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“Se realizó un riguroso análisis”: Gobernación defiende millonarios contratos de la FLA

La demanda que enfrenta la FLA desde 2020 podría afectar la distribución de sus productos en el extranjero, dijo la empresa. FOTO: CARLOS ALBERTO VELÁSQUEZ

JACOBO BETANCUR PELÁEZ

El Departamento se refirió a la polémica por los $8.000 millones que se han gastado por una demanda que cursa en Estados Unidos.

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La Gobernación de Antioquia y la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) se pronunciaron este martes frente a la polémica por una serie de contratos por cerca de $8.000 millones que el Departamento viene firmando desde hace dos años para defender a esa empresa de una demanda en los Estados Unidos.

Precisando algunos detalles sobre ese pleito legal y argumentando que con dichos contratos se buscaría evitar un perjuicio en la distribución de la licorera en el extranjero, la Gobernación defendió la firma de los mismos y dejó entrever que seguirá con su ejecución hasta que culmine el proceso.

Dicha polémica se desató el pasado miércoles 8 de junio, cuando la emisora Caracol Radio publicó una investigación periodística en la que reveló que la Gobernación venía desembolsando desde octubre de 2020 una importante suma de dinero a una firma de abogados para que representara a la FLA en un pleito en los Estados Unidos.

El proceso, cuyo origen se remonta a 2019, llegó a los estrados en 2020 cuando dos empresas identificadas como Grupo Universal Beverage y Marketing Global Brands demandaron al departamento por supuestamente transgredir un acuerdo de exclusividad al que habían llegado con la licorera, en Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Ecuador.

Según precisó la FLA este martes, además de buscar que se reconociera esa exclusividad en la distribución, ambas empresas pidieron una indemnización de entre USD 4 y USD 11 millones de dólares (entre $15.000 millones y $42.000 millones de pesos colombianos aproximadamente).

Para hacerle frente a ese proceso, Caracol Radio reveló que la Gobernación había firmado cuatro contratos con dos firmas de abogados. Uno por $700 millones con la firma Suma Legal S. A. S., en octubre de 2020, y otros tres que suman más de $7.100 millones con una firma identificada como Peláez García Abogados S. A. S., cuyo representante legal, Mateo Peláez García, aparece como socio de la primera. El último de estos tres contratos, firmado por $4.500 millones, todavía está vigente.

Luego de que esa información se hiciera pública, se cuestionó que la Gobernación incurriera en gastos tan altos para su defensa, pagando una tarifa por hora de más de dos millones y medio de pesos y gastándose casi la mitad de la pretensión inicial de los demandantes.

En su pronunciamiento de este martes, la Gobernación se defendió argumentando que no solo estaría en juego la indemnización pedida por la contraparte, sino la posibilidad de que la empresa se viera obligada por un tribunal a distribuir sus productos de forma exclusiva a un solo grupo de empresas.

“El valor de estas pretensiones es indeterminado”, expresó la Gobernación en su pronunciamiento, señalando que en las cuentas también deberían entrar los posibles daños que un escenario de ese tipo acarrearía para la empresa.

El Departamento sostuvo que la contratación de la empresa Peláez García Abogados S. A. S. habría obedecido a un “riguroso” análisis del mercado y que el monto asignado estaría también justificado.

“Esta firma de abogados de Estados Unidos cuenta con conocimiento en los temas materia de litigio, tiene la capacidad e infraestructura para afrontar esta clase de procesos y una amplia experiencia en litigio en instancias internacionales”, expresó la Gobernación.

“Se cuestiona que la Gobernación de Antioquia haya destinado casi $8.000 millones de pesos en honorarios de abogados, sin embargo, debe aclararse que este valor (…) corresponde al monto asignado como presupuesto que opera como bolsa de recursos, del cual no solo se cubren los honorarios de los abogados en Estados Unidos y en Colombia, sino que también se incluyen costos de peritos, traducciones, transcripciones y otros, previamente acreditados”, se lee en el pronunciamiento, firmado David Andrés Ospina Saldarriaga, subsecretario de Prevención del Daño Antijurídico, y Javier Ignacio Hurtado Hurtado, gerente de la FLA.

 

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