PUERTO RICO:
La Federación de Maestros –junto a otras organizaciones– convocó una marcha mañana, a las 3:30 p.m., para reclamar, entre otras cosas, la derogación de la Ley 85.
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Múltiples organizaciones, lideradas por la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), se unieron en una coalición multisectorial en busca de frenar el avance de las escuelas chárter, al tiempo que reclamaron la derogación de la Ley 85 de Reforma Educativa, la cual da paso a las escuelas públicas alianza en el país.
La presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla, denunció hoy un alegado “esquema de privatización” contra las escuelas públicas, en el cual, señaló, están involucrados beneficiarios de la Ley 60 del Código de Incentivos de Puerto Rico –antigua Ley 22–.
“La descentralización (del Departamento de Educación), más allá de palabras, tiene que concretizarse en actos”, resaltó Martínez Padilla, en conferencia de prensa frente a la sede de Educación, en Hato Rey, donde fueron desplegados, al menos, una decena de efectivos de la Policía.
Según el gremio magisterial, la expansión de las escuelas chárter alrededor del país se procura en lugares donde ya hay planteles públicos con la supuesta intención de “drenar” su matrícula.
Estas escuelas (chárter) montan una empresa privada y luego piden fondos públicos para ellos asegurar su ganancia y, en el proceso, cerrar escuelas públicas”, declaró Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de El Otro Puerto Rico, quien aludió a un caso en el que un empresario con intención de establecer una escuela chárter presuntamente planifica atraer hacia esa institución alumnos de varios planteles públicos del centro de Río Piedras.
En declaraciones escritas, el secretario de Educación, Eliezer Ramos, rechazó la “insinuación de privatización” en las escuelas públicas. “Por el contrario, buscamos acercarnos más a ellas y que sean más competitivas para un mejor aprovechamiento académico”, sostuvo.
Según Ramos, al presente, hay 10 escuelas chárter activas. Unas cinco están en el proceso de evaluación para el año escolar 2023-24 y hay unos ocho proponentes para el año 2024-25. La agencia no precisó los nombres de esos proponentes.
“Las escuelas públicas alianzas (que) están contenidas en la Ley 85 son un ofrecimiento distinto para que los padres y estudiantes puedan evaluar opciones de estudios para sus hijos. La misma ley impone un tope de un 10% del total de las escuelas como cifra viable para el establecimiento de estas escuelas”, comentó.
El grupo de organizaciones –incluidos Unete, Educamos, El Otro Puerto Rico, Jornada Se Acabaron las Promesas, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana– convocó una marcha para mañana, jueves, a las 3:30 p.m., desde la Plaza Colón del Viejo San Juan hasta La Fortaleza.
“Esto no es una lucha del magisterio, ni de estas organizaciones, es una lucha de país… Hay que defender la educación pública, hay que fortalecer la educación pública”, sentenció Martínez Padilla.