MÉXICO:
La resolución es una importante victoria para el plan del presidente de impulsar un modelo energético que favorece a la CFE por encima de las empresas y las renovables.
TOMADA DE:https://elpais.com/mexico
La Suprema Corte de Justicia de México ha validado este jueves que Ley de la Industria Eléctrica favorezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de las centrales privadas y las energías renovables. Aunque una mayoría de ministros se ha expresado en contra, no se ha alcanzado la mayoría cualificada necesaria para determinar que el cambio en el orden de despacho viola el principio de libre competencia y el derecho a un medioambiente sano, como pedía la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición. La discusión continúa sobre otros aspectos de la ley, pero el resultado de esta primera votación permite vislumbrar una victoria para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca limitar la participación privada en la generación eléctrica.
La votación ha sido extremadamente ajustada. En algunos puntos, hasta siete juzgadores estaban a favor de tumbar los cambios a la orden de despacho en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Los ministros Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez, Loretta Ortiz, Yasmin Esquivel —las dos últimas nominadas por el actual Gobierno— han rechazado la inconstitucionalidad por violar la libre competencia.
En el caso de la supuesta violación al derecho a un medioambiente sano, el bloque que sostenía la constitucionalidad ha variado. Alfredo Gutiérrez ha votado por invalidar el nuevo orden de despacho de acuerdo a estos argumentos, mientras Juan Luis González Alcántara —también nominado por López Obrador— votaba a favor de validarlo. Es decir, ocho juzgadores —una mayoría cualificada— ha argumentado por la invalidez del nuevo orden de despacho. Sin embargo, dos de ellos lo han hecho por razones distintas y han decidido que no se sumen sus votos. De esta manera, no se ha declarado la inconstitucionalidad.
El punto clave de la discusión en la Suprema Corte ha sido el cambio en el orden en que las centrales suben la electricidad a la red. La LIE modificada, que aprobó el Congreso en marzo de 2021, eliminó el despacho de acuerdo a los costos de producción, lo que favorecía a las plantas renovables particulares, más baratas que las de la CFE. En su lugar, se priorizó los “contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física” por encima de las energías limpias. Los contratos beneficiados, además, solo podían ser firmados por suministradores de electricidad y, en la actualidad, solo CFE opera en ese sector. Por otro lado, se dio prioridad también en el acceso a la red de transmisión, a las centrales de la CFE y a las centrales particulares con contratos con el suministrador.
La LIE modificada también cambiaba el régimen de los Certificados de Energía Limpia (CELs), un incentivo establecido por la reforma de 2013 que buscaba fomentar la nueva inversión en renovables y que excluía a las centrales anteriores a 2014. El Gobierno propuso que las centrales antiguas — principalmente de la CFE— también pudieran acceder a este esquema.
Los senadores de la oposición argumentaron en su acción de inconstitucionalidad que los cambios a la LIE iban en contra de la libre competencia y del derecho a un medioambiente sano establecidos en la Constitución porque se daba preferencia a la CFE sobre otras centrales particulares, aunque estas últimas fueran más baratas y limpias. Además, se relegaba explícitamente a las energías limpias consideradas intermitentes —como la eólica y la solar, principalmente generadas por plantas privadas— a un segundo lugar. En cuanto a los CELs, los senadores sostuvieron que permitir el acceso de centrales antiguas inundaría el mercado de estos instrumentos y hundiría los precios, lo que eliminaría su atractivo.
En su proyecto de sentencia, la ministra Loretta Ortiz rechaza todos los argumentos de la acción de inconstitucionalidad. Ortiz sostiene que los cambios a la LIE no entorpecen la libre competencia porque las modificaciones establecen que tanto las centrales públicas como las privadas que tengan un tipo de contrato específico tendrán la prioridad sobre el resto. En cualquier caso, dice Ortiz en su proyecto, la Constitución reconoce la competencia exclusiva del Estado sobre “la planeación y el control” del sistema eléctrico.
Esta lectura de los cambios a la ley ha sido ampliamente criticada por los ministros. En algunos artículos, hasta siete juzgadores han afirmado que percibían “barreras” a la competencia económica para favorecer a la CFE. “Se está imponiendo un privilegio que quizás tiende a fortalecer a la CFE (…). Lo hace dejando en un permanente segundo lugar a las energías limpias”, ha declarado Margarita Ríos Farjat. Sin embargo, las posturas críticas con el nuevo orden de despacho no han alcanzado la mayoría cualificada. Zaldívar ha señalado que la Constitución “no habla del orden de despacho” y que, en este asunto, el legislador tiene un mayor margen de acción. Los cambios, según él, “no implican excluir a los generadores de energía limpia”. Estos podrán seguir operando, ha dicho, aunque tendrán que atenerse a este nuevo esquema.
Sobre la supuesta violación a un medioambiente sano, el proyecto de sentencia de Loretta Ortiz señala, entre otros argumentos, que las hidroeléctricas de la CFE serían las primeras en subir su electricidad a la red y que la ampliación de los Certificados de Energía Limpia (CELS) a centrales antiguas era positivo. Aquí otra vez cuatro ministros han votado a favor del sentido del proyecto si se cumplía una determinada interpretación. “La modificación en el orden de despacho no puede ir en perjuicio de la sustitución de combustibles fósiles por fuente renovable”, ha precisado Zaldívar.
La discusión sobre este tema clave para el Gobierno se da en medio de presiones abiertas a los ministros. Tanto el presidente como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, han hablado con los integrantes del máximo tribunal sobre la resolución de este asunto. Además, López Obrador ha lanzado invectivas contra la Suprema Corte, retando a los ministros a demostrar si son “abogados del interés público o empresariales”. “Que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, llegó a decir esta semana.
Los cambios a la LIE fueron el segundo gran intento de López Obrador por desbaratar la liberalización de la generación eléctrica impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto con su reforma constitucional de 2013. Antes, el Gobierno había aprobado un acuerdo de carácter administrativo, que fue paralizado después de que las empresas adujeran ante los tribunales que contradecía la ley del sector y la Constitución. El Gobierno decidió entonces cambiar la ley para tratar de imponer su visión energética. Al poco de aprobarse la nueva LIE, la oposición en el Senado anunció que presentaría una acción de inconstitucionalidad.