, dijo.
La otra meta es tener un observatorio, similar al Sisc de Medellín, para monitorear los indicadores delictivos, unificar las estadísticas que hoy manejan más de seis entidades, y así poder hacer análisis predictivos que hagan más efectiva la lucha contra el crimen.
En los municipios también hay acciones en curso. Los alcaldes de la región están trabajando en sus planes de seguridad y convivencia locales, y todos tienen la lucha contra el microtráfico como prioridad.
En Ciudad Bolívar, el alcalde Márquez dijo que en su municipio ya operan 15 cámaras, pero hay un proyecto para instalar 10 nuevas con tecnologías LPR (reconocimiento de placas) y de identificación o reconocimiento facial.
En Urrao está en marcha un proyecto similar con el que se instalarían dos cámaras LPR en cada una de las tres entradas al municipio, además de otras tres de reconocimiento facial y 23 cámaras convencionales.
“Ya dotamos a la Policía con cinco motos y otras cinco para el Ejército que patrulla la zona rural, sobre todo en los límites con Chocó, para evitar la llegada del Eln”, dijo el mandatario Jhon Jairo Higuita.
Eso, agregó, se alternará con planes específicos de cultura y educación para brindar alternativas a los jóvenes que están en riesgo de ser instrumentalizados.
“Tenemos identificados unos barrios en los que hay mayor riesgo. Esos planes de educación y cultura están un poco frenados por la pandemia, entonces mientras tanto estamos brindando atención psicosocial. Queremos también brindarles asistencia a los jóvenes que están en riesgo de comenzar a consumir esas drogas”, detalló.
En Venecia la estrategia se divide en dos frentes: uno para el casco urbano y otro para las veredas y el corregimiento de Bolombolo, este último con importancia geoestratégica.
El alcalde Óscar Sánchez destacó que desde principio del año pidieron refuerzo de la Fuerza Pública y llegaron cuatro unidades policiales para la zona urbana y dos para el corregimiento; además de cinco auxiliares bachilleres que brindan labores de apoyo durante el periodo de cuarentena.
“Coincidencialmente el Ejército sale de Bolombolo hacia otra jurisdicción y al día siguiente se presenta el homicidio en Bolombolo esta semana. Pedimos su presencia de nuevo, permanente, porque hacen un excelente trabajo persuasivo y de control en equipo con la Policía”, agregó.
La otra tarea en el municipio será la modernización del parque automotor de la fuerza pública, pues las distancias que recorren durante los patrullajes son considerables.
Ayuda ciudadana, vital
El coronel Cabra señaló que en el Suroeste, a diferencia del Valle de Aburrá, el crimen se concentra en zonas rurales. “Tenemos haciendas cafeteras y algunas otras turísticas. El negocio de ellos es llevar la droga hasta allá. Por eso para nosotros son vitales las redes que hemos construido con la gente de la zona, porque así es más fácil identificar quiénes están delinquiendo”, dijo.
Ya los gobernantes difundieron un cartel con los 10 más buscados en esa subregión (ver foto), pero la estrategia no será individual.
“Ellos llevan muchos años ahí y creemos que si capturamos a un cabecilla, ellos no demorarán en reacomodarse. Por eso el ataque será estructural: tanto la captura, como el decomiso de armas y el combate a esos sistemas de financiación que usan”, agregó.
La meta es que cuando termine la cuarentena, el Suroeste pueda recuperar su sitial como una potencia turística y agrícola segura .
CONTEXTO DE LA NOTICIA
¿QUÉ SIGUE?
SISTEMA PENITENCIARIO, LA PRIORIDAD
En lo que va del año en Ciudad Bolívar se han capturado más de 170 personas. Y en todo el Suroeste la cifra supera las 250, por diferentes delitos. El problema es que no hay cárceles suficientes para mantenerlos privados de la libertad.
Por eso la Gobernación, el Gobierno Nacional y la Policía trabajan en un proyecto conjunto que apunta a crear, en el mediano plazo, una cárcel para sindicados en la región. En el corto plazo avanzan los planes de construcción de una subestación en Palermo (Támesis) y otra en Alfonso López (Ciudad Bolívar), además de una estación en Jardín, pues la existente está en condiciones precarias y no puede ser sometida a mejoras, pues es una casa que no le pertenece a la Policía. En las próximas semanas se espera la llegada de tres drones entregados por la Gobernación.
