Durante el mes de julio 19 departamentos han sufrido algún tipo de afectación a causa de las lluvias, sumando más de un centenar de eventos entre los cuales este fin de semana se presentaron dos graves, en Villavicencio, Meta, y Chiriguaná, Cesar, ambos lugares con declaración de calamidad pública.
En la capital del Meta hay 12 puntos críticos, afectando a más de 150 familias, según explicó David Riaño, director de la oficina de Gestión de Riesgo de Villavicencio. En todo el departamento fueron 9 municipios afectados el fin de semana, dejando a 466 familias damnificadas por el desbordamiento de 15 ríos.
En Cesar, el 70% del municipio de Chiriguaná quedó inundado luego de los aguaceros de los últimos días que no dieron tregua.
Según informa el Ideam son 82 los municipios que podrían verse impactados por desbordamientos de ríos a causa de las lluvias que ya tiene en alerta roja a los ríos Meta, Inírida y Guaviare. Situación que se espera que continúe, según señala el Instituto.
A esto se suman las alertas por posibles deslizamientos, 541 en total, de las cuales 7 son rojas y 117 naranja. Antioquia es el que más reportes presenta (89), con tres rojas: Betania, San Roque y Angostura, y 37 naranjas.
Y aunque esta no es precisamente una de las temporadas de lluvias más crudas, como lo fue, por ejemplo la ocurrida entre marzo y mayo de 2019 que afectó a 31 de los 32 departamentos, implica para las autoridades retos adicionales a causa de la pandemia que enfrenta buena parte del país.
En Antioquia, por ejemplo, donde los dos eventos más graves por las lluvias este mes se presentaron en Yalí y Vigía del Fuerte, según el director del Dapard, Jaime Gómez, las autoridades ya han planificado entre los planes de contingencia enmarcados en la covid, las estrategias para atender eventuales emergencias derivadas por las lluvias, que impliquen un alto número de damnificados y la conformación de albergues.
“Hemos entregado unas guías a los municipios para realizar este trabajo. Ellos son conscientes de que atender estas situaciones se torna más complicado ahora. Claramente, dependiendo de las capacidades de los municipios, se vuelve más difícil en unos que en otros, pero hemos tratado de planificar para que sea lo más seguro posible”, dice Gómez.
Insiste en que las secretarías de salud, apoyadas en los consejos municipales de gestión de riesgo, ya tienen una hoja de ruta en materia de bioseguridad para afrontar una eventualidad de estas. Sin embargo, preocupan zonas como Vigía del Fuerte, Murindó y Yalí, por las dificultades geográficas.
Esa situación para la que se preparan en Antioquia ya se vive en el Meta. En Villavicencio las autoridades instalaron albergues en el barrio Trece de Mayo, uno de los 12 puntos críticos tras las inundaciones, pero la Oficina de Gestión de Riesgo reportó reticencia de los habitantes de la zona de ir a estos, por temor a contagios de covid.
Ocurrió lo mismo en los municipios del Meta afectados, en los que la Defensa Civil señaló que las personas no quieren salir de sus viviendas hacia casas de amigos o familiares, aún con muchas de sus viviendas inundadas por el río Guaruriba.
Desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo señalan que tanto alcaldes como la Gobernación del Meta, pidieron como prioridad, tras el primer desbordamiento de este mes, ayudas humanitarias y, sobre todo, maquinaria por parte de Invías para garantizar que las vías terciarias se mantengan despejadas.
Con la actividad de transporte de carga aún en recuperación y la eventual necesidad de trasladar pacientes de covid a los principales centros urbanos, se entiende el desvelo de habitantes y autoridades de garantizar la conectividad.
Según dijo en su reporte hace dos semanas el jefe de pronósticos y alertas tempranas del Ideam, Daniel Useche, en agosto el país entraría a un periodo más seco. Así que los próximos días en los que las autoridades deben mantenerse alerta y gestionar de forma óptima cualquier emergencia para no sumarle otro problema al país en medio de la pandemia .
