Imagen de referencia. El oficio está firmado por Ilva Myriam Hoyos, ministra de Educación.
Mediante un oficio enviado a la Presidencia, el Ministerio de Educación pidió tomar «acciones urgentes» para derogar la política de derechos sexuales y reproductivos que tiene planificada una implementación de 10 años.
Como lo había anticipado la exministra Viviane Morales, el Ministerio de Educación le pidió a la presidencia de Abelardo de la Espriella que tomara acciones para derogar la política de salud sexual y reproductiva que dejó firmada el Gobierno de Gustavo Petro durante sus últimos días.
Mediante un oficio del 21 de septiembre firmado por Ilva Myriam Hoyos, ministra de Educación designada tras la salida de Morales, la entidad solicita «acciones urgentes» a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia, para derogar y «contener sus efectos» frente a esa política.
Se trata de la Resolución 1350 de 2026, que adoptó la «Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035″. Esa norma, que involucra a los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Cultura, busca, entre otras cosas, que los colegios transversalicen la enseñanza de derechos sexuales y reproductivos en sus contenidos académicos con miras a 2035.
Es importante recordar que el país ha tenido varias discusiones alrededor de la implementación de políticas de educación sexual en los colegios. En 2016, por ejemplo, el gobierno de Juan Manuel Santos echó para atrás la implementación de una cartilla sobre este tema en la que trabajaba con la ONU tras una polémica que aseguraba que buscaría impulsar la «ideología de género».
Sin embargo, tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud se han pronunciado en repetidas ocasiones sobre la importancia de la educación sobre los derechos sexuales y reproductivos desde los colegios. Esta puede cumplir un rol clave, por ejemplo, en la prevención de abusos sexuales. Además, la OMS ha publicado diferentes contenidos orientados a desmentir la desinformación que hay alrededor de este tema en su página web.
Sin embargo, el Ministerio de Educación del actual Gobierno tiene una visión diferente sobre la política que se está implementando en Colombia. «La Resolución no constituye únicamente un instrumento técnico de coordinación intersectorial. Su contenido incorpora una determinada concepción antropológica y de política pública en materia de sexualidad, género y derechos reproductivos, y ordena su incorporación en ámbitos como los proyectos educativos institucionales, planes de estudio, prácticas pedagógicas, formación
docente y planes territoriales. En particular, establece como objetivos la transformación de normas sociales y de género y dispone la implementación transversal de sus contenidos en las instituciones educativas», dice el Mineducación en el oficio dirigido al secretario jurídico de Presidencia.
La petición para tumbar esta normativa ya la había anticipado Viviane Morales durante sus días en el cargo como ministra, cuando hizo declaraciones en diferentes oportunidades refiriéndose a «erradicar la ideología de género» en los colegios y buscar que «se respete el sentido de los padres y su conducción en la formación de sus hijos».
El Gobierno de De la Espriella, además, ya había fijado una postura frente a este tema ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a inicios de octubre. Allí, el representante del país dijo que «Colombia se disocia de la expresión ‘salud y derechos sexuales y reproductivos'», tomando distancia de conceptos clave en materia de derechos humanos que Naciones Unidas ha desarrollado alrededor del género y los derechos sexuales y reproductivos.
En el oficio, el Mineducación asegura que tiene «serios cuestionamientos constitucionales y legales» sobre la resolución que dejó firmada el anterior Gobierno, por lo que pide su revisión inmediata.
«Entre ellos se encuentran la suficiencia de la habilitación legal para imponer determinadas obligaciones de naturaleza curricular y pedagógica; la posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos; la
utilización de una resolución administrativa para proyectar obligaciones hasta 2035 con fundamento inmediato en el ciclo de planeación 2022–2026; la imposición de compromisos de planeación y financiación sin una identificación suficiente de apropiaciones, fuentes y competencias de gasto; y la incorporación conjunta, como fundamento del acto, de normas vinculantes y de instrumentos,
orientaciones y declaraciones de distinta naturaleza jurídica», se lee en el oficio.
