MÉXICO:
La decisión judicial en favor de un parque fotovoltaico implica una suspensión temporal de la polémica medida que beneficia a la estatal CFE.
Freno a la reforma energética del Gobierno mexicano un día después de su entrada en vigor. Un juez de distrito ha ordenado este jueves la suspensión temporal de la aplicación de la nueva norma tras el amparo presentado por una empresa fotovoltaica. Es la primera victoria del sector privado frente a esta prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las empresas energéticas, las más afectadas por la nueva norma, consideran que esta viola el principio constitucional de la libre competencia al otorgar condiciones ventajosas a la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las plantas privadas, muchas de ellas renovables.
En el acuerdo, el juez segundo de distrito especializado en competencia económica de Ciudad de México ha determinado que la suspensión debe beneficiar a todas las empresas participantes en el mercado eléctrico mayorista, no solo a Parque Solar Orejana, la denunciante. “De otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para la quejosa, este Juzgado de Distrito (…) estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica”, justifica.
El juez recuerda, además, que ha concedido suspensiones similares en ocasiones anteriores y que la medida “se estima adecuada para proteger los derechos a la libre competencia”, señala en el escrito donde fija la fecha de la audiencia para el 27 de abril próximo. Antes de eso, el próximo 18 de marzo el juzgado determinará si otorga la suspensión definitiva a la compañía mientras resuelve el fondo del asunto. El Gobierno tendrá entonces la oportunidad de presentar alegatos en contra de la suspensión.
Esta decisión abre la batalla legal para frenar la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada la semana pasada en el Senado. Además de las empresas afectadas, organizaciones ambientalistas contemplan presentar amparos para impugnar una ley que, argumentan, choca con el derecho a un medio ambiente sano establecido en la Constitución. Antes de la aprobación de la norma, los partidos políticos de la oposición también habían amenazado con presentar, a su vez, una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte.
El tropiezo legal de este jueves se siente como un déjà vu. Desde 2019, el Gobierno de López Obrador ha intentado dar marcha atrás, por la vía administrativa y sin cambiar la ley, a la liberalización del sector impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Todos estos intentos han sido paralizados en los tribunales mediante amparos de empresas y organizaciones ambientalistas. Una de las salas de la Suprema Corte de Justicia, el tribunal constitucional, tumbó recientemente varios aspectos de una nueva política de la Secretaría de Energía que buscaba limitar la participación privada en el sector.
Con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente quería superar el impasse legal en el que habían acabado sus anteriores esfuerzos y empujar un nuevo modelo que elimina, entre otros aspectos, el principio de despacho económico por el que las plantas más baratas son las primeras en subir su electricidad a la red. La CFE, gracias a este cambio, tiene la prioridad en el despacho, independientemente del costo o antigüedad de sus centrales, por encima de las plantas renovables en manos de privados. Como demuestra el amparo, la estrategia de López Obrador ha caído por el momento en saco roto.
