FOTO: Óscar Díaz – El Universal
La Procuraduría presentó una tutela por la tala de manglar en varios sectores de la ciudad. El Distrito de Cartagena buscará que se declare improcedente.
El Juzgado Catorce Civil Municipal de Cartagena admitió una acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación ante la afectación de los ecosistemas de manglar en diferentes sectores de la ciudad y la presunta vulneración de derechos como vida digna, salud, ambiente sano, acceso al agua, seguridad, integridad y de las generaciones futuras.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría 03 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Cartagena expuso que la problemática se presenta de dos maneras: la primera tiene que ver con personas desconocidas que realizan las talas sin que haya ninguna protección o recuperación de las especies; y la segunda con intervenciones que ha realizado la misma Alcaldía de Cartagena.
“Se ha constatado que las autoridades distritales han promovido intervenciones sobre el manglar bajo la denominación de ‘podas técnicas’, justificadas en razones de seguridad o espacio público, lo cual evidencia una aproximación que no siempre responde a criterios estrictamente ambientales”, señaló la procuradora Mayelis Chamorro Ruiz en su escrito.
De acuerdo el ente de control, esta situación se presenta especialmente en sectores como Manga, Pie de la Popa, El Cabrero y otros aledaños al Centro Histórico de Cartagena, donde se han realizado intervenciones, incluso, este mismo año.
“La degradación del manglar en los sectores intervenidos no solo implica una afectación ecológica abstracta, sino que genera riesgos directos e inmediatos para la población, en la medida en que estos ecosistemas cumplen funciones críticas de amortiguación frente a inundaciones, control de erosión, regulación hídrica y mitigación de eventos climáticos extremos. Su eliminación o deterioro incrementa la vulnerabilidad”, señaló.
En este sentido, advirtió que no se evidencia la aplicación de un enfoque ecosistémico por parte del Establecimiento Público Ambiental (EPA) para autorizar las intervenciones, ni el desarrollo de estudios técnicos para evaluar su impacto sobre la biodiversidad.
“La tala y afectación del mangle en Cartagena no corresponde a un evento aislado, sino a un patrón de actuación institucional y de particulares inescrupulosos que evidencia fallas estructurales en la protección del ecosistema de manglar”, puntualizó.
¿Qué busca la Procuraduría con la tutela contra el Distrito de Cartagena?
A través de la acción de tutela, la Procuraduría busca el amparo de los derechos invocados y que se ordene la suspensión inmediata de cualquier tala, poda, relleno o intervención sobre el manglar en los sectores mencionados.
Además, que las autoridades competentes realicen controles permanentes para evitar nuevas intervenciones, que se abstengan de autorizar trabajos sobre el manglar sin cumplir la normativa ambiental vigente y que cualquier compensación se realice con restauración de mangles y no con arborización urbana.
Así mismo, como medida estructural, piden que se ordene elaborar y adoptar un estudio de caracterización y zonificación del manglar urbano en Cartagena y que mientras no exista dicho instrumento, que no se realicen intervenciones sin justificación técnica adecuada.
El Juzgado Catorce Civil Municipal de Cartagena vinculó a este proceso al Ministerio de Ambiente y ofició al Distrito de Cartagena, al EPA, a la Dirección General Marítima (Dimar), a la Policía y a la Secretaría del Interior para que rindan un informe sobre estos hechos.
Distrito de Cartagena solicitó declarar improcedente tutela de la Procuraduría
Ante la tutela la presentada por la Procuraduría, Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena aseguró que el equipo de defensa del Distrito solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.
“Nuestra defensa se fundamenta en que este mecanismo es subsidiario y no es la vía idónea para resolver una problemática que se describe como estructural y prolongada. Para la protección de estos derechos colectivos, el medio legal adecuado es la acción popular”, aseguró.
Además, sostuvo que la responsabilidad en este asunto es concurrente y compartida entre múltiples entidades, incluyendo al Ministerio de Ambiente, la Dimar, Cardique y la Policía. “La administración no ha incurrido en omisiones sobre este tema, pues mantiene su participación en el Ecobloque y en la ejecución de planes de acción dentro de sus competencias”, concluyó.
