El exalcalde señaló que tomaría medidas legales en contra del Estado por “daños y perjuicios”.
El Consejo de Estado tumbó este lunes la sanción de la Procuraduría contra el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por la cachetada que le propinó al concejal Jhon Jairo Claro, el pasado 22 de julio de 2019. Esa amonestación por incumplir con el respeto y dignidad del cabildante, dejó a Hernández con una suspensión del cargo y una inhabilidad de 8 meses.
El también excandidato presidencial celebró esta decisión que deja desvirtuadas las posibles consecuencias para su carrera política. El fallo del Consejo de Estado no solo exonera al exmandatario de las sanciones previamente impuestas, sino que también elimina la obligación de pagar más de 95.000.000 pesos, suma que estaba asociada a la sanción.
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Ante esta decisión judicial, Hernández se pronunció enfáticamente, denunciando lo que considera una persecución en su contra.
“Esto hace parte de una persecución sistemática que se ha tenido en mi contra desde distintos organismos públicos. Con este precedente, se caerán todas las sanciones. Esto quiere decir que nunca la Procuraduría debió inhabilitarme”, dijo el exmandatario en su cuenta de X.
He sido notificado de una sentencia donde el @consejodeestado ordena REVOCAR la sanción de inhabilidad emitida por la @PGN_COL en mi contra.
Como siempre lo dije, para las verdades: el tiempo. Las sanciones eran contrarias a la Convención de Derechos Humanos.
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Sigo hilo 🧵 pic.twitter.com/KeRoL8pUk0
— Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) March 11, 2024
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Además, Hernández anunció acciones legales contra el Estado de los fallos que él califica como ilegales.
“Le he pedido el favor a mi equipo jurídico, que iniciemos las demandas por daños y perjuicios causados por el accionar ilegal del Estado. Y puntualmente, que busquemos Acciones de Repetición en contra de los funcionarios que emitieron estos fallos ilegales”, dijo Hernández.
El exmandatario también hizo un llamado a la Procuradora General de la Nación para que asuma responsabilidad económica por las supuestas ilegalidades cometidas en su contra.
“Cada peso que obtengamos de esas indemnizaciones, los entregaré a causas sin ánimo de lucro en Santander”, concluyó Hernández.