PUERTO RICO:
También sigue aumentando la cantidad de oficiales correccionales afectados, mientras Corrección investiga posible negligencia en relación con el brote.
El número de confinados contagiados con COVID-19 en la institución Adultos Ponce 1000 escaló a 190, incluyendo a tres individuos que se encuentran hospitalizados, indicó este lunes la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón.
Además de los confinados, arrojaron positivo al coronavirus 13 oficiales correccionales, un supervisor de servicio de alimentos y tres empleados de cocina de la compañía Trinity Services.
“En estos momentos hay personal del Departamento de Salud realizando entrevistas para ofrecer tratamiento monoclonal a la población correccional y empleados”, manifestó Escobar en declaraciones a El Nuevo Día.
La nueva cifra de contagios surge a una semana de que la secretaria decretara un cierre (lockdown) en la institución carcelaria, luego que tres oficiales correccionales y 38 confinados arrojaran positivo a COVID -19. Escobar informó entonces que la agencia había activado su protocolo vigente y que se realizaban las pruebas moleculares a todos los empleados y la población correccional.
Mientras aumenta el número de contagios, el resto de los confinados se mantiene en cuarentena y bajo observación. En Ponce 1000 hay 11 confinados no vacunados, algunos de ellos contagiados en el brote, mientras el resto completó su serie de vacunación. La secretaria reconoció el carácter crítico de la situación.
En total hay 415 personas encarceladas en dicha cárcel, que es una de las once instituciones del Complejo Correccional de Ponce.
Señala posible negligencia
Escobar sostuvo que todavía está en curso la investigación de rastreo y contacto que realiza Salud, pero al momento se han identificado dos posibles puntos de partida del brote.
Uno de los ángulos está relacionado a un confinado que había presentado síntomas asociados al COVID-19. Sin embargo, denunció Escobar, la indagación apunta a que, cuando el confinado fue evaluado por personal médico contratado por la compañía Physician Correctional -que administra los servicios de salud en las cárceles-, no le realizaron una prueba para detectar o descartar el coronavirus. La secretaria apuntó a posible negligencia por parte de ese personal.
“Hay una suspensión a estas personas que están bajo contrato por Physician, hasta tanto concluya este proceso”, dijo la funcionaria. Si se concluye que, en efecto, hubo negligencia durante la evaluación médico, “estaría solicitando que estas personas no trabajen ya para el Departamento de Corrección a través de Physician Correctional”, apuntó Escobar.
“Aquí no podemos perder tiempo, tenemos que estar claros que siempre la instrucción ha sido que cualquier síntoma que veamos en la población correccional, tiene que hacerse de inmediato (la prueba), aquí no podemos esperar, no tenemos que dar espacio a confusión, tenemos que descartar que no sea un caso de COVID”, manifestó la secretaria.
El doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctiona, no había estado disponible para reaccionar al momento de publicar esta historia.
Por otro lado, la investigación de casos también apunta a que un oficial correccional que estuvo destacado en la administración de pruebas de dopaje a un grupo de confinados, pudo haber sido uno de los contagios iniciales. El guardia arrojó positivo luego de realizar la prueba de detección de sustancias controladas de forma aleatoria a 45 confinados. De ese grupo, 24 confinados se contagiaron con COVID-19.
Dallie Cruz Ruiz, presidenta de la Defensoría de los Derechos Carcelarios, señaló algunas omisiones de parte de Corrección. Cruz relató que fue un familiar suyo, confinado en Ponce 1000, quien la alertó sobre la situación, indicándole que él y otro compañero de módulo presentaban síntomas, pero no le habían realizado la prueba de COVID-19. De igual modo, denunció que, cuando el primer oficial correccional arrojó positivo al coronavirus, los confinados que habían estado en contacto no fueron colocados de inmediato en cuarentena. La ausencia de acción a tiempo y la respuesta tardía, limita ahora las posibilidades de que no haya más contagios, expresó Cruz.
“Ya van por 190, pero esperamos que siga aumentando, por el simple hecho de que es una institución hermética, no es como otras que por las ventanas entra aire puro, es aire acondicionado completamente”, expresó. De igual modo, aseguró que ha recibido la preocupación de otros familiares de confinados, que han expresado que no están recibiendo medicamentos y que no se le estaba proveyendo mascarillas, por lo que utilizaban mascarillas de tela hechas por ellos mismos.
Al ser cuestionada sobre cómo el brote escaló a una cifra tan alta, que mantiene a toda la población correccional en cuarentena, la funcionaria argumentó que muchos de los confinados “no presentaban síntomas y conviven y cohabitan”.
Escobar aseguró que no existe falta de materiales de prevención en las cárceles y que, en la Ponce 1000, hay disponibilidad suficiente de todo el equipo necesario para la desinfección y cuidado, incluyendo mascarillas quirúrgicas y kn-95 para los empleados y los confinados.
“Los materiales están y se le dan a la población. Me preocupa que la percepción que se lleve la comunidad es que la agencia no está haciendo nada por esta población o el resto, y es totalmente errado”, manifestó la secretaria.
Debido al brote, en la institución se mantiene el cierre total desde el 30 de agosto, por lo que no hay traslados de confinados desde o hacia Ponce 1000. Asimismo, continúan canceladas las visitas a familiares y actividades programadas, mientras las vistas en tribunales y la Junta de Libertad Bajo Palabra se atenderán de manera virtual.
“Que los familiares estén seguros de que estamos brindando todos los servicios que necesitan para mantener su salud, para que no se de una situación más crítica o peor y brindarle (a los confinados) todo lo que necesitan y que no se extienda este contagio”, dijo Escobar.
Al exhortar a los boricuas a vacunarse, el secretario de Salud aseguró que la mayoría de las hospitalizaciones y muertes en Puerto Rico son de personas no vacunadas.
