La investigación tiene como base un informe de la Contraloría de Medellín sobre temas de contratación.
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La Personería de Medellín inició una investigación disciplinaria que involucra a varios directivos del Hospital General de Medellín, incluido el gerente Mario Fernando Córdoba, por presuntas irregularidades cometidas en temas de contratación.
Los otros funcionarios objeto de la investigación son Ubaldo de Jesús Osorio Giraldo, William Alberto Higuita Lopera (subgerente de Procesos Administrativos y Financieros) y Erika María Pino García, entre otros.
Según explicó el Personero, William Yeffer Vivas Lloreda, los involucrados habrían incurrido en posibles irregularidades como el incumplimiento de principios de la contratación en el trámite de compras, como resultado de una auditoría efectuada por la Contraloría General de Medellín para la vigencia 2020.
Vivas Lloreda cita el informe de la Contraloría, según el cual “evaluados diversos escenarios de compras homogéneas, se estableció que, en muchos casos, no es la necesidad aislada la que marca la decisión del volumen que deberá ser comprado sino que, aunque se identifica una necesidad integral, el pedido a realizar es dividido en varias fracciones. (…) de la razón que motiva esta separación de la unidad contractual induce a concluir que se trata de lograr que cada orden, individualmente considerada, no supere los 50 SMLMV (salarios mínimos legales mensuales vigentes), dado que este tope constituye la frontera entre la necesidad de adelantar trámites formales de contratación u omitirlos, es decir, al parecer se estaría evadiendo la Ley, dado que se realizaron varias órdenes de servicio con el fin de no superar el tope de los 50 SMLMV, con el fin de eludir las formalidades plenas”.
El Personero precisó que en esta etapa procesal, los implicados, además de aportar los elementos probatorios que a bien tengan para su defensa, tienen la posibilidad de ser escuchados en versión libre.
Una vez adelantada la etapa investigativa, el delegado instructor del proceso, con base en las pruebas recaudadas y garantizando a estos el debido proceso, tomará la decisión de archivar o formular pliego de cargos contra los directivos implicados.