La EPS, intervenida por el Gobierno Nacional en abril pasado, adeuda $253.000 millones a la red pública de Antioquia. La cartera viene creciendo desde junio.
Desde el mediodía de este miércoles, el agente interventor de la Nueva EPS y representantes de la red hospitalaria en Antioquia instalaron un espacio de concertación en la Superintendencia de Salud para revisar la crisis financiera que la semana pasada volvió a poner contra las cuerdas a por lo menos 37 de esas instituciones en el departamento.
Luego de que desde agremiaciones como Aesa (Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia) se advirtiera que por lo menos 37 entidades ya estaban listas para suspender los servicios no urgentes desde el pasado lunes a todos los afiliados de Nueva EPS, la Supersalud instó a ambas partes a sentarse a negociar y buscar una salida que garantice la prestación del servicio en Antioquia.
Luis Hernán Sánchez, director de Aesa, anticipó que el pedido central de la red pública es que esa EPS, la tercera más grande y que concentra al menos 993.300 afiliados, garantice que los recursos fluyan.
“Nuestra principal solicitud es que se regularicen los pagos mensualmente; es decir, que a cada hospital le llegue cada mes el pago correspondiente por la cápita o el evento de los usuarios que atendió el mes anterior. Esto es importante porque cada mes para los hospitales es una incertidumbre saber cuánto va a pagar la Nueva EPS, porque hay veces que le paga a unos hospitales y a otro no, o hay veces que no le paga nadie”, denunció Sánchez, advirtiendo que esos rezagos en los pagos se han agravado ostensiblemente luego de que el Gobierno Nacional ordenara intervenir a la EPS en abril de este año.
Luego de la alerta elevada por la red aquel lunes, Sánchez señaló que la Nueva EPS agilizó sus pagos y ya saldó deudas con por lo menos 17 instituciones.
“De los 37 hospitales a los que le debía la Nueva EPS la semana pasada, ya le ha pagado a 17. Es decir que en este momento restan 20 hospitales por recibir el pago”, apuntó.
En medio de esta situación de incertidumbre, la Secretaría de Salud de Antioquia también hizo un llamado a la Nueva EPS para agilizar los pagos, señalando ver con mucha preocupación que la sostenibilidad de la red pública se esté poniendo en juego.
Marta Cecilia Ramírez Orrego, secretaria de Salud, apuntó que tras la advertencia lanzada por Aesa esa dependencia se dio a la tarea de hacer un barrido por cada uno de los 37 hospitales mencionados en el comunicado, cotejando que para este miércoles siete de esos hospitales ya habían suspendido los servicios no urgentes para los afiliados de la Nueva EPS.
“Se han cerrado los servicios de consulta externa, ayudas diagnósticas ambulatorias y la entrega de medicamentos. Esta es una de las cosas más delicadas, eso nos preocupa mucho, porque los pacientes crónicos se pueden ver muy afectados y se descompensan, algo que no debería pasar”, señaló la funcionaria.
De acuerdo con los datos de la Gobernación, los hospitales que restringieron servicios son los de El Bagre, Caucasia, Donmatías, Carolina del Príncipe, Briceño, Alejandría y Uramita, que atienden a por lo menos 22.000 afiliados de la Nueva EPS.
Según apuntó Ramírez, muchos de los hospitales con problemas financieros han logrado mantenerse operando con normalidad por cuenta de un giro de $72.000 millones que hizo la Gobernación como parte de una política de saneamiento fiscal.
Pese a que con esos recursos muchos hospitales lograron garantizar el pago de nómina y otros compromisos para diciembre, Ramírez señaló que la presión financiera se seguirá acrecentando si las EPS intervenidas no cumplen con sus compromisos.
“El problema es que Nueva EPS, a partir de la intervención, ha crecido en cerca de $90.000 millones la cartera con la red pública y eso realmente los está poniendo en problemas. A toda la red pública de Antioquia nueva EPS le debe alrededor de $253.000 millones, que crecieron sobre todo a partir de junio de este año”, denunció la secretaria, haciendo un llamado a la Superintendencia de Salud para que, cumpliendo su labor misional de vigilancia, garantice que los recursos fluyan por el sistema.
“Es necesario que el gobierno observe cómo esa limitante de las EPS al girar los recursos tiene a la red pública asfixiada, cerrando servicios. Las consecuencias las sufren directamente los pacientes, no el bolsillo de la EPS”, añadió Ramírez.
Para conocer su versión sobre esta situación, EL COLOMBIANO consultó con la Nueva EPS, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no obtuvo respuesta.