Vanessa González firmó en abril una resolución que le financia curso de inglés por $5’700.000.
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La Secretaria de Gestión Humana y Servicios a la Ciudadanía de Medellín, Ingrid Vanessa González, fue diligente al extremo para firmar la resolución mediante la cual aprobaba el presupuesto para que un empleado de la Alcaldía tuviera una capacitación subsidiada por el erario y para enviar, al día siguiente, la carta para que el funcionario encargado desembolsara el respectivo dinero para el pago de la matrícula.
Solo que en este caso la beneficiaria era ella misma, lo cual resulta tan inusual como tanta celeridad para el trámites y podría configurar una falta al servicio que rayaría con la corrupción.
Por cuenta de esa gestión, la funcionaria se inscribió en un curso de inglés con la universidad Eafit y está previsto que comience sus clases el jueves 19 de mayo, según constató EL COLOMBIANO.
Se trata de una modalidad de servicio corporativo tipo premium dirigido a ejecutivos, en la cual los profesores del Centro de Idiomas de Eafit van hasta el sitio de trabajo y a la hora que más les convenga a los usuarios. Las clases las dictan para grupos pequeños de cinco o diez alumnos, o si se llega a pactar, se hacen con una sola persona, como al parecer ocurriría con González.
Los servidores públicos adscritos al Municipio de Medellín tienen ciertos privilegios como la posibilidad de que les reconozcan el 70% del valor de cursos que hagan a través del programa de aprovechamiento del tiempo libre, entre el 70% y el 80% del semestre si se trata de carreras de pregrado o postgrado en centros debidamente reconocidos, o hasta el 100% si la materia o el tema mejora una capacidad que se necesite para el desempeño de sus funciones, de acuerdo con el plan de capacitación y formación del talento humano, como podría ser en el presente ejemplo, según le explicó una fuente conocedora a este diario.
No obstante, hay molestia entre funcionarios que conocieron del caso de González y cuestionan que normalmente esta modalidad de subsidio no se hace efectiva en plazos menores a un mes, después de que el funcionario ha pagado el costo de su bolsillo; pero sobre todo porque habría una extralimitación de funciones de parte de la Secretaria al aprobarse ella misma el pago de los $5’700.000 que cuesta el curso, según se puede comprobar con la resolución 202250025792 del 5 de abril pasado (ver facsímil).
Lo normal, sería que fuera su superior jerárquico, es decir el alcalde, quien firme la aprobación y existe una gran posibilidad de que González hubiera violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Código Disciplinario del Municipio.
De hecho, la Circular 020 de 2011, citada dentro de la resolución que firmó González, menciona que al solicitar una capacitación especializada, modalidad que se ajustaría a la situación descrita, se debe llenar un formato y que el secretario de despacho al que pertenezca el servidor firme un documento en el que justifique que el conocimiento que se va a adquirir es útil y necesario para las funciones del cargo. En este caso habría que interpretar este requisito como la aprobación del superior jerárquico, es decir el alcalde, de acuerdo con la opinión de un experto consultado que pidió reserva de identidad.
Otra condición es que la persona a la que se subsidia replique posteriormente lo aprendido y presente evidencia de que así lo hizo en la secretaría de Gestión Humana en un plazo menor a dos meses después de terminar la formación. Es decir que una vez más González se convertiría en juez y parte.
Yendo más allá, la Ley 1952 de 2019, que reglamenta la Función Pública, habla de que se comete una falta relacionada con el servicio al “adoptar decisión administrativa o concepto técnico o jurídico con el fin de favorecer intereses propios o ajenos, en contravía del bien común o del ordenamiento jurídico, u obligar a otro servidor público para que realice dicha conducta”.
La posible infracción ameritaría una investigación por parte de la Secretaría de Evaluación y Control de la Alcaldía y hasta de una indagación en la Procuraduría General de la Nación. La pena en estos casos, para el funcionario que es hallado responsable, llega hasta una destitución.
¿Requisito para maestría?
Se trata de normas y castigos que ella debe conocer justamente por su formación jurídica y experiencia profesional.
González, de 30 años, es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana y tiene especialización en derecho penal. Actualmente cursa una maestría para la cual requeriría acreditar el manejo de una segunda lengua como requisito para el grado.
Se desempeña como secretaria de Gestión Humana y Servicios a la Ciudadanía desde el primero de septiembre de 2021, fecha en la cual ingresó a la administración de Daniel Quintero en reemplazo de Ana Camila Salazar.
Antes había ocupado el cargo de asesora, desde julio de 2020. Su trabajo previo, de acuerdo con la hoja de vida que registró en el Sigep (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público), fue como abogada de una firma privada durante año y
CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARA SABER MÁS
OTRA POSIBLE INDAGACIÓN EN SU CONTRA
En diciembre del año pasado, Ingrid Vanessa González firmó, en compañía del alcalde Quintero, las resoluciones de nombramiento de 22 jefes de oficinas de control interno de diferentes entidades del Municipio. Con ello ambos habrían incurrido en presuntas anomalías, pues en muchos casos las personas nombradas no cumplirían con los requisitos de experiencia y formación profesional.
En un informe publicado por EL COLOMBIANO se mostraron varios indicios de que se habría forzado el recorrido que los funcionarios han tenido en labores administrativas como si hubieran sido ejerciendo roles de control.