POR: Martín Calderón
La jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, impuso 12 meses de impedimento de salida del país al expresidente Martín Vizcarra el pasado jueves 4 de enero, por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
La fiscalía acusa al exmandatario de cohecho pasivo propio, por presuntamente recibir S/ 2.3 millones en sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
Por este caso, el exmandatario enfrenta un pedido de 15 años de prisión efectiva. Su proceso se encuentra en la etapa de control de acusación, la fase previa al juicio oral.
De acuerdo con la acusación fiscal, en el 2013, Vizcarra ofreció a la empresa Obrainsa ayudarla a ganar una licitación pública a cambio de recibir un pago ilícito de poco más de S/ 1 millón. Incluso – según el Ministerio Público – pidió a un representante de Obrainsa que alquile una avioneta “a cuenta de lo pactado” para trasladar de Lima a Moquegua y viceversa a personas invitadas por él, por un costo de S/ 35 mil.
La fiscalía también atribuye a Vizcarra “condicionar su conducta funcional” a la entrega de un “donativo indebido” de S/ 1.3 millones para suscribir la licitación para el mejoramiento y la ampliación de un hospital en Moquegua, a favor de las empresas ICCGSA e INCOT en el 2013.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de impedimento de salida. No obstante, la magistrada decidió ordenar 12 meses.
Los argumentos de la jueza
La magistrada Salcedo determinó que existen suficientes elementos de convicción para considerar el presunto delito de cohecho pasivo propio.
Incluso, la jueza señaló que los elementos de convicción fueron “aumentando progresivamente” en el proceso. Además, añadió: “Al existir un requerimiento acusatorio, estamos ante una sospecha fuerte de la presunta existencia de los hechos y la vinculación del acusado con el delito de cohecho”.
Luego, destacó que la condena que podría recibir Vizcarra es mayor a tres años; es decir, se cumple con el presupuesto de la prognosis de la pena.
El Ministerio Público pide una condena de seis años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y nueve por el caso Hospital de Moquegua; es decir, 15 años en total.
La magistrada precisó que con el impedimento de salida del país, se evita que Vizcarra rehuya de la acción de la justicia. “Se busca asegurar la presencia del procesado en la etapa de juzgamiento y así cumplir con el fin del proceso, el cual es llegar a la verdad de los hechos”, añadió.
Además, precisó que ponderó el derecho constitucional de la averiguración de la verdad con el derecho a la libertad ambulatoria. Y concluyó: “Entre los derechos citados, se prefiere el derecho constitucional de averiguación de la verdad y cumplir el fin del proceso […] deviniendo la medida coercitiva de impedimento de salida del país en proporcional”.
Contraargumento
Vizcarra había resaltado, mediante su defensa, que el Poder Judicial le impuso 18 meses de impedimento de salida del país en el 2020 por el mismo caso. Este venció en el 2022 y aquella vez la fiscalía no solicitó ampliación.
No obstante, la fiscalía respondió en audiencia que la solicitud se trataba de una nueva medida coercitiva, no de una continuación de la anterior, como finalmente lo verificó la jueza.
La defensa del exmandatario también aseguró que no hay nuevos elementos de convicción para que se le impusiera a un segundo pedido de impedimento de salida del país. Añadió que – según su postura – las declaraciones de los colaboradores eficaces no se encuentran suficientemente corroboradas.
Pero del requerimiento fiscal, se advierte que el Ministerio Público presentó 158 elementos de convicción el pasado 13 de diciembre, y luego adicionó cinco el 18 de diciembre. Entre estos se encuentra el acta de declaración testimonial de Carlos Aranda Huamán, ex trabajador del ex ministro de Agricultura José Hernández Calderón.
La declaración – según la resolución de la jueza Salcedo la que accedió El Comercio – apunta a que Aranda llevó un sobre manila con dinero al departamento de Vizcarra en dos oportunidades, por disposición del exministro de Agricultura José Hernández Calderón, de quien era su chofer personal. El dinero, según la investigación fiscal, tenía origen ilícito.
Por este caso, Hernández se sometió a la colaboración eficaz y ha declarado haber sido el intermediario de coimas a favor de Vizcarra. Además, renunció a la reserva de su identidad.
La fiscalía también cuenta con el testimonio de Elard Tejeda Moscoso, exgerente comercial de Obrainsa, otro que se ha sometido al proceso de colaboración eficaz y renunció a la reserva de su identidad.
El Ministerio Público señala que Tejeda habría entregado dinero en efectivo directamente a Vizcarra como parte de un acuerdo ilícito. Según la acusación, le dio S/ 400 mil el 27 de enero del 2014 y S/ 600 mil el 4 de abril de ese mismo año.
La investigación contra Vizcarra por este caso terminó en diciembre del 2022. En tanto, el control de acusación se inició en noviembre del 2023.
En paralelo, Vizcarra realiza actividades políticas e incluso logró que su agrupación, Perú Primero, logre inscribirse como partido en junio pasado. No obstante, no figura formalmente como fundador o presidente de esa agrupación, pues el Congreso lo inhabilitó por 10 años para ejercer la función pública por el Caso Vacunagate en abril del 2021.