Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional que tumbe el estado de emergencia económica.
La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que tumbe el Decreto 1085 de 2023 con el cual el Presidente Gustavo Petro declaró un estado de emergencia económica en La Guajira, por cuenta de una grave crisis humanitaria que se estructura en la falta de acceso a servicios básicos vitales.
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“Resulta inadmisible la pretensión del Presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia«, dice el documento conocido en primicia por EL TIEMPO.
La Procuraduría no participó en esa audiencia pública porque para entonces no había emitido su concepto lo cual impedía por temas de procedimiento que así lo hicieran.
Ahora, y luego de que se negara el impedimento que la Procuradora Margarita Cabello había presentado, la entidad reveló su postura.
En documento de 25 páginas conocido por EL TIEMPO, la entidad dijo que sin desconocer la gravedad de la situación de La Guajira, los hechos que se argumentaron para declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica no son nuevos y pueden ser atendido por medio de mecanismos ordinarios.
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“Se advierte que la crisis del departamento de La Guajira se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno Nacional”, dice el documento.
Según la Procuraduría, para superar la crisis, el Gobierno está en mora de acatar las órdenes de la propia Corte Constitucional que en 2017 declaró que hay un Estado de Cosas Inconstitucional en relación con la atención de la niñez Wayuu en varios municipios, así como de implementar de manera eficaz la política pública diseñada para responder a las dificultades (documentos Conpes de 2017, 2018 y 2020) y acudir a las medidas especiales para la gestión del riesgo, calamidades y desastres que tiene la ley.
“Resulta inadmisible la pretensión del Presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia, desestimando las medidas a su alcance dispuestas por le legislador, las instancias técnicas del Ejecutivo y la Corte Constitucional para atender en el corto, mediano y largo plazo la situación estructural que afecta al departamento”, dijo.
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“Al respecto, se reitera que los estados de excepción no pueden ser utilizados por el Gobierno Nacional para eludir la potestad que tiene el Congreso para dictar leyes o el cumplimiento de los fallos judiciales”, agrega el documento firmado por Margarita Cabello.
‘No se incluyó nada en el Plan de Desarrollo’
Para la Procuraduría, el Gobierno no ofreció una argumentación explícita sobre el agotamiento de las medidas ordinarias: “se evidencia que, en principio, a pesar de estar disponibles, las mismas no han sido utilizadas en debida forma o a plenitud”.
Con esos argumentos, la entidad dijo que el decreto de la emergencia se debe caer al indicar que es contrario al funcionamiento normal del Estado de Derecho que el Gobierno Nacional “pretenda ampliar indebidamente sus facultades”, omitiendo los poderes que ya tiene para solucionar la crisis.
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El documento también dice que tampoco el estado de emergencia es necesario porque el Gobierno Petro podía haber incluido medidas al respecto tanto en el Plan de Desarrollo como en la adición presupuestal.
E indicó que tras revisar esas leyes, “no se evidencia que el Gobierno haya pretendido incorporar una política especial y concreta para atender la crisis, ya que la mayoría de las estrategias que se adoptan son trasversales a las materias, así como aplicables a todo el país”.
La entidad dijo, además, que frente al tema de la crisis y las contingencias climáticas como el fenómeno de El Niño o el calentamiento global, el Gobierno pudo acudir a mecanismos ordinarios que ya están previstos en la ley y facilitan la articulación institucional entre las autoridades nacionales y territoriales e incluso hacer una declaratoria de desastre y calamidad pública que da unas facultades especiales para atender la situación en materia de contratación, crédito público, transferencia de recursos, refinanciación de deudas y disposición de bienes, entre otros.
“Si bien las contingencias naturales asociadas al calentamiento global y el fenómeno de El Niño son situaciones que pueden agravar las problemáticas sociales y económicas de un territorio, lo cierto es que, desde las dificultades que en ocasión de dichas manifestaciones naturales llevaron a declarar el estado de emergencia en 1992, la institucionalidad adoptó instrumentos para evitar que sea necesario acudir a medidas extraordinarias para hacer frente, los cuales están agrupados en el sistema de gestión del riesgo de calamidad y desastres naturales ordenado en la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1478 de 2022”, agregó la entidad.
Alejandra Bonilla Mora
@AlejaBonilla
justicia@eltiempo.com